Víctor Soria Sánchez
Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Víctor Soria Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido por el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en esta ciudad, al que anexa el oficio del Juez Menor Mixto de Acámbaro Guanajuato, dirigido a este órgano jurisdiccional, mediante el cual, remite diligenciado el despacho 613/2021 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de notificar al quejoso *****************, el acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda interpuesta por el nombrado. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto treinta de noviembre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 896/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La supuesta orden girada de los elementos de la Agencia de investigación Criminal de Celaya, Gto., del grupo de los grupos adscritos a las Unidad Especializada en Investigación de HOMICIDIOS, Unidad Especializada en Investigación de ROBO A CASA HABITACIÓN, INDRUSTRIA Y COMERCIO, Unidad Especializada en Investigación y Recuperación de ROBO DE VEHICULOS, Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas para privar de la libertad al que suscribe ********** sin causa o motivo ya que tengo temor fundado que me quieren privar de mi libertad sin razón ni motivo una vez que me sea dictada orden de libertad tal y ya e aconteció y así mismo compañeros que se encuentran internos' en este mismo centro estatal de Reinserción Social, me han comentado que pa diversas personas al momento que los dejan en libertad los Agentes de investigación -criminal los están esperando ya afuera del CERESO para complementarles otra orden de aprehensión, así mismo diversos custodios me han comentado que a mí me van a volver a hacer lo mismo que ya me tienen otra orden preparada que no me van a dejar ir y que me van a hacer esto cada vez de que pueda obtener mi libertad, es por eso que tengo el temor fundado de que efectivamente me vuelvan a detener si es que obtengo mi libertad como ya me lo hicieron." Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: B.- Que a efecto de averiguar la situación legal del que suscribe, es que me veo en la necesidad de interponer dicho Amparo para efectos de saber si existe Orden de aprensión por parte del Juzgado de Oralidad Penal de la ciudad de Celaya, Guanajuato, en caso de que esta existiere saber la causa y el delito que se me imputa, con el objeto de afrontar el proceso penal en caso de ser necesario y no vivir con esta incertidumbre. -Lo destacado no es de origen- De esto, se desprende que la orden de aprehensión, así como su ejecución, de la que duele el quejoso, es un acto futuro e incierto contra el cual, es improcedente el juicio de amparo intentado, pues no se tiene la certeza de dicho acto. Y es que no debe perderse de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Consideración que se robustece en atención a que la parte quejosa no señala de manera específica y concreta el oficio o resolución por el cual efectivamente, hayan girado alguna orden para privarlo de su libertad, su ejecución. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso mencione que acude a presentar esta demanda de amparo, por supuesta orden de aprehensión girada en su contra por diversas autoridades que señala como responsables, para privarlo de su libertad, sin causa o motivo; que los compañeros que se encuentran internos en ese mismo Centro Estatal de Reinserción Social, le han comentado que ha diversas personas al momento que los dejan en libertad los Agentes de investigación Criminal los están esperando afuera del CERESO para complementarles otra orden de aprehensión, sin tener un documento fehaciente que acredite su dicho, ello no implica que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de aprehensión, así como su ejecución. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existen datos que generen la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte la ineludible emisión de esa supuesta orden privativa de libertad, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que el propio quejoso manifestó que acude a esta instancia constitucional por simples manifestaciones de terceros, las cuales son ambiguas e imprecisas, por lo que de ellas no puede concluirse siquiera con algún grado de probabilidad si lo que se refiere es inminente o llegará a materializarse. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico que refiere para recibir notificaciones. Así también, para oír y recibir notificaciones en el lugar de reclusión, esto es, en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 46, 49 y 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese despacho al Juez Menor Mixto, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, para que ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso ****************. Téngase a la promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, al contar con cédula profesional registrada con el número ***************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del último párrafo del mismo ordenamiento, a Claudia López Ávalos, al no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, para los efectos del presente juicio se designa como representante común a Isidro Salvador López Ávalos, sin perjuicio de que tal designación pueda ser modificada con posterioridad. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,3 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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