Victorino Mancera Maldonado
Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victorino Mancera Maldonado
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 39/2021-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que **************, comparece a esta instancia constitucional reclamando: La determinación de treinta de noviembre de dos mil veinte dictada en audiencia intermedia, por el Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región de esta ciudad, en la causa penal ********** de su índice, instaurada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores en la modalidad de exhibicionismo, en la que se admitieron diversas pruebas y se emitió auto de apertura a juicio oral. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. En sentido contrario, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo. Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera del quejoso, en razón de que, de la lectura integral de la demanda se aprecia el siguiente estado de hechos: El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ********** de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores, en la modalidad de exhibicionismo; en esa audiencia se le impusieron diversas medidas cautelares. El treinta de octubre de dos mil veinte, la responsable emitió auto en el que reprogramó la audiencia intermedia. El treinta de noviembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia intermedia en la que entre otras cosas, se admitieron los siguientes medios de prueba: i) testimonial a cargo de la menor ***********; ii) informe de lesiones ginecológico-proctológico practicado por la médico legista adscrita a la Subprocuraduría de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, practicada a la menor Sandra Paola Navarro Mejía; iii) pericial en psicología realizada a la citada en último término. Luego, se estima que la referida causal de improcedencia se actualiza en el presente caso, en razón de que el quejoso se duele de la admisión de los citados medios de prueba en virtud de que, desde su punto de vista, la juez de control vulnera los derechos de las menores de quienes se recabaron los medios probatorios citados. Así es, el quejoso refiere que en la audiencia intermedia se solicitó la exclusión de los medios de prueba con base en los numerales 263, 264 y 346 fracciones II y IV, el Código Nacional de Procedimientos Penales así como 83, fracciones II, VII y IX, así como 86 fracciones II y III, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, dispositivos legales que disponen: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. "Artículo 263. Licitud probatoria Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código. Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto." "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; . IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. ." LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: . II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables; . VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; . IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; ." En ese tenor, el solicitante del amparo aduce que por lo que se refiere a la prueba testimonial a cargo de la menor **************, la cual fue recabada el ocho de abril de dos mil diecinueve según obra en la carpeta de investigación *************, en la parte final se advierte que fue presidida y firmada por la agente del Ministerio Público ************ y por la menor, así como por la licenciada ************ en calidad de asistente profesional; empero, aduce, la menor no estuvo acompañada de quien ejerce sobre ella la patria potestad, lo que genera una violación a sus derechos humanos y al interés superior de la niñez. Asimismo, argumenta que en cuanto a la prueba pericial de informe de lesiones ginecológico-proctológico, recabado por la perito adscrita a la subprocuraduría de la Unidad Integral a las Mujeres, realizada el cinco de abril de dos mil diecinueve a la menor ************, con motivo de los hechos que denuncia, obra en la carpeta de investigación que la antes mencionada otorgó su consentimiento para que se le efectuara la revisión médica, más sin embargo en esa revisión no estuvo ".precedida de su asistente profesional en derecho ni mucho menos por su psicóloga profesional de acompañamiento como víctima del delito."; de igual forma refiere el quejoso que en la constancia de consentimiento, en el campo del nombre y firma de la persona examinada, y en el de nombre y firma de la testigo, signó Miguel Navarro Servín, padre de la menor, a la vez que en el campo atinente a la firma del representante legal, se plasmó la firma de **************. Por último, en lo tocante a la prueba pericial en psicología practicado a la menor ***************, indica que en la carpeta de investigación no consta que en dicho medio de prueba haya estado presente su asistente legal o asesor jurídico. En virtud de lo anterior, aduce el quejoso que se vulneran los derechos de las citadas menores, ya que de acuerdo con los numerales trascritos se advierte que las autoridades que sustancien procedimientos jurisdiccionales o administrativos en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, deben vigilar que se encuentren asistidos por un profesional en derecho y que estén acompañados de quien ejerce la patria potestad. Ahora bien, de lo expuesto se obtiene que el quejoso se duele de la admisión de las pruebas de referencia, sobre la base de que en su recabo se vulneraron los derechos de las menores a quienes se practicaron las pruebas testimonial, así como la pericial ginecológico-proctológica y en psicología. En ese sentido, se estima que la admisión de las pruebas de las que se duele el quejoso, sobre la base de que al recabarlas se vulneraron derechos de terceras personas, como son las menores a quienes se practicaron, no le causa afectación a la esfera legal del solicitante del amparo, sino en todo caso, a las referidas menores. Entonces, es posible afirmar que la determinación reclamada, no provoca afectación en la persona o patrimonio del justiciable, que de manera concomitante provoque la génesis de esta acción constitucional. En mérito de lo expuesto, al quedar demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de dicho ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro contexto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Buso Ríos, al contar con cédula profesional 5646996 inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a las demás personas que menciona por no encontrarse en el supuesto y por así haberlo solicitado. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 39/2021-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que **************, comparece a esta instancia constitucional reclamando: La determinación de treinta de noviembre de dos mil veinte dictada en audiencia intermedia, por el Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región de esta ciudad, en la causa penal ********** de su índice, instaurada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores en la modalidad de exhibicionismo, en la que se admitieron diversas pruebas y se emitió auto de apertura a juicio oral. Bajo ese contexto, en la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. En sentido contrario, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo. Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera del quejoso, en razón de que, de la lectura integral de la demanda se aprecia el siguiente estado de hechos: El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ********** de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores, en la modalidad de exhibicionismo; en esa audiencia se le impusieron diversas medidas cautelares. El treinta de octubre de dos mil veinte, la responsable emitió auto en el que reprogramó la audiencia intermedia. El treinta de noviembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia intermedia en la que entre otras cosas, se admitieron los siguientes medios de prueba: i) testimonial a cargo de la menor ***********; ii) informe de lesiones ginecológico-proctológico practicado por la médico legista adscrita a la Subprocuraduría de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, practicada a la menor Sandra Paola Navarro Mejía; iii) pericial en psicología realizada a la citada en último término. Luego, se estima que la referida causal de improcedencia se actualiza en el presente caso, en razón de que el quejoso se duele de la admisión de los citados medios de prueba en virtud de que, desde su punto de vista, la juez de control vulnera los derechos de las menores de quienes se recabaron los medios probatorios citados. Así es, el quejoso refiere que en la audiencia intermedia se solicitó la exclusión de los medios de prueba con base en los numerales 263, 264 y 346 fracciones II y IV, el Código Nacional de Procedimientos Penales así como 83, fracciones II, VII y IX, así como 86 fracciones II y III, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, dispositivos legales que disponen: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. "Artículo 263. Licitud probatoria Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código. Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto." "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; . IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. ." LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: . II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables; . VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; . IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; ." En ese tenor, el solicitante del amparo aduce que por lo que se refiere a la prueba testimonial a cargo de la menor **************, la cual fue recabada el ocho de abril de dos mil diecinueve según obra en la carpeta de investigación *************, en la parte final se advierte que fue presidida y firmada por la agente del Ministerio Público ************ y por la menor, así como por la licenciada ************ en calidad de asistente profesional; empero, aduce, la menor no estuvo acompañada de quien ejerce sobre ella la patria potestad, lo que genera una violación a sus derechos humanos y al interés superior de la niñez. Asimismo, argumenta que en cuanto a la prueba pericial de informe de lesiones ginecológico-proctológico, recabado por la perito adscrita a la subprocuraduría de la Unidad Integral a las Mujeres, realizada el cinco de abril de dos mil diecinueve a la menor ************, con motivo de los hechos que denuncia, obra en la carpeta de investigación que la antes mencionada otorgó su consentimiento para que se le efectuara la revisión médica, más sin embargo en esa revisión no estuvo ".precedida de su asistente profesional en derecho ni mucho menos por su psicóloga profesional de acompañamiento como víctima del delito."; de igual forma refiere el quejoso que en la constancia de consentimiento, en el campo del nombre y firma de la persona examinada, y en el de nombre y firma de la testigo, signó Miguel Navarro Servín, padre de la menor, a la vez que en el campo atinente a la firma del representante legal, se plasmó la firma de **************. Por último, en lo tocante a la prueba pericial en psicología practicado a la menor ***************, indica que en la carpeta de investigación no consta que en dicho medio de prueba haya estado presente su asistente legal o asesor jurídico. En virtud de lo anterior, aduce el quejoso que se vulneran los derechos de las citadas menores, ya que de acuerdo con los numerales trascritos se advierte que las autoridades que sustancien procedimientos jurisdiccionales o administrativos en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, deben vigilar que se encuentren asistidos por un profesional en derecho y que estén acompañados de quien ejerce la patria potestad. Ahora bien, de lo expuesto se obtiene que el quejoso se duele de la admisión de las pruebas de referencia, sobre la base de que en su recabo se vulneraron los derechos de las menores a quienes se practicaron las pruebas testimonial, así como la pericial ginecológico-proctológica y en psicología. En ese sentido, se estima que la admisión de las pruebas de las que se duele el quejoso, sobre la base de que al recabarlas se vulneraron derechos de terceras personas, como son las menores a quienes se practicaron, no le causa afectación a la esfera legal del solicitante del amparo, sino en todo caso, a las referidas menores. Entonces, es posible afirmar que la determinación reclamada, no provoca afectación en la persona o patrimonio del justiciable, que de manera concomitante provoque la génesis de esta acción constitucional. En mérito de lo expuesto, al quedar demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de dicho ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro contexto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Buso Ríos, al contar con cédula profesional 5646996 inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a las demás personas que menciona por no encontrarse en el supuesto y por así haberlo solicitado. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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