Victor Perez Ayala
Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 45 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Victor Perez Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el veintidós de marzo del citado año, este expediente es susceptible de depuración; lo anterior deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el punto del Acuerdo General referido, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo antes referido, se determina que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, toda vez que la parte quejosa Víctor Pérez Ayala, acompañó a su escrito presentado en este Juzgado de Distrito el seis de junio de dos mil dieciocho, un anexo que obra por separado, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido al depurar el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal, Sala Sede Rioverde, San Luis Potosí, realizará lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión que emitió en la audiencia privada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal RIII/RIO/CP-41/2017. 2. Señalara inmediatamente nueva fecha y hora para la audiencia privada en la que en presencia del ministerio público y dejando intocado lo que no fue materia de la concesión, resolviera nuevamente la solicitud de orden de aprehensión que aquél le formuló, atendiendo a los lineamientos de la sentencia: 2.1. En consecuencia, estableciera que la conducta que probablemente realizó el quejoso no se ubica en el tipo penal previsto en el artículo 174 del Código Penal para el Estado; sino en el diverso numeral 173, fracción III, del Código Penal para el Estado. 2.2. Hecho lo anterior, determinara nuevamente con plenitud de jurisdicción si a la luz de los datos de prueba e información puestos de su conocimiento existía necesidad de cautela sobre la base de tratarse de un riesgo fundado de que el imputado se sustrajera de la acción de la justicia o que no se presentara de forma voluntaria en caso de ser citado a la audiencia inicial, y que por tanto, alguna otra forma de conducción de éste al proceso sería estéril. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia en el Estado, Subprocurador de Justicia en la Zona Media adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, Director de la Policía Ministerial del Estado y encargado de la Subdirección de la Policía Ministerial adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, al no haber sido combatidos por vicios propios sino como consecuencia de lo ordenado por la autoridad responsable. En ese orden, en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. En virtud de lo anterior, mediante oficio recibido en fecha dos de abril del presente año, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, del Centro Integral de Justicia, Sala Sede Rioverde, San Luis Potosí, informó que a fin de no violar el principio de inmediación procesal, ordenó al sistema de gestión administrativo notificar a la Juez Gloria Elvia Olguín Torres, para que diera cumplimiento a la citada ejecutoria. Luego, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se recibió oficio del Gestor del citado Centro Integral, al que acompañó disco compacto de la audiencia celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal RII/RIO/CP-41/2017, en la que se advierte que: i) Se dejó insubsistente la orden de aprehensión que emitió en la audiencia privada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal RIII/RIO/CP-41/2017. ii) Que en esa misma audiencia de tres de abril de dos mil diecinueve, llevó a cabo la audiencia privada en la que en presencia del ministerio público y dejando intocado lo que no fue materia de la concesión, resolvió nuevamente la solicitud de orden de aprehensión que el citado fiscal le formuló, atendiendo a los lineamiento derivados de la sentencia: ii.i) Estableció que la conducta que probablemente realizó el quejoso no se ubica en el tipo penal previsto en el artículo 174 del Código Penal para el Estado; sino en el diverso numeral 173, fracción III, del Código Penal para el Estado. ii.ii) Determinó con plenitud de jurisdicción con los datos de prueba e información puesta de su conocimiento, que existe necesidad de cautela sobre la base de tratarse de un riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o de que no se presente de forma voluntaria en caso de ser citado a la audiencia inicial, siendo que otra forma de conducción al proceso, sería estéril. Por su parte, las diversas autoridades responsables Procurador General de Justicia en el Estado, Director de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Subdirección de la Policía Ministerial adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde y el Subprocurador de Justicia en la Zona Media adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiséis y veintisiete de marzo, veintitrés y veinticuatro de abril, todos del año en curso, respectivamente, informaron el cumplimiento respectivo. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte tercero interesada la determinación de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve que dice: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal, Sala Sede Rioverde, San Luis Potosí, realizará lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión que emitió en la audiencia privada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal RIII/RIO/CP-41/2017. 2. Señalara inmediatamente nueva fecha y hora para la audiencia privada en la que en presencia del ministerio público y dejando intocado lo que no fue materia de la concesión, resolviera nuevamente la solicitud de orden de aprehensión que aquél le formuló, atendiendo a los lineamientos de la sentencia: 2.1. En consecuencia, estableciera que la conducta que probablemente realizó el quejoso no se ubica en el tipo penal previsto en el artículo 174 del Código Penal para el Estado; sino en el diverso numeral 173, fracción III, del Código Penal para el Estado. 2.2. Hecho lo anterior, determinara nuevamente con plenitud de jurisdicción si a la luz de los datos de prueba e información puestos de su conocimiento existía necesidad de cautela sobre la base de tratarse de un riesgo fundado de que el imputado se sustrajera de la acción de la justicia o que no se presentara de forma voluntaria en caso de ser citado a la audiencia inicial, y que por tanto, alguna otra forma de conducción de éste al proceso sería estéril. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia en el Estado, Subprocurador de Justicia en la Zona Media adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, Director de la Policía Ministerial del Estado y encargado de la Subdirección de la Policía Ministerial adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, al no haber sido combatidos por vicios propios sino como consecuencia de lo ordenado por la autoridad responsable. En ese orden, en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. En virtud de lo anterior, mediante oficio recibido en fecha dos de abril del presente año, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, del Centro Integral de Justicia, Sala Sede Rioverde, San Luis Potosí, informó que a fin de no violar el principio de inmediación procesal, ordenó al sistema de gestión administrativo notificar a la Juez Gloria Elvia Olguín Torres, para que diera cumplimiento a la citada ejecutoria. Luego, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se recibió oficio del Gestor del citado Centro Integral, al que acompañó disco compacto de la audiencia celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal RII/RIO/CP-41/2017, en la que se advierte que: i) Se dejó insubsistente la orden de aprehensión que emitió en la audiencia privada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal RIII/RIO/CP-41/2017. ii) Que en esa misma audiencia de tres de abril de dos mil diecinueve, llevó a cabo la audiencia privada en la que en presencia del ministerio público y dejando intocado lo que no fue materia de la concesión, resolvió nuevamente la solicitud de orden de aprehensión que el citado fiscal le formuló, atendiendo a los lineamiento derivados de la sentencia: ii.i) Estableció que la conducta que probablemente realizó el quejoso no se ubica en el tipo penal previsto en el artículo 174 del Código Penal para el Estado; sino en el diverso numeral 173, fracción III, del Código Penal para el Estado. ii.ii) Determinó con plenitud de jurisdicción con los datos de prueba e información puesta de su conocimiento, que existe necesidad de cautela sobre la base de tratarse de un riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o de que no se presente de forma voluntaria en caso de ser citado a la audiencia inicial, siendo que otra forma de conducción al proceso, sería estéril. Por su parte, las diversas autoridades responsables Procurador General de Justicia en el Estado, Director de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Subdirección de la Policía Ministerial adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde y el Subprocurador de Justicia en la Zona Media adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Media con residencia en Rioverde, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiséis y veintisiete de marzo, veintitrés y veinticuatro de abril, todos del año en curso, respectivamente, informaron el cumplimiento respectivo. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, signado por Víctor Pérez Ayala, parte quejosa en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia de la videograbación de la audiencia contenida en el disco compacto que remitió la responsable en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para los efectos legales que refiere. En ese tenor, hágase del conocimiento del quejoso, que deberá presentar un disco compacto grabable sin información, a efecto de que se le pueda entregar la reproducción que solicita, haciéndole entrega de la misma previa razón que de su recibo se deje en autos y ténganse por autorizados para recibirla a las personas que indica. Notifíquese.
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