Victoriano Gómez Pale y Otros.

Expediente 408/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
408/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Victoriano Gómez Pale y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual en cumplimiento a la prevención de seis de abril de dos mil veintidós, amplia los antecedentes del acto reclamado y precisa el monto que constituye la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil ***. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En el caso particular, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) El auto de siete de marzo de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, en el que requirió al quejoso a través de su mandatario judicial, el pago del cincuenta por ciento de los honorarios de la perito tercero en discordia, consistente en $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), con el apercibimiento de que no hacerlo sería acreedor a una multa. b) Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós dictado por la responsable dentro del referido juicio de origen, en el que determinó que no ha lugar a señalar fecha y hora para desahogar el interrogatorio del perito tercero en discordia, toda vez que primero debía darse cumplimiento al pago de los honorarios del perito tercero designado por dicha autoridad. Bajo ese contexto, respecto del acto combatido en el inciso a) se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". El precepto invocado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se enderece contra actos aceptados de forma expresa por el solicitante de amparo, o bien, cuando éstos son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos en virtud de no haber sido impugnados oportunamente o que han adquirido firmeza legal. Para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Ahora, el consentimiento existe por el no ejercicio de un derecho destinado a promover la impugnación del acto; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/99 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Para evidenciar la actualización de la causal invocada, se considera oportuno realizar una reseña de los antecedentes, los cuales se advierten de los narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad: 1. El diez de febrero de dos mil veinte, ***, demandó en la vía ejecutivo mercantil al hoy quejoso, recayéndole el número de expediente ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2. El cinco de julio de dos mil veintiuno, se desahogó la diligencia de muestra de firmas a cargo del peticionario. 3. Posteriormente, en dos y cinco de agosto de la anualidad pasada, los peritos rindieron sus respectivos dictámenes judiciales. 4. El diez de agosto siguiente, el hoy quejoso solicitó se realizara interrogatorio de la perito ***, designada por su contraparte en el juicio de origen, respecto del dictamen rendido, toda vez que, a su decir, presentaba contradicciones en sus conclusiones, recayéndole el acuerdo de esa misma fecha, en donde se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, contra lo cual el quejoso interpuso recurso de revocación. 5. El veinticuatro de septiembre del año pasado, se dictó la sentencia interlocutoria en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto. 6. El veintiocho del mes y año antes citado, el Juez responsable emitió el auto en el que designó a la perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, quien el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, aceptó el cargo conferido. 7. Asimismo, en auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable aprobó los honorarios de la indicada perito tercero en discordia y requirió al aquí quejoso del cincuenta por ciento de dichos honorarios, consistente en $15, 0000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). 8. Al respecto, el once de octubre siguiente, el quejoso solicitó la impugnación de los honorarios de dicha perito, por lo que en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, la juez responsable no admitió a trámite la impugnación realizada, en atención a que en auto de cinco de octubre anterior, ya se había aprobado el pago de horarios correspondiente. 9. Posteriormente, en siete de marzo del presente año, se requirió al quejoso el pago del cincuenta por ciento de los honorarios aprobados a la perito tercero en discordia en el término de tres días, con el apercibimiento de que no hacerlo sería acreedor a una multa. Esta última determinación, es la tildada de inconstitucional en la presente instancia, misma que constituye un acto derivado de otro consentido, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En efecto, el acuerdo de siete de marzo del presente año, a se requirió al quejoso el pago del cincuenta por ciento de los honorarios aprobados a la perito tercero en discordia en el término de tres días, con el apercibimiento de que no hacerlo sería acreedor a una multa; no es sino una consecuencia directa del diverso proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se aprobaron los honorarios del perito tercero en discordia y se le requirió el pago del porcentaje correspondiente. De ahí que, entre ambas actuaciones existe un nexo de causalidad, habida cuenta que en la primera de ellas se aprobó el pago de los honorarios de la perito y se requirió al quejoso del pago del cincuenta por ciento y, en la segunda se ordenó nuevamente que se requiriera el pago del cincuenta por ciento de los honorarios aprobados al perito tercero en discordia, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. Por consiguiente, se encuentra colmado el primer presupuesto para considerar que el acto combatido deriva de uno previo que fue consentido por la parte quejosa, consistente en que el segundo sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. Por tanto, esta juzgadora concluye que la parte quejosa estuvo en aptitud de impugnar la determinación en la que se aprobó el pago de honorarios, desde la fecha en que se le notificó el proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno; sin esperar a que la responsable requiriera el pago del mismo. En otro orden, de la lectura integra de la demanda denota que también se cumple con el segundo de los requisitos pues el acto impugnado no es atacado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la actuación que le precedió y constituye el origen de su existencia. De tal forma, emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, y en su caso, estimarla ilegal, implicaría efectuar un pronunciamiento que afectaría ineludiblemente al acto antecedente, soslayando que el quejoso no lo combatió previamente. Orienta al criterio adoptado, la tesis aislada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. La Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido de que es improcedente el amparo que se endereza contra actos que no son sino la consecuencia de otros que la ley reputa consentidos, y como tal debe entenderse la exacción de contribuciones por las autoridades ejecutoras, cuando no se reclama oportunamente contra la autoridad que ordenó el cobro; no es obstáculo para lo anterior, el que la Ley de Amparo establezca que este juicio procede contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o trate de ejecutar el acto que se reclama, contra la que lo ordena, o contra ambas, porque tal mandamiento no faculta al quejoso para demandar a la autoridad que ordena el acto, si pide amparo contra los actos de ejecución o a la autoridad que lo ejecuta, si lo pide contra la orden misma; pues a tanto equivaldría como a imponer a las autoridades, la obligación de responder de actos ajenos. Al disponer el artículo 46 de la Ley de Amparo, que este juicio procede contra la autoridad que ejecuta el acto, contra la que lo ordena, o contra ambas, quiso decir que cuando se reclame contra actos de ejecución, la demanda se interponga contra la autoridad ejecutora, y cuando se reclama contra la orden o resolución misma, el amparo se enderece contra la autoridad que lo dictó, y que si se pide contra la orden y su ejecución, se demande tanto a la autoridad que ordena como a la que ejecuta, lo que se comprende mejor si se examina el artículo 12 de la ley reglamentaria, que dice: "que cuando el acto reclamado consistiere en una resolución judicial o administrativa, es autoridad responsable la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto y la que lo haya ordenado". Sin que pase inadvertido que el quejoso haya manifestado que impugnó el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se aprobó el pago de honorarios de la perito tercero en discordia, pues contrario a su dicho, del escrito aclaratorio se advierte que no impugnó dicha determinación a través de la interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso, del juicio de amparo, toda vez que, como se dijo, son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Por el contrario, se obtiene que la parte quejosa impugnó los honorarios de la perito, de conformidad con el artículo 1089 del Código de Comercio, a fin de que ésta fundamentara y motivara el pago, sin que ello implique que haya recurrido el auto de cinco de octubre del año pasado con el recurso idóneo, tan es así, que la responsable en el auto de trece de octubre siguiente le indicó que si la aprobación del indicado pago le causaba agravio, quedaba expedido su derecho para hacer vale en la vía y forma correspondiente. Por otra parte, en cuanto al segundo de los actos reclamados indicado en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Una vez expuesto lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de diecisiete de marzo del presente año, en el que la autoridad responsable, determinó que no ha lugar en señalar fecha y hora para desahogar el interrogatorio del perito tercero en discordia y determinó que primeramente debe dar cumplimiento al pago del cincuenta por ciento de los honorarios del perito tercero designada por dicho Juzgado, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, 00/100 moneda nacional). En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículo 1334, relacionado con el numeral 1339, ambos del Código de Comercio -vigentes al momento de la promoción del juicio ejecutivo mercantil-, que señalan: "Art. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.). Art. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". De la interpretación literal y armónica de los preceptos legales transcritos se desprende que, en materia mercantil, los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, únicamente serán apelables en caso de que así lo fuera la sentencia definitiva, y que tal medio de defensa procederá contra ésta en negocios cuyo monto sea mayor a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal -monto que anualmente será actualizado-. Asimismo se advierte que en contra de los autos que no fueren apelables, y los decretos, necesariamente debe agotarse el recurso de revocación, ya que el mismo tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió, pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos. En el caso, del escrito de demanda que dio origen al juicio natural se advierte que la suerte principal del negocio es por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100), circunstancia que lo coloca dentro de los llamados asuntos de cuantía menor, contra los que resulta improcedente la apelación conforme a los preceptos invocados, mas no el recurso de revocación mencionado, que resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. En tales condiciones, el parte quejoso se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, ya que, a través de dicho recurso se pudo revocar, modificar o nulificar el proveído reclamado, pues precisamente tiene como finalidad que, en su caso, el juez de origen examine si existe algún vicio en el acto y determine lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones en que se sustenta, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.)2, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 59/20103, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS". Sin que en el caso, el inconforme se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia referidas con anterioridad, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza mercantil, en el que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, en virtud que de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil, por ende estaba facultada para intentar el recurso de revocación. Consecuentemente, no procede estimar que el promovente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de amparo, a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, como se evidenció, la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XVIII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el sobre devuelto por el servicio postal "Correos de México", que contiene el oficio 5009/2022, dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalia General del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, del que se advierte la leyenda siguiente: "Rehusado, por Lic. Antonio Castro". Ahora, en obvio de mayores dilaciones procesales y en atención a que no expone mayores motivos de devolución, se ordena el reenvió de la citada comunicación. Finalmente, como está ordenado en autos, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo para su debido resguardo. Cúmplase.

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