Victorino Álvarez Mendoza

Expediente 1299/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1299/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Victorino Álvarez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz devuelve el juicio de amparo... y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja... de la que se advierte que declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    La parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído... en el que se desechó la demanda de amparo... dese trámite al citado recurso... ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO... envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio de impugnación...

  3. Principal

    ... promueve juicio de amparo contra actos del... Se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque en el caso concreto... promovió este juicio de amparo, contra la reforma antes mencionada en su calidad de... carece de legitimación para promover este juicio de amparo, debido a que reclama actos cuya conexión jurídica solo vincula en su caso, a las autoridades responsables y al Fiscal General del Estado de Veracruz... pues tal acto no es susceptible de afectar derechos individuales que refiere el quejoso.... respecto de la posible baja o cese del nombramiento que se le otorgó al promovente como Director General de Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, no causa perjuicio hasta este momento al quejoso, ya que se considera que dicho acto no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues la remoción del cargo del Fiscal General del Estado de Veracruz... no implicaría necesariamente que a él lo darían de baja o cesarían del actual puesto que ostentan; además, se toma en cuenta que la ejecución del acto reclamado dependería de las designaciones o nombramiento que en su momento se llegara a hacer del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues hasta la fecha, no refiere se haya emitido alguna determinación en la que se cese al quejoso de sus funciones como Director General de Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.... se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues el promovente no acreditó encontrarse vinculado a la aplicación o sujeción de la norma tildada de inconstitucional que en ese momento le permita promover el juicio de amparo en ese aspecto.... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como su autorizada... a... debido a que cuenta con cédula profesional registrada... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1299/2018 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 en relación con los artículos 5°, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; asimismo, el artículo de referencia en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. Por otro lado, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, o por cualquier persona, en los casos previstos por la Ley de Amparo, salvaguardando dos principios fundamentales que rigen en juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada y, el de agravio personal y directo, es decir, el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, esto es, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, como regla general. Ahora bien, las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos relativos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, es decir, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, constituyendo un requisito para la procedencia del juicio el contar y acreditar la legitimación. Es aplicable la tesis siguiente: Localización: No. Registro: 196956 Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Tesis: 2a./J. 75/97 Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Asimismo, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio al momento de la presentación de la demanda, esto es, una ofensa, daño o menoscabo real y objetivo en sus derechos o intereses. Cabe destacar que tratándose de actos futuros, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra aquellos actos que además sean ciertos e inminentes, es decir, que exista certeza sobre su realización, bien porque estén acreditados actos previos de la autoridad que hagan evidente su existencia futura, o bien que, por sus características inherentes no pueda caber duda de que el acto reclamado ha de ejecutarse tal y como lo refiere la parte promovente en su demanda. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: Promulgación y publicación del Decreto número 749 mediante el cual se reforma el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en específico la parte en la que el quejoso refiere que se determina la remoción del cargo del ***. Asimismo, se destaca que el promovente manifiesta que la remoción del cargo del ***, traería como consecuencia la baja o cese del nombramiento que se le otorgó como ***. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque en el caso concreto, ***, promovió este juicio de amparo, contra la reforma antes mencionada en su calidad de ***; por tanto, carece de legitimación para promover este juicio de amparo, debido a que reclama actos cuya conexión jurídica solo vincula en su caso, a las autoridades responsables y al ***, pues tal acto no es susceptible de afectar derechos individuales que refiere el quejoso. Asimismo, respecto de la posible baja o cese del nombramiento que se le otorgó al promovente como ***, no causa perjuicio hasta este momento al quejoso, ya que se considera que dicho acto no es cierto e inminente, sino que se trata de un acto futuro e incierto, pues la remoción del cargo del ***, no implicaría necesariamente que a él lo darían de baja o cesarían del actual puesto que ostentan; además, se toma en cuenta que la ejecución del acto reclamado dependería de las designaciones o nombramiento que en su momento se llegara a hacer del nuevo titular de la ***, pues hasta la fecha, no refiere se haya emitido alguna determinación en la que se cese al quejoso de sus funciones como ***. No es óbice a lo anterior el hecho de que el promovente refiera que también reclama el decreto impugnado con base en un interés legítimo, ya que el mismo lo hace derivar de su interés personal como servidor público adscrito a la dependencia gubernamental a la que pertenece, máxime que como ya se dijo su acto concretamente reclamado es futuro e incierto. En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues el promovente no acreditó encontrarse vinculado a la aplicación o sujeción de la norma tildada de inconstitucional que en ese momento le permita promover el juicio de amparo en ese aspecto. Son aplicables las tesis siguientes: Localización: No. Registro: 230956 Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de tesis: Aislada Materia(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 Página: 95 AMPARO, LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO). No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento. Localización: No. Registro: 232899 Séptima Época Instancia: Pleno Tipo de tesis: Aislada Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 76, Primera Parte Página: 45 LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con las fracciones XII y XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA El promovente manifiesta su oposición a que se publiquen sus datos personales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; instrúyase al personal de este juzgado para que sean protegidos los datos personales de la parte quejosa en este asunto. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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