Vidal Jared Martínez Flores

Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
244/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Vidal Jared Martínez Flores
  • Tercero Interesado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que ese proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, será destruido el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el apartado de notificaciones, no obra la notificación personal del proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, respecto del quejoso Vidal Jared Martínez Flores. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique personalmente a la parte quejosa el citado proveído de veintidós de febrero del año en curso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo Vidal Jared Martínez Flores por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 244/2023-I. Ahora bien, previo proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda en estudio, es menester precisar que los actos reclamados son los siguientes: 1. El auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1169/2022, del índice de la autoridad responsable, por el cual se decretó como medida provisional una pensión alimenticia en razón de medio salario mínimo en favor de la menor de identidad reservada con iniciales G.I.M.M. 2. El auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1169/2022, del índice de la autoridad responsable, por el cual se modificó la medida provisional respecto de la pensión alimenticia en favor de la menor de identidad reservada con iniciales G.I.M.M., y sustituyó medio salario mínimo diario por el treinta por ciento del total de percepciones ordinarias y extraordinarias; asimismo, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso. Ahora bien, al respecto debe decirse que, por lo que hace al acto reclamado señalado con el arábigo 1, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo; hipótesis que ocurre en el presente juicio, pues se reclama el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1169/2022, por el cual se decretó como medida provisional una pensión alimenticia en razón de medio salario mínimo en favor de la menor de identidad reservada con iniciales G.I.M.M., del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; en tanto que el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se modificó la medida provisional en comento; por tanto, respecto del acto primigenio, de diecinueve de enero del año en curso, el cual constituye uno de los actos reclamados, lo procedente es desechar la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, al haber sido sustituido procesalmente por la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la cual se modificó la medida provisional respecto de la pensión alimenticia decretada en favor de la menor de identidad reservada con iniciales G.I.M.M. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." También, la tesis del mencionado órgano colegiado, que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" En diverso orden de ideas, en relación al acto relativo al auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1169/2022, del índice de la autoridad responsable, por el cual se modificó la medida provisional respecto de la pensión alimenticia en favor de la menor de identidad reservada con iniciales G.I.M.M., y sustituyó medio salario mínimo diario por el treinta por ciento del total de percepciones ordinarias y extraordinarias; asimismo, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, el acto que aquí reclama el quejoso, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, pues de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, deudor alimentario; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse el recurso de revocación previsto en los artículos 5.74 y 5.75 del citado ordenamiento, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VIII, de dicho cuerpo legal, relativo al referido medio de impugnación, dispositivos legales que establecen: "CAPÍTULO VIII DE LOS RECURSOS Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. De la revocación en audiencia Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: El auto que resuelva excepciones procesales; El que inadmita pruebas; El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución. Ello se afirma, con los preceptos legales 1.192, 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que en ese orden, establecen: "CAPITULO X De Las Resoluciones Judiciales Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. "CAPITULO II De la Revocación Resoluciones en materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazo para interponer revocación Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Trámite de la revocación Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso". Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinación de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencia o autos interlocutorios cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre las partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Lo que evidencia que contra el acto reclamado en la presente vía procede el recurso de revocación, de conformidad con lo establecido por los artículos 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la controversia de origen. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por el quejoso, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y XXI, de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas, por medio de los usuarios "Rolando13" y "Natalia01"; y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se encontró registro a nombre de dichos usuarios, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, se acuerda favorable dicha petición. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rolando Moreno Esquivel, en virtud de que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema respectivo, respecto de las personas Hafid Enrique Millán Palomares y Natalia Moreno Esquivel, se autorizan para los efectos del párrafo segundo, del artículo 24 de dicha legislación, limitación que subsiste hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, hecho lo cual se deberán informar a este órgano federal mediante nueva promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL". Respecto a Quetzalli Itzel Moreno Escamilla, se tiene por autorizada para los efectos que se indican en el proemio de la demanda. Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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