Victoriano Aguilar Damian y Otros.

Expediente 382/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
382/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Victoriano Aguilar Damian y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas por instrucción de la Titular, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 43/2019, orden 116/2019, del índice de este juzgado, girado a efecto de notificar al promovente el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De la razón actuarial que anexa la autoridad oficiante, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintiocho de marzo del año en curso (fojas 10 a 14), por las consideraciones que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, el proveído de mérito y las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto señale domicilio actual y correcto para tales efectos. Por otra parte, en auto de doce de abril del año en curso (foja 34), se tuvo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, informando que se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 382/2019-2-B. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, los actos reclamados se hacen consistir en la orden de cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado, suspensión de energía eléctrica y la imposición del sistema de compra y no pago de energía; los cuales precisan de actos posteriores que materialicen lo ordenado, por lo que requieren de ejecución; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, conviene señalar que el quejoso manifestó ser usuario del servicio de energía eléctrica en el domicilio citado en el aviso-recibo de consumo que acompañó a su demanda, siendo éste el ubicado en "***". Luego, es en el municipio de Huehuetán, en donde habrán de tener ejecución los actos reclamados, máxime que ahí recibe el servicio de energía eléctrica el quejoso, y como tal, puede ser requerido de pago o resentir el corte de suministro. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde los actos reclamados serán ejecutados. Lo anterior es así, pues para corroborar la competencia planteada, del aviso de recibo que en copia simple se adjuntó al libelo constitucional, se advierte que el mismo se expidió en Huehuetán, Chiapas, por lo que no queda duda que al Juzgado Federal residente en Tapachula, le corresponde conocer del asunto. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que el presente asunto haya sido promovido inicialmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, pronunciado en el cuaderno de varios *** de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, ordenando remitirla al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno; lo cual supone que la superioridad ya se ha pronunciado en relación a la procedencia de la vía. No obstante lo anterior, dicho pronunciamiento no impide a quien esto determina declinar su competencia a favor de otro juzgador de la misma jerarquía que se estime legalmente competente por razón de territorio, pues si bien por disposición expresa de la Ley de Amparo, un Juez de Distrito que recibe por incompetencia un juicio de amparo de un órgano superior no puede objetar tal competencia, lo cierto es que dicha disposición alude a la procedencia de la vía determinada por el superior jerárquico, no así a la competencia territorial en el amparo indirecto, en cuyo supuesto, el conflicto competencial, en caso de darse, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 47/2002 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO." En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado; esto es ***, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda le notifique a la parte promovente, la presente determinación. Asimismo, le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho que sea, se sirva devolver a la brevedad la comunicación oficial que se le envía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, en su calidad de Administrador Único de la empresa denominada ***, mediante el cual solicita la apertura del incidente de suspensión. Cabe precisar, que del ocurso de cuenta, se advierte que la parte quejosa refiere que el incidente de suspensión no fue aperturado pese haberlo solicitado, ya que el capítulo respectivo, se encuentra en la foja 61 del escrito de demanda de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el cual al efecto transcribe. Sin embargo, de la revisión integral a la demanda se observa que ésta no contiene la cantidad de fojas que refiere la parte quejosa, esto es, que no existe la foja 61 a la que hace referencia, tampoco coincide la fecha que cita; además, de que de la transcripción que realiza del capítulo relativo a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se observa que los efectos para los que solicita se conceda la suspensión, son para que las cosas se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran y que el Director de Cobranzas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas (autoridad no señalada como responsable), se abstenga en aplicar la indebida multa a un particular, acto que en el presente sumario no fue señalado como reclamado. Máxime que de la misma, tampoco se desprende capítulo de suspensión del acto reclamado, como lo refiere. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No obsta a lo anterior, y ante la solicitud expresa de la suspensión del acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Sin que sea el caso conceder la suspensión solicitada por la parte quejosa en términos del artículo 126 de la Ley de la materia, dado que la parte quejosa no se encuentra detenido, ni incomunicado, además, los actos reclamados no se encuentran en ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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