Vilma Angelica Poaquiza Sigcha
Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Vilma Angelica Poaquiza Sigcha
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, refiere que acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual solicita las constancias relativas a la comunicación oficial que se emitió con motivo de la ratificación de demanda, así como el estado procesal del presente expediente; agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, e indíquesele que el presente juicio se encuentra a la espera de recibir por parte de dicho homologo el acuerdo respectivo en relación a la competencia planteada; finalmente, en atención a las constancias solicitadas, remítasele copia certificada del escrito con registro 17661; es decir, el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la comunicación oficial 218/2022-IV, con número de orden 130/2022-IV; del índice del Juzgado homologo, sin que fueran remitidos más anexos. Notifíquese. ...
- Principal
El seis de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 17653. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Municipal de Villa García Zacatecas, por medio del cual allega en vía de alcance en original la promoción de veintidós de septiembre del año curso, consistente en el oficio número 157/2022, en el que se advierte que se da respuesta positiva a la solicitud que realizó Emmanuel Chávez Reyes, en su calidad de representate legal de la Institución Mexicana de Arquitectos, sociedad anónima de capital variable, a fin de que se le expidan en copia certificada las acta de entrega recepción que recayeron de los contratos celebrados entre el ayuntamiento de ese lugar y su representada legal. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa debiéndose correr traslado con el oficio 157/2022, levantando constancia de dicha entrega, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. EMVG En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del siete de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
17600 tres de octubre de dos mil veintidós CUENTA. El tres de octubre de dos mil veintidós, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de Juzgado, da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar en Representación de Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza, registrada con el folio 17600. b) Con la circunstancia de que Fernando Romero Malpica Aguilar (6755983) si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar en Representación de Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1227/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, por los motivos que se exponen a continuación: El artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las hipótesis normativas que el citado precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: 1) el acto aún no ha sido ejecutado y 2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el promovente manifestó que los directos quejosos se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de Cancún, pues señala en el capítulo de antecedentes lo siguiente: "iban a realizar dicho viaje por vía aérea a través del aeropuerto Internacional de Cancún. que detenidos por agentes del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN sin embargo se ignora si fueron detenidos en la Ciudad de Cancún Por lo que, se solicita que se haga una Búsqueda de los quejosos, en la ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA CIUDAD DE CANCUN." Por lo que, toda vez que señala a la estación migratoria de la Ciudad de Cancún como responsable, es evidente que es el lugar donde se encuentran los directo quejosos y no en esta ciudad. Por tanto, si en el presente juicio se reclama actos ejecutados fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de amparo es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. En mérito de lo expuesto, corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno que se reitera, es quien ejerce jurisdicción en la ciudad donde se ejecutó el acto reclamado. También, se estima aplicable al caso la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida, es competencia del Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. SUSPENSIÓN DE PLANO. No obstante lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN QUINTANA ROO, con domicilio en Av. Carlos Nader Lote 1 Esq. Uxmal Super manzana 5, Col. Centro, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. 2) DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE CANCÚN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio en Av. Chac Mool No. 301, C.P. 77567, Cancún, Q.R. IV.- ACTO U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Del C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN QUINTANA ROO, y del C. DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE CANCÚN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, se reclama lo siguiente: 1) La ilegal e inconstitucional retención de los documentos de identidad de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 2) La ilegal e inconstitucional orden de deportación en contra de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 3) La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 4) El ilegal e inconstitucional alojamiento de VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA en la ESTACIÓN MIGRATORIA CANCUN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN y su retención en el Aeropuerto de Cancún, en contra de su voluntad, siendo objeto de ataques a su libertad personal fuera de juicio." CAPÍTULO RELATIVO A LA DEPORTACIÓN O RETORNO ASISTIDO. Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para, que cesen los actos de deportación y cualquier acto contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal. CAPÍTULO RELATIVO A LA PRIVACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Finalmente, respecto a la petición de los quejosos de que sean puestos en libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la ilegal detención de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Cancún. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, se concede la suspensión a la parte quejosa para que sea puesta en libertad, no obstante, se decretan en favor de los quejosos Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberá permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en la ciudad de Cancún. No ausentarse del mismo sin previa autorización del Juzgado Federal que corresponda el conocimiento de la demanda de amparo. c) Deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Cancún, los días que ésta le fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica del quejoso. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los quejosos no cumplen con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, ante la responsable, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. Se precisa que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y seguridad física de los directo agraviados Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL ALOJAMIENTO QUE PRIVA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO Y RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. De conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación en la Ciudad de Cancún), en relación con la comisión de un delito, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante; y devuelva los documentos de identidad de los directos quejosos, siempre que los mismos no sean parte en la comisión de un delito. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez, que la presente asunto se concedió la suspensión de plano respecto de actos relacionados a la libertad personal, a efecto de que notifique de forma inmediata este acuerdo, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto, al Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún, para que comisione, al acuario judicial de su adscripción, y notifique a las autoridades responsables la presente determinación, y estén en aptitud de dar debido cumplimiento de la suspensión de plano otorgada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Fernando Romero Malpica Aguilar (6755983), en virtud de que el mismo tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el que indican en su escrito de demanda. Asimismo, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los usuarios "FernandoRomeroMalpica", la consulta electrónica del presente juicio de amparo; así como a notificarse vía electrónica. Por tanto, se ordena al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que los usuarios descritos visualicen el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa. De igual forma, se les tiene señalando los correos electrónicos y números telefónicos que precisan, para entablar comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. "2022, Año de Ricardo Flores Magón" EXHORTO No. orden: ___703/2022_________ No. origen: _____230/2022_______ JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, JUICIO DE AMPARO 1227/2022 EN EL JUICIO DE AMPARO AL RUBRO INDICADO PROMOVIDO POR FERNANDO ROMERO MALPICA AGUILAR EN REPRESENTACIÓN DE VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA Y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA, SE DICTO EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: "Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar en Representación de Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1227/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, por los motivos que se exponen a continuación: El artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las hipótesis normativas que el citado precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: 1) el acto aún no ha sido ejecutado y 2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el promovente manifestó que los directos quejosos se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de Cancún, pues señala en el capítulo de antecedentes lo siguiente: "iban a realizar dicho viaje por vía aérea a través del aeropuerto Internacional de Cancún. que detenidos por agentes del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN sin embargo se ignora si fueron detenidos en la Ciudad de Cancún Por lo que, se solicita que se haga una Búsqueda de los quejosos, en la ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA CIUDAD DE CANCUN." Por lo que, toda vez que señala a la estación migratoria de la Ciudad de Cancún como responsable, es evidente que es el lugar donde se encuentran los directo quejosos y no en esta ciudad. Por tanto, si en el presente juicio se reclama actos ejecutados fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de amparo es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. En mérito de lo expuesto, corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno que se reitera, es quien ejerce jurisdicción en la ciudad donde se ejecutó el acto reclamado. También, se estima aplicable al caso la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida, es competencia del Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. SUSPENSIÓN DE PLANO. No obstante lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN QUINTANA ROO, con domicilio en Av. Carlos Nader Lote 1 Esq. Uxmal Super manzana 5, Col. Centro, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. 2) DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE CANCÚN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio en Av. Chac Mool No. 301, C.P. 77567, Cancún, Q.R. IV.- ACTO U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Del C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN QUINTANA ROO, y del C. DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE CANCÚN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, se reclama lo siguiente: 1) La ilegal e inconstitucional retención de los documentos de identidad de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 2) La ilegal e inconstitucional orden de deportación en contra de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 3) La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA. 4) El ilegal e inconstitucional alojamiento de VILMA ANGÉLICA POAQUIZA SIGCHA y MILTON GUALBERTO PUNINA POAQUIZA en la ESTACIÓN MIGRATORIA CANCUN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN y su retención en el Aeropuerto de Cancún, en contra de su voluntad, siendo objeto de ataques a su libertad personal fuera de juicio." CAPÍTULO RELATIVO A LA DEPORTACIÓN O RETORNO ASISTIDO. Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para, que cesen los actos de deportación y cualquier acto contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal. CAPÍTULO RELATIVO A LA PRIVACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Finalmente, respecto a la petición de los quejosos de que sean puestos en libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la ilegal detención de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Cancún. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, se concede la suspensión a la parte quejosa para que sea puesta en libertad, no obstante, se decretan en favor de los quejosos Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberá permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en la ciudad de Cancún. No ausentarse del mismo sin previa autorización del Juzgado Federal que corresponda el conocimiento de la demanda de amparo. c) Deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Cancún, los días que ésta le fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica del quejoso. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los quejosos no cumplen con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, ante la responsable, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. Se precisa que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y seguridad física de los directo agraviados Vilma Angélica Poaquiza Sigcha y Milton Gualberto Punina Poaquiza. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL ALOJAMIENTO QUE PRIVA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO Y RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. De conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación en la Ciudad de Cancún), en relación con la comisión de un delito, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante; y devuelva los documentos de identidad de los directos quejosos, siempre que los mismos no sean parte en la comisión de un delito. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez, que la presente asunto se concedió la suspensión de plano respecto de actos relacionados a la libertad personal, a efecto de que notifique de forma inmediata este acuerdo, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto, al Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún, para que comisione, al acuario judicial de su adscripción, y notifique a las autoridades responsables la presente determinación, y estén en aptitud de dar debido cumplimiento de la suspensión de plano otorgada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Fernando Romero Malpica Aguilar (6755983), en virtud de que el mismo tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el que indican en su escrito de demanda. Asimismo, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los usuarios "FernandoRomeroMalpica", la consulta electrónica del presente juicio de amparo; así como a notificarse vía electrónica. Por tanto, se ordena al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que los usuarios descritos visualicen el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa. De igual forma, se les tiene señalando los correos electrónicos y números telefónicos que precisan, para entablar comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe." "Dos firmas ilegibles". LO QUE TRANSCRIBO A USTED EN VÍA DE EXHORTO, A FIN DE QUE SE SIRVA DILIGENCIARLO EN SUS TÉRMINOS Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, LO DEVUELVA A ESTE JUZGADO A LA BREVEDAD POSIBLE. ZACATECAS, ZAC., A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. A T E N T A M E N T E. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. RODOLFO GARCÍA CAMACHO. LA SECRETARIA. ANGÉLICA BOBADILLA LARIOS 29600, 29601 y 29602
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