Victoria Zorayda Muñiz Morin

Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
21/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Victoria Zorayda Muñiz Morin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintiséis de marzo del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento susceptible de devolución presentado por las partes. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 21/2018-VI, promovido por Victoria Zorayda Muñiz Morín, contra actos del Procurador General de la Republica y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este Juzgado, Victoria Zorayda Muñiz Morin, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el carácter de ORDENADORAS:  El C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.  La AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.  El C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN APOYO DE LA MESA TERCERA INVESTIGADORA SISTEMA TRADICIONAL. Con el carácter de EJECUTORAS:  El C. JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI". "ACTOS RECLAMADOS De las ORDENADORAS reclamo: La orden de incomunicación, aprehensión, re-aprehensión, detención, arraigo, comparecencia o citación que presuntamente fuera emitida en contra de la suscrita quejosa con motivo del trámite de la Averiguación Previa Penal A.P./PGR/SLP/SLP-III/615-B/2015. De la EJECUTORAS reclamo: La cumplimentación de la orden emitida por las ordenadoras." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración, por auto de quince de enero del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de enero del año en curso, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el nueve siguiente, esto es, al segundo día hábil. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la orden de incomunicación, aprehensión, reaprehensión, detención, arraigo, comparecencia o citación, dictadas en su contra. CUARTO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la orden de incomunicación, aprehensión, reaprehensión, detención, arraigo, comparecencia o citación, dictadas en contra de la quejosa; sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Igual consideración procede respecto de la autoridad señalada como AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, pues al no acreditarse en autos su existencia, menos aún pueden ser ciertos los actos que se le atribuyen. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 21/2018-VI, promovido por Victoria Zorayda Muñiz Morin, contra actos del Procurador General de la Republica y de otras autoridades, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución General de la República y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este Juzgado, Victoria Zorayda Muñiz Morin, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el carácter de ORDENADORAS:  El C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.  La AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.  El C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN APOYO DE LA MESA TERCERA INVESTIGADORA SISTEMA TRADICIONAL. Con el carácter de EJECUTORAS:  El C. JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI". "ACTOS RECLAMADOS De las ORDENADORAS reclamo: La orden de incomunicación, aprehensión, re-aprehensión, detención, arraigo, comparecencia o citación que presuntamente fuera emitida en contra de la suscrita quejosa con motivo del trámite de la Averiguación Previa Penal A.P./PGR/SLP/SLP-III/615-B/2015. De la EJECUTORAS reclamo: La cumplimentación de la orden emitida por las ordenadoras." SEGUNDO. Por interlocutoria de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se resolvió el presente incidente respecto de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Tercera Agencia Investigadora del Sistema Tradicional, Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de San Luis Potosí y Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la Republica. TERCERO. El Director de Amparo Autoridad Responsable, en suplencia por ausencia del Procurador General de la Republica, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la Tesis de Jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Victoria Zorayda Muñiz Morin, respecto de los actos reclamados de la autoridad precisada en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en éste. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado de cuenta, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del doce de marzo del año en curso, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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