Victorina López García
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victorina López García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido, sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se otorgó la protección constitucional a la justiciable en relación con los actos reclamados, en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el acuerdo de veintidós de noviembre del año próximo pasado, en donde se declaró que ese fallo causó ejecutoria, el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en donde se tuvo por cumplido el fallo protector y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en esta data se dictó un acuerdo en el juicio de amparo 1159/2021 del que deriva esta incidencia, en el que se declaró consentido el acuerdo en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en ese medio extraordinario de defensa y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el veintiocho de octubre posterior, se concedió la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva en términos de lo establecido por el normativo 18, fracción I, inciso a), del propio acuerdo y por los criterios de valoración a que aluden los puntos 7.1 y 7.1.1.2, relativo al tratamiento del original del incidente de suspensión del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente cuaderno es susceptible de depuración. En diverso aspecto, con fundamento en lo estatuido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo de observancia general indicado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Por otro lado, se estima que esta incidencia carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva el presente incidente no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a la depuración del cuaderno original, por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo en donde se otorgó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, la interlocutoria en donde se concedió la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte lo siguiente: a) el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia rindieron y de las constancias que exhibieron transcurrió del ocho al diez de febrero del año en curso; y, b) el autorizado de la quejosa ***En términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo realizó dentro del plazo concedido diversas manifestaciones en cuanto al citado cumplimiento mediante su promoción recibida en el auto de cuatro de febrero pasado. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se otorgó la protección constitucional a la quejosa ***ía, en contra de los actos impugnados al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y al Director General de esa dependencia, consistentes en la aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el veintiocho de enero de dos mil doce, materializada en el comprobante de pago de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se realizó las deducciones al monto de su pensión por jubilación correspondientes a septiembre y a octubre del año en curso, por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por cada uno de esos meses, bajo el concepto "FDO. D PENSIONES" identificado con la clave 202; y, los ulteriores descuentos que efectuará en esa prestación económica por dicho concepto en aplicación de los segmentos normativos citados. En el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que ese fallo causó ejecutoria. La protección constitucional se otorgó a la quejosa *** para que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia realizaran lo siguiente: "[.] dejen insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores a ese mes; además, deberán reintegrar a la agraviada el monto de los descuentos realizados a partir de tal mensualidad, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumpla la ejecutoria de amparo, así como para que ya no se realicen las ulteriores deducciones al monto periódico de la citada prestación económica concedida a favor de la disidente respecto de las cuales solicitó la protección constitucional. [.]" II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia debían realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores a ese mes. b) Tenían que reintegrar a la agraviada el monto de los descuentos realizados a partir de tal mensualidad, en los que se incluían los subsecuentes hasta que se cumpliera la ejecutoria de amparo. c) Ya no debían realizar ulteriores deducciones al monto periódico de la citada prestación económica concedida a favor de la disidente respecto de las cuales solicitó la protección constitucional. III. Acciones que las autoridades responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. El dos de febrero de dos mil veintidós, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia rindieron el informe de cumplimiento del fallo protector y exhibieron copias certificadas del comunicado OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por la Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones de esa institución y de una póliza de cheque 0070632 expedido a favor de la inconforme Victorina López García a cargo la institución de crédito Banorte por cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, en la que la justiciable puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra, así como una impresión del historial de nómina de la quejosa del período comprendido de septiembre a diciembre de dos mil veintiuno, y de enero de dos mil veintidós. Ahora, del oficio OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 se desprende que la Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones del citado organismo informó al Jefe de Departamento Jurídico de la propia dependencia, la suspensión de los descuentos realizados por concepto de fondo de pensiones a la pensión por jubilación concedida a favor de la titular de la acción constitucional; en ese sentido, señaló que a partir de diciembre de dos mil veintiuno, ya no se aplicó el descuento del nueve por ciento a que aluden los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el veintiocho de enero de dos mil doce; por otro lado, señaló que se reintegrarían a la jubilada las cantidades que se retuvieron por concepto de fondo de pensiones en la citada prestación económica en septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil veintiuno. En otro punto, de la póliza de cheque 0070632 expedido a favor de la quejosa Victorina López García a cargo la institución de crédito Banorte se advierte que se devolvió a favor de esta última cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, por concepto de fondo de pensiones a una jubilada y que la justiciable puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra al recibir ese título de crédito. Finalmente, de la impresión del historial de nómina de la quejosa del período comprendido de septiembre a diciembre de dos mil veintiuno, y de enero de dos mil veintidós, se detecta que en septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil veintiuno, se realizaron las deducciones al monto de la pensión por jubilación concedida a favor de la quejosa por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por cada uno de esos meses, bajo el concepto "FDO. D PENSIONES" identificado con la clave 202 y que en diciembre de esa anualidad y en enero del año en curso, ya no se llevaron a cabo esos descuentos. Los instrumentos descritos adminiculados tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades responsables exhibieron se advierte que implícitamente se dejaron insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados en este asunto realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores efectuadas en octubre y en noviembre del año próximo pasado. También se desprende que se reintegró a la agraviada el monto de los descuentos realizados a su pensión por jubilación en septiembre, en octubre y en noviembre, todos de dos mil veintiuno, dado que en la póliza de cheque 0070632 exhibida se indicó como concepto de pago la devolución del fondo de pensiones a la disidente como jubilada y pensionada por cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, en donde la disidente puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra al recibir ese título de crédito. En este punto se tiene en cuenta que las deducciones realizadas por cada uno de los meses indicados fueron por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por lo que la suma de esos descuentos da como resultado el importe establecido en el título de crédito y en la póliza señalada, cuyo numerario se reintegró a la justiciable. Aunado a lo anterior, se advierte que a partir del diciembre de dos mil veintiuno, las responsables ya no realizaron ulteriores deducciones al monto periódico de la pensión por jubilación que se concedió a la disidente, puesto que de la impresión histórica de la nómina electrónica correspondiente a la quejosa Victorina López García del período comprendido de septiembre de dos mil veintiuno, a enero de dos mil veintidós, se colige que a partir de diciembre del año próximo pasado, no se realizó deducción alguna bajo el concepto de fondo de pensiones identificado con la clave 202. Incluso, en la misiva OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, se estableció que no se reflejaría descuento alguno por el referido concepto en la pensión por jubilación de la quejosa a partir de diciembre de dos mil veintiuno. Con las actuaciones descritas que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia aportaron en este sumario en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro aspecto, en autos consta que el autorizado de la justiciable realizó diversas manifestaciones a través de las cuales externó su conformidad con cumplimiento del fallo protector que las autoridades responsables realizaron; al respecto, hágase del conocimiento al promovente que en cuanto a lo que expone deberá estarse a lo decidido en la presente determinación conforme a lo expuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte lo siguiente: a) el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia rindieron y de las constancias que exhibieron transcurrió del ocho al diez de febrero del año en curso; y, b) el autorizado de la quejosa ***En términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo realizó dentro del plazo concedido diversas manifestaciones en cuanto al citado cumplimiento mediante su promoción recibida en el auto de cuatro de febrero pasado. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se otorgó la protección constitucional a la quejosa ***ía, en contra de los actos impugnados al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y al Director General de esa dependencia, consistentes en la aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el veintiocho de enero de dos mil doce, materializada en el comprobante de pago de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se realizó las deducciones al monto de su pensión por jubilación correspondientes a septiembre y a octubre del año en curso, por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por cada uno de esos meses, bajo el concepto "FDO. D PENSIONES" identificado con la clave 202; y, los ulteriores descuentos que efectuará en esa prestación económica por dicho concepto en aplicación de los segmentos normativos citados. En el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que ese fallo causó ejecutoria. La protección constitucional se otorgó a la quejosa *** para que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia realizaran lo siguiente: "[.] dejen insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores a ese mes; además, deberán reintegrar a la agraviada el monto de los descuentos realizados a partir de tal mensualidad, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumpla la ejecutoria de amparo, así como para que ya no se realicen las ulteriores deducciones al monto periódico de la citada prestación económica concedida a favor de la disidente respecto de las cuales solicitó la protección constitucional. [.]" II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia debían realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores a ese mes. b) Tenían que reintegrar a la agraviada el monto de los descuentos realizados a partir de tal mensualidad, en los que se incluían los subsecuentes hasta que se cumpliera la ejecutoria de amparo. c) Ya no debían realizar ulteriores deducciones al monto periódico de la citada prestación económica concedida a favor de la disidente respecto de las cuales solicitó la protección constitucional. III. Acciones que las autoridades responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. El dos de febrero de dos mil veintidós, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia rindieron el informe de cumplimiento del fallo protector y exhibieron copias certificadas del comunicado OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, suscrito por la Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones de esa institución y de una póliza de cheque 0070632 expedido a favor de la inconforme Victorina López García a cargo la institución de crédito Banorte por cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, en la que la justiciable puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra, así como una impresión del historial de nómina de la quejosa del período comprendido de septiembre a diciembre de dos mil veintiuno, y de enero de dos mil veintidós. Ahora, del oficio OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 se desprende que la Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones del citado organismo informó al Jefe de Departamento Jurídico de la propia dependencia, la suspensión de los descuentos realizados por concepto de fondo de pensiones a la pensión por jubilación concedida a favor de la titular de la acción constitucional; en ese sentido, señaló que a partir de diciembre de dos mil veintiuno, ya no se aplicó el descuento del nueve por ciento a que aluden los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio del Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el veintiocho de enero de dos mil doce; por otro lado, señaló que se reintegrarían a la jubilada las cantidades que se retuvieron por concepto de fondo de pensiones en la citada prestación económica en septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil veintiuno. En otro punto, de la póliza de cheque 0070632 expedido a favor de la quejosa Victorina López García a cargo la institución de crédito Banorte se advierte que se devolvió a favor de esta última cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, por concepto de fondo de pensiones a una jubilada y que la justiciable puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra al recibir ese título de crédito. Finalmente, de la impresión del historial de nómina de la quejosa del período comprendido de septiembre a diciembre de dos mil veintiuno, y de enero de dos mil veintidós, se detecta que en septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil veintiuno, se realizaron las deducciones al monto de la pensión por jubilación concedida a favor de la quejosa por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por cada uno de esos meses, bajo el concepto "FDO. D PENSIONES" identificado con la clave 202 y que en diciembre de esa anualidad y en enero del año en curso, ya no se llevaron a cabo esos descuentos. Los instrumentos descritos adminiculados tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades responsables exhibieron se advierte que implícitamente se dejaron insubsistentes los descuentos señalados como actos reclamados en este asunto realizados a la pensión por jubilación de la inconforme a partir de septiembre de dos mil veintiuno, por concepto de cuota al fondo de pensiones y las deducciones posteriores efectuadas en octubre y en noviembre del año próximo pasado. También se desprende que se reintegró a la agraviada el monto de los descuentos realizados a su pensión por jubilación en septiembre, en octubre y en noviembre, todos de dos mil veintiuno, dado que en la póliza de cheque 0070632 exhibida se indicó como concepto de pago la devolución del fondo de pensiones a la disidente como jubilada y pensionada por cuatro mil trescientos ocho pesos con doce centavos, en donde la disidente puso su nombre y apellidos y calzó su firma con su puño y letra al recibir ese título de crédito. En este punto se tiene en cuenta que las deducciones realizadas por cada uno de los meses indicados fueron por mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos, por lo que la suma de esos descuentos da como resultado el importe establecido en el título de crédito y en la póliza señalada, cuyo numerario se reintegró a la justiciable. Aunado a lo anterior, se advierte que a partir del diciembre de dos mil veintiuno, las responsables ya no realizaron ulteriores deducciones al monto periódico de la pensión por jubilación que se concedió a la disidente, puesto que de la impresión histórica de la nómina electrónica correspondiente a la quejosa Victorina López García del período comprendido de septiembre de dos mil veintiuno, a enero de dos mil veintidós, se colige que a partir de diciembre del año próximo pasado, no se realizó deducción alguna bajo el concepto de fondo de pensiones identificado con la clave 202. Incluso, en la misiva OP/UAYFFP/DRHYNP/0026/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, se estableció que no se reflejaría descuento alguno por el referido concepto en la pensión por jubilación de la quejosa a partir de diciembre de dos mil veintiuno. Con las actuaciones descritas que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones de Oaxaca y el Director General de esa dependencia aportaron en este sumario en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro aspecto, en autos consta que el autorizado de la justiciable realizó diversas manifestaciones a través de las cuales externó su conformidad con cumplimiento del fallo protector que las autoridades responsables realizaron; al respecto, hágase del conocimiento al promovente que en cuanto a lo que expone deberá estarse a lo decidido en la presente determinación conforme a lo expuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.
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