Victorina Gallardo Cervantes o Victoriana Gallardo Cervantes

Expediente 370/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
370/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
26/08/2016

Partes del expediente

  • Victorina Gallardo Cervantes o Victoriana Gallardo Cervantes y Otros.
  • Victorina Gallardo Cervantes o Victoriana Gallardo Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio, transcurrió para la parte quejosa del cinco al veinticinco de este mes y año; sin que lo interpusiera. En consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo y en virtud que en la sentencia dictada en este expediente de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la citada quejosa, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también se precisa que las partes en este expediente no exhibieron documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable, la documental que remitió con su informe justificado; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. De la sentencia concesoria dictada el veintisiete de octubre de dos mil quince, autorizada el veintiséis de enero de esta anualidad; la cual se declaró ejecutoriada el diecinueve de febrero del año que transcurre, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a Victorina Gallardo Cervantes o Victoriana Gallardo Cervantes, fue para el efecto siguiente: AUTORIDAD EFECTOS 1.- Juez Penal de Etla, Oaxaca. a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el dieciséis de marzo de dos mil quince, en la causa penal 115/2014, y dicte una nueva determinación debidamente fundada y motivada, atendiendo a las consideraciones de esta sentencia y conforme a sus atribuciones; fallo que podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban, o bien, en sentido diverso. En dicha sentencia se señalaron como vicios formales los siguientes: 1.- Omitió motivar su competencia en razón de grado y materia. 2.- No se comunicaron a la quejosa los derechos contenidos en la fracción X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, lo que deberá subsanarse en diligencia. 3.- Omitió señalar y valorar las pruebas que acreditan los elementos del cuerpo del delito consistentes en la conducta, bien jurídico protegido, objeto material, atribuibilidad a la acción y nexo casual. 4.- Omitió analizar si el querellante Daniel Martínez López, tenía legitimación para formular la querella, atendiendo a que el delito de fraude se persigue por querella. 5.- Omitió señalar si los atestes de cargo por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tienen completa imparcialidad; y que no hayan sido obligados a declarar, por fuerza o miedo, ni impulsado por error, engaño o soborno. 6.- Al valorar la fe ministerial de documentos del expediente del crédito 1417522, otorgado por el Fondo de Vivienda de ese Instituto, no expuso por qué son aplicables los artículos que cita, ni si se colman los requisitos que prevén. Máxime que deben también ser valoradas como documental pública en términos del artículo 355, fracción II del código adjetivo de la materia. 7.- No se hizo pronunciamiento alguno en cuanto a si se actualizó el supuesto relativo a que el sujeto activo se haga ilícitamente de alguna cosa; no se expuso por qué sí se actualiza el diverso de que la sujeto activo obtuvo un lucro indebido; y explicar porqué se actualiza el segundo de dichos supuestos y no el primero. 8.- Al valorar la pericial contable, se omitió señalar si la perito expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y cuáles fueron tales. 9.- Al pronunciarse respecto de los testimonios de cargo en la probable responsabilidad se omitió señalar si se cumplen o no con los requisitos de la fracción VI del artículo 355 del Código adjetivo de la materia. 10.- En la valoración del contrato de compraventa contenido en el instrumento notarial dieciocho mil quince, volumen doscientos noventa y seis, de la Notaría Pública número sesenta y tres en el Estado, incurrió en una incongruencia, toda vez que aún cuando como documental pública se le debe conceder valor probatorio pleno, se le otorgó de indicio, sin exponer si se actualizaron las salvedades que al efecto prevé el artículo 355 del Código de Procedimientos Penales. 11.- Omitió señalar si la copia del instrumento notarial número dieciséis mil trecientos noventa y cinco, del volumen 279, de la Notaría Pública Número Setenta y Tres del Estado; copia del contrato de promesa de compraventa de catorce de junio de dos mil tres, celebrado entre Roberta Hernández Hernández y Daniel Martínez López; testimoniales de solvencia económica; diligencia de inspección ocular de nueve de diciembre de dos mil trece y dictamen en planimetría son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico o en su caso, la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En acato a la sentencia concesoria, la titular del Juzgado Primero de lo Penal de Etla, Oaxaca, mediante oficio recibido en este juzgado el veintisiete de mayo de este año y por oficio 1124, respectivamente, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de veintiséis del pasado mes de mayo, dictada en la causa penal 115/2014 y copia de la diligencia de cuatro de marzo pasado celebrada en autos del citado proceso penal. Ahora bien, una vez que se analizó la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 115/2014, se determinó que la autoridad responsable subsanó las deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo: En relación a lo señalado en el número uno, motivó su competencia en razón de materia y grado (foja 267). En atención al punto dos, en diligencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, celebrada por la jueza responsable, se hizo del conocimiento de la aquí quejosa los derechos contenidos en la fracción X del artículo 20 aparatado A, de la Constitución Federal (fojas 177 a 179). En cuanto al número tres, señaló las pruebas que acreditan los elementos del cuerpo del delito consistentes en la conducta, bien jurídico protegido, objeto material, atribuibilidad a la acción y nexo causal (fojas 278 a 280). Por lo que hace al punto número cuatro, señaló que el querellante Daniel Martínez López, formuló la querella con el carácter de apoderada legal de la ofendida Roberta Hernández Hernández (fojas reverso de la foja 271 y 272). Respecto a los números cinco y nueve, señaló que las declaraciones de los atestes de cargo cumplen con los requisitos señalados, en los incisos c) y f), de la fracción VI del artículo 355, del Código de Procedimientos Penales del Estado (fojas 275 vta y 276), tanto en el apartado relativo al cuerpo del delito como en la probable responsabilidad (foja 286 vta). En relación al número seis, al valorar la fe ministerial de documentos del expediente del crédito 1417522, otorgado por el fondo de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló porque dicha diligencia se apega a lo dispuesto por los artículos 68, 354 y 356, fracciones II y X, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, toda vez que es un documento público y una actuación del representante social (foja 276). Por lo que hace al número siete, consideró que se actualizan como elemento del delito de fraude que el activo se hizo ilícitamente de un bien inmueble, por lo que obtuvo el activo un lucro indebido y señaló las pruebas que tomó en consideración para acreditarlo (reverso de la foja 276 y 277). En cuanto al número ocho, al valorar el dictamen contable de cuatro de abril de dos mil catorce, señaló que la perito expresó los hechos y circunstancias que sirvieron para llegar a su conclusión (foja 280 vta.) Respecto al número diez, al valorar el contrato de compraventa contenido en el instrumento notarial de dieciocho mil quince, volumen doscientos noventa y seis, de la Notaría Pública número sesenta y tres en el Estado, le concedió valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública (foja 277 vta.). Por lo que hace al número once, señaló que el dictamen en planimetría y fotografía, la diligencia de inspección ocular de nueve de diciembre de dos mil trece, la copia del instrumento notarial 16395, pasado ante la fe del Notario Público número 75 del Estado y las testimoniales de solvencia económica, son aptos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude; asimismo, tomó en consideración la copia certificada del contrato de promesa de compraventa, celebrado entre Roberta Hernández Hernández y Daniel Martínez López (fojas 277 vta., 278, 267 y 268), efectuando la valoración relativa de cada uno de esos medios de convicción. De lo anterior, se advierte que la responsable cumplió con la sentencia concesoria del amparo; esto es, restituyó al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada en su perjuicio; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Gonzalo Antonio de la Vega Vásquez, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3212/2016 de cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-A SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. De la sentencia concesoria dictada el veintisiete de octubre de dos mil quince, autorizada el veintiséis de enero de esta anualidad; la cual se declaró ejecutoriada el diecinueve de febrero del año que transcurre, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a Victorina Gallardo Cervantes o Victoriana Gallardo Cervantes, fue para el efecto siguiente: AUTORIDAD EFECTOS 1.- Juez Penal de Etla, Oaxaca. a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el dieciséis de marzo de dos mil quince, en la causa penal 115/2014, y dicte una nueva determinación debidamente fundada y motivada, atendiendo a las consideraciones de esta sentencia y conforme a sus atribuciones; fallo que podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban, o bien, en sentido diverso. En dicha sentencia se señalaron como vicios formales los siguientes: 1.- Omitió motivar su competencia en razón de grado y materia. 2.- No se comunicaron a la quejosa los derechos contenidos en la fracción X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, lo que deberá subsanarse en diligencia. 3.- Omitió señalar y valorar las pruebas que acreditan los elementos del cuerpo del delito consistentes en la conducta, bien jurídico protegido, objeto material, atribuibilidad a la acción y nexo casual. 4.- Omitió analizar si el querellante Daniel Martínez López, tenía legitimación para formular la querella, atendiendo a que el delito de fraude se persigue por querella. 5.- Omitió señalar si los atestes de cargo por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tienen completa imparcialidad; y que no hayan sido obligados a declarar, por fuerza o miedo, ni impulsado por error, engaño o soborno. 6.- Al valorar la fe ministerial de documentos del expediente del crédito 1417522, otorgado por el Fondo de Vivienda de ese Instituto, no expuso por qué son aplicables los artículos que cita, ni si se colman los requisitos que prevén. Máxime que deben también ser valoradas como documental pública en términos del artículo 355, fracción II del código adjetivo de la materia. 7.- No se hizo pronunciamiento alguno en cuanto a si se actualizó el supuesto relativo a que el sujeto activo se haga ilícitamente de alguna cosa; no se expuso por qué sí se actualiza el diverso de que la sujeto activo obtuvo un lucro indebido; y explicar porqué se actualiza el segundo de dichos supuestos y no el primero. 8.- Al valorar la pericial contable, se omitió señalar si la perito expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y cuáles fueron tales. 9.- Al pronunciarse respecto de los testimonios de cargo en la probable responsabilidad se omitió señalar si se cumplen o no con los requisitos de la fracción VI del artículo 355 del Código adjetivo de la materia. 10.- En la valoración del contrato de compraventa contenido en el instrumento notarial dieciocho mil quince, volumen doscientos noventa y seis, de la Notaría Pública número sesenta y tres en el Estado, incurrió en una incongruencia, toda vez que aún cuando como documental pública se le debe conceder valor probatorio pleno, se le otorgó de indicio, sin exponer si se actualizaron las salvedades que al efecto prevé el artículo 355 del Código de Procedimientos Penales. 11.- Omitió señalar si la copia del instrumento notarial número dieciséis mil trecientos noventa y cinco, del volumen 279, de la Notaría Pública Número Setenta y Tres del Estado; copia del contrato de promesa de compraventa de catorce de junio de dos mil tres, celebrado entre Roberta Hernández Hernández y Daniel Martínez López; testimoniales de solvencia económica; diligencia de inspección ocular de nueve de diciembre de dos mil trece y dictamen en planimetría son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico o en su caso, la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En acato a la sentencia concesoria, la titular del Juzgado Primero de lo Penal de Etla, Oaxaca, mediante oficio recibido en este juzgado el veintisiete de mayo de este año y por oficio 1124, respectivamente, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de veintiséis del pasado mes de mayo, dictada en la causa penal 115/2014 y copia de la diligencia de cuatro de marzo pasado celebrada en autos del citado proceso penal. Ahora bien, una vez que se analizó la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 115/2014, se determinó que la autoridad responsable subsanó las deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo: En relación a lo señalado en el número uno, motivó su competencia en razón de materia y grado (foja 267). En atención al punto dos, en diligencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, celebrada por la jueza responsable, se hizo del conocimiento de la aquí quejosa los derechos contenidos en la fracción X del artículo 20 aparatado A, de la Constitución Federal (fojas 177 a 179). En cuanto al número tres, señaló las pruebas que acreditan los elementos del cuerpo del delito consistentes en la conducta, bien jurídico protegido, objeto material, atribuibilidad a la acción y nexo causal (fojas 278 a 280). Por lo que hace al punto número cuatro, señaló que el querellante Daniel Martínez López, formuló la querella con el carácter de apoderada legal de la ofendida Roberta Hernández Hernández (fojas reverso de la foja 271 y 272). Respecto a los números cinco y nueve, señaló que las declaraciones de los atestes de cargo cumplen con los requisitos señalados, en los incisos c) y f), de la fracción VI del artículo 355, del Código de Procedimientos Penales del Estado (fojas 275 vta y 276), tanto en el apartado relativo al cuerpo del delito como en la probable responsabilidad (foja 286 vta). En relación al número seis, al valorar la fe ministerial de documentos del expediente del crédito 1417522, otorgado por el fondo de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló porque dicha diligencia se apega a lo dispuesto por los artículos 68, 354 y 356, fracciones II y X, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, toda vez que es un documento público y una actuación del representante social (foja 276). Por lo que hace al número siete, consideró que se actualizan como elemento del delito de fraude que el activo se hizo ilícitamente de un bien inmueble, por lo que obtuvo el activo un lucro indebido y señaló las pruebas que tomó en consideración para acreditarlo (reverso de la foja 276 y 277). En cuanto al número ocho, al valorar el dictamen contable de cuatro de abril de dos mil catorce, señaló que la perito expresó los hechos y circunstancias que sirvieron para llegar a su conclusión (foja 280 vta.) Respecto al número diez, al valorar el contrato de compraventa contenido en el instrumento notarial de dieciocho mil quince, volumen doscientos noventa y seis, de la Notaría Pública número sesenta y tres en el Estado, le concedió valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública (foja 277 vta.). Por lo que hace al número once, señaló que el dictamen en planimetría y fotografía, la diligencia de inspección ocular de nueve de diciembre de dos mil trece, la copia del instrumento notarial 16395, pasado ante la fe del Notario Público número 75 del Estado y las testimoniales de solvencia económica, son aptos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude; asimismo, tomó en consideración la copia certificada del contrato de promesa de compraventa, celebrado entre Roberta Hernández Hernández y Daniel Martínez López (fojas 277 vta., 278, 267 y 268), efectuando la valoración relativa de cada uno de esos medios de convicción. De lo anterior, se advierte que la responsable cumplió con la sentencia concesoria del amparo; esto es, restituyó al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada en su perjuicio; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Gonzalo Antonio de la Vega Vásquez, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3212/2016 de cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-A

  4. Principal

    Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta por el cual el jefe de administración de Correos de México, residente en esta ciudad, remite copia certificada del acuse de recibo que ampara la entrega del oficio 10918, a la consignación de la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal, con residencia en Villa de Etla, Oaxaca. Notifíquese...

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