Victoria Rivera Francechi
Expediente 292/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victoria Rivera Francechi
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes. .. archívese este asunto como concluido...
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos del... se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra de la determinación recurrida la parte promovente debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 166 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, 383 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz en relación con el diverso 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o bien el juicio contencioso administrativo, los cuales resultan idóneos para combatir el acto reclamado en este juicio de amparo... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizado... a... debido a que tiene su cédula profesional registrada.... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, con sede esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 292/2019 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Por otra parte, cabe precisar que el artículo 166 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, así como el artículo 383 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz en relación con el artículo 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ TÍTULO OCTAVO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CAPÍTULO ÚNICO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN "rtículo 166. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esta Ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CAPÍTULO ÚNICO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN Artículo 383. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por la Ley, este Reglamento y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. De la interpretación de los artículos invocados, se advierte que el recurso de revocación o el juicio contenciosos administrativo procede contra actos que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial. Adicionalmente, los artículos 266 a 268, 305 y 306, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establecen: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Artículo 266. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la revocación. La autoridad que conozca del recurso deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. Artículo 267. La autoridad que conozca del recurso, al resolver sobre la solicitud de suspensión deberá señalar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con dicha medida. Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias y demás créditos fiscales, el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por la Ley de la materia. En los casos que proceda la suspensión, pero su otorgamiento pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el interesado deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionar con dicha medida. Artículo 268. No se otorgará la suspensión en aquellos casos en que se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento. Artículo 305. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hicieran imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el juicio contencioso, ante la Sala que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 306. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la Sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. De los artículos transcritos, se advierte que al promover el juicio contencioso administrativo, la parte interesada puede solicitar la suspensión del acto impugnado. En relación con lo anterior, cabe destacar el contenido de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Ahora bien, del examen comparativo de los artículos transcritos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz en relación con los transcritos de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el recurso de revocación, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, debido a que ambas legislaciones, en lo conducente, disponen que: La debe solicitar la parte promovente. Procede si no se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Se puede solicitar en cualquier momento hasta antes de que la sentencia quede firme. Los términos y condiciones para fijar la garantía son similares. HECHOS En el caso, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? El auto emitido en el procedimiento administrativo *** del índice de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le previno a la parte quejosa para que se abstuviera de trabajar la concesión a su nombre con número de folio *** asignada al número económico ***. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra de la determinación recurrida la parte promovente debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 166 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, 383 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz en relación con el diverso 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o bien el juicio contencioso administrativo, los cuales resultan idóneos para combatir el acto reclamado en este juicio de amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** debido a que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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