VIOLETA CARRILLO BECERRIL y Otros.
Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- VIOLETA CARRILLO BECERRIL y Otros.
- Ismael Puga Ohm
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obra constancia de notificación a las partes del acuerdo de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la autoridad responsable por medio de oficio que derive de la presente determinación, la determinación antes citada. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Violeta Carrillo Becerril, en representación de Ismel Puga Ohm, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 70/2023-VIII. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La falta de atención médica psiquiátrica. Ahora bien, en el caso a estudio, en relación al acto reclamado aludido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 del ordenamiento invocado, así como 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos interpretados a contrario sensu; por las siguientes consideraciones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De dichos artículos se advierte que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, es conveniente precisar que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio se encuentra también el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, relacionado con el diverso 6º, de la Ley de Amparo. El referido principio se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. Cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio; luego, el agravio es considerado como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. Es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquellos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona específica de manera concreta, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. En conclusión, dicho principio consiste en que el acto que se reclame en la vía de amparo invariablemente debe causar un perjuicio directo a los derechos e intereses de quien solicite la protección constitucional, situación que en el caso, no se materializa. Ahora, si bien es cierto, la promovente del amparo acude al juicio de amparo en representación de Ismael Puga Ohm, sin embargo, resulta evidente que no se satisface en el caso, el principio de instancia de parte agraviada, pues el directo quejoso, no exteriorizó la manifestación de su voluntad para demandar el amparo en la vía indirecta, al haber presentado la demanda diversa persona a su nombre. Y si bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se prevé que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre (incluso menor de edad), aunque sea menor de edad, esto sucede en ciertos supuestos, los cuales los actos que ahora reclama no se encuentran en alguno de los supuestos a que alude dicho numeral, a saber, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de brindar atención médica, el promovente del amparo tiene a su alcance los medios ordinarios que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues en sus artículos 107 a 115 de la citada ley, se encuentra dispuesto que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez de Ejecución, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Máxime que con la omisión de brindarle atención médica que reclama a la autoridad penitenciaria, no se advierte que su salud pudiera poner en riesgo su vida, ya que del estudio integral de la demanda, se advierte que lo que requiere es atención médica psiquiátrica. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por Violeta Carrillo Becerril en representación del quejoso Ismael Puga Ohm al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento. Luego, no obstante que el promovente señala un correo electrónico y un usuario para oír y recibir notificaciones y en virtud que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró el registro del usuario "********************"; se tiene como domicilio del quejoso, el centro penitenciario en el que se encuentra recluido, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo. Y se autoriza el acceso al expediente electrónico conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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