Violeta María Herrera Macías
Expediente 846/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Violeta María Herrera Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Juicio de amparo 846/2019 El veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para la quejosa del nueve al veinte de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 846/2019. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Fabiola
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17959. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante la cual remite copias certificadas del auto de admisión de pruebas de veinticinco de noviembre de la presente anualidad y de las cédulas de notificación personal de la parte actora y del demandado. Ahora, del presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto correspondiente a la admisión de pruebas, dentro de los plazos y términos previstos en la ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas, sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado expresó ser cierto el acto reclamado, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se había emitido el auto de admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del citado juicio, sin embargo, de las constancias que remitió a su ocurso de cuenta se desprende que el veinticinco de noviembre de la presente anualidad dictó tal determinación y anexó la copia certificada respectiva, así como las notificaciones de dicha actuación realizadas a las partes procesales el veintiocho de noviembre del año en curso. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos de los actos reclamados, tomando en consideración que el auto, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a la quejosa. De ahí que, la posible afectación causada a la impetrante del amparo ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse pronunciado el auto por el que se acordó en relación con las pruebas ofrecidas por la actora (aquí quejosa) y haberse notificado éste a las partes, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma la quejosa en su demanda de amparo señala como diverso acto reclamado las omisiones y dilaciones en el trámite del juicio laboral dentro de los plazos y términos legales que señala la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Zacatecas, aun tratándose de las subsecuentes a la ya reclamada. Al respecto, es necesario precisar que la parte quejosa como punto A) en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de dictar acuerdo sobre las pruebas que admita y las que, en su caso deseche dentro del plazo que señala el artículo 208 en relación con el diverso 258, fracción IV de la Ley del Servicio Civil vigente, a partir de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el treinta de agosto de dos mil diecinueve. De igual forma, la parte quejosa refiere que la omisión reclamada se ha generado con motivo de que hace casi un mes que no se ha hecho pronunciamiento alguno. Ahora bien, como se ha destacado en líneas precedentes, de las constancias que anexó la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, se desprende que el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se emitió el acuerdo en el que se acordó en relación con las pruebas ofrecidas por la actora aquí quejosa; así mismo se señalaron fechas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y por último el citado auto se notificó el veintiocho del mes y año en comento. De lo antes expuesto, se logra apreciar que la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo procedió a emitir el acuerdo de admisión de pruebas, mismo que le fue notificado, por lo que la posible afectación causada a la impetrante del amparo ha desaparecido, por lo que realizó actos tendientes a la continuación del expediente. No es óbice que lo antes expuesto, que la parte quejosa en su demanda de amparo haga referencia a que una vez que se obligue a la autoridad responsable a emitir el acuerdo sobre al admisión y /o desechamiento de las pruebas, deberá desarrollar el procedimiento laboral con prontitud, pues en el caso, como ha quedado evidenciado, la omisión que existió fue subsanada, pues en el caso, las diversas omisiones que en su caso puedan existir subsecuentes a la reclamada, no pueden ser materia de análisis en el presente juicio de amparo, al no tener certeza de su realización hasta este momento procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, visible en la página 835, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2008134, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas del cinco de diciembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las demás partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17959. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante la cual remite copias certificadas del auto de admisión de pruebas de veinticinco de noviembre de la presente anualidad y de las cédulas de notificación personal de la parte actora y del demandado. Ahora, del presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto correspondiente a la admisión de pruebas, dentro de los plazos y términos previstos en la ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas, sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado expresó ser cierto el acto reclamado, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se había emitido el auto de admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del citado juicio, sin embargo, de las constancias que remitió a su ocurso de cuenta se desprende que el veinticinco de noviembre de la presente anualidad dictó tal determinación y anexó la copia certificada respectiva, así como las notificaciones de dicha actuación realizadas a las partes procesales el veintiocho de noviembre del año en curso. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos de los actos reclamados, tomando en consideración que el auto, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a la quejosa. De ahí que, la posible afectación causada a la impetrante del amparo ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse pronunciado el auto por el que se acordó en relación con las pruebas ofrecidas por la actora (aquí quejosa) y haberse notificado éste a las partes, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "OBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De igual forma la quejosa en su demanda de amparo señala como diverso acto reclamado las omisiones y dilaciones en el trámite del juicio laboral dentro de los plazos y términos legales que señala la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Zacatecas, aun tratándose de las subsecuentes a la ya reclamada. Al respecto, es necesario precisar que la parte quejosa como punto A) en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de dictar acuerdo sobre las pruebas que admita y las que, en su caso deseche dentro del plazo que señala el artículo 208 en relación con el diverso 258, fracción IV de la Ley del Servicio Civil vigente, a partir de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el treinta de agosto de dos mil diecinueve. De igual forma, la parte quejosa refiere que la omisión reclamada se ha generado con motivo de que hace casi un mes que no se ha hecho pronunciamiento alguno. Ahora bien, como se ha destacado en líneas precedentes, de las constancias que anexó la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, se desprende que el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se emitió el acuerdo en el que se acordó en relación con las pruebas ofrecidas por la actora aquí quejosa; así mismo se señalaron fechas para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y por último el citado auto se notificó el veintiocho del mes y año en comento. De lo antes expuesto, se logra apreciar que la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo procedió a emitir el acuerdo de admisión de pruebas, mismo que le fue notificado, por lo que la posible afectación causada a la impetrante del amparo ha desaparecido, por lo que realizó actos tendientes a la continuación del expediente. No es óbice que lo antes expuesto, que la parte quejosa en su demanda de amparo haga referencia a que una vez que se obligue a la autoridad responsable a emitir el acuerdo sobre al admisión y /o desechamiento de las pruebas, deberá desarrollar el procedimiento laboral con prontitud, pues en el caso, como ha quedado evidenciado, la omisión que existió fue subsanada, pues en el caso, las diversas omisiones que en su caso puedan existir subsecuentes a la reclamada, no pueden ser materia de análisis en el presente juicio de amparo, al no tener certeza de su realización hasta este momento procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, visible en la página 835, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2008134, de rubro y texto siguientes: OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES., por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)., sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas del cinco de diciembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las demás partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
Juicio de amparo: 846/2019 El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con folio 17651 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable la magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia invocada, se tienen como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta a su oficio, las que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Fabiola
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