Victoria Yazmin Tello Garfias

Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
976/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Victoria Yazmin Tello Garfias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 15 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 976/2023, promovido por Victoria Yazmín Tello Garfias; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Victoria Yazmín Tello Garfias, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 976/2023, se admitió mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés (fojas 19-24), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En el propio auto se reconoció el carácter de tercera interesada a Verónica Franco Valdez, por figurar como actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 891/2023, del que deriva el acto reclamado. Finalmente, en auto de veintisiete de septiembre se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el quejoso en su calidad de tercero extraño a juicio reclama un acto que fue emitido por autoridad jurisdiccional que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: El auto de seis de julio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 891/2023, seguido por Verónica Franco Valdez frente a Victoria Yazmín Tello Garfias, en el cual se autorizó al actuario de la adscripción que con auxilio de la fuerza pública, intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, se constituyera en el domicilio ubicado en la calle Embajada del Senegal, número 281, de la colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad y requiera a la demandada el pago de $89,838.00 (ochenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho 00/100 M.N.) y que en caso que no lo hiciera al momento de la diligencia, se embarguen bienes de su propiedad suficiente para garantizar la cantidad requerida. Acto que atribuyó al Juez Tercero Menor en Materia Civil, y Actuario Adscrito ha dicho Juzgado, ambos con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez Tercero Menor en Materia Civil, y Actuario adscrito a dicho Juzgado, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 37-82). Además de lo anterior, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas de las actuaciones relativas al juicio ejecutivo mercantil 891/2023. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cuarto. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, corresponde ahora examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro digital 222780 que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. A fin de analizar la constitucionalidad del acto reclamado por esta vía, resulta oportuno destacar por su relevancia, los siguientes antecedentes, los cuales se obtienen tanto del escrito de demanda como de las constancias que la autoridad responsable acompaño a su informe justificado. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes y turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Verónica Franco Valdez, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil de la aquí quejosa Victoria Yazmín Tello Garfias, en su carácter de deudora principal, el pago de la cantidad de $89,838.00 ochenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, interés ordinarios, moratorios, gastos y costas, a razón de los documentos fundatorios de la acción que exhibió (pagarés). Mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, el Juez Tercero Menor en materia Civil, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda en la vía propuesta, misma que se registró bajo el número 891/2023; y, al tomar en consideración que los documentos con los que se promovió la acción traen aparejada ejecución, autorizó al Ministro ejecutor de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada para requerirle el pronto y efectivo pago de lo reclamado y no haciéndolo en el momento de la diligencia, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. El veintinueve de junio siguiente se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, la cual fue atendida por la propia demandada, quien no señaló bienes susceptibles de embargo, ni permitió el acceso el inmueble. Posteriormente, en auto de seis de julio de dos mil veintitrés, el juez responsable ordenó al Actuario adscrito, se constituyera en el domicilio de la demandada ubicado en la calle Embajada del Senegal, número 281, de la colonia Adolfo López Mateos, para que con el auxilio de la fuerza pública, con la intervención de cerrajero, rompimiento de chapas y cerraduras, para el caso de impedirse el acceso o encontrarse cerrado el inmueble, procediera al embargo de bienes propiedad de la demandada, suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas. Determinación que constituye el acto reclamado. Finalmente, en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la aquí quejosa contestado la demanda entablada en su contra, y oponiendo sus excepciones y defensas. Cabe señalar que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil de origen, no se advierte que el acto reclamado se haya cumplimentado, lo que incluso fue afirmado por el Actuario responsable, al señalar que a la fecha en que rindió su informe justificado no se había llevado a cabo la citada diligencia. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En los conceptos de violación que la promovente hace valer en su escrito de demanda, aduce esencialmente que el juez responsable viola en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no darle la oportunidad de exponer sus defensas y excepciones antes del dictado del auto recurrido; y que los intereses reclamados son usurarios. Son infundados por una parte e inoperantes en otra tales conceptos de violación y para evidenciarlo es necesario acudir al artículo 14 constitucional el cual en parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". El precepto constitucional transcrito consagra el derecho de audiencia, conforme al cual, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tal prerrogativa puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. En el primero, se comprenden los medios establecidos en el propio texto constitucional para cumplir a aquélla, es decir, la existencia de juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo lo constituye la finalidad que persigue ese derecho, que es evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas; los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales las que garanticen lo anterior. En ese contexto, para efectos del artículo 14 constitucional, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, supresión o el menoscabo definitivo de los derechos del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, aun cuando exista una afectación a la esfera jurídica del particular. Ciertamente, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Luego, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación", en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues para ello es menester que la merma o menoscabo tengan carácter de definitivos. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 5, del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Novena Época, con número de registro digital 200080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." De lo anterior se obtiene que para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad reclamado como privativo es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por tanto, si requiere el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 14 de la Carta Magna o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 16 constitucional. Para efectuar tal distinción debe acudirse a la finalidad que el acto persigue, esto es, si la privación del bien es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende solo a una restricción provisional. Luego, el auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer el requerimiento de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, su finalidad estriba en asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea en el juicio relativo; lo que procede, como lo hizo la responsable, con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. En efecto, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento, y una advertencia consistente en la prevención al deudor de que si no hace el pago, se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y costas. En otras palabras, el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma ordena de inmediato el embargo de bienes del deudor para el caso de que éste no pague al momento del requerimiento relativo. Ahora, los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: TITULO TERCERO. DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS. "Art. 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada ó pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1,346, observándose lo dispuesto en el 1,348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; IV. Los títulos de crédito; V. (DEROGADA, D.O.F. 14 DE DICIEMBRE DE 2011) VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan, y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. De los artículos insertos se advierte que el procedimiento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución, como puede ser una sentencia ejecutoriada, los títulos de crédito, las pólizas de seguro, entre otros documentos; y que presentada la demanda, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, los cuales quedarán bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Así, se obtiene que el mandamiento en forma ordenado en el auto de exequendo, constituye una medida provisional para garantizar el pago del crédito reclamado con base en un documento que trae aparejada ejecución, hasta en tanto el juicio se resuelve en definitiva. Por tanto, para la emisión de ese auto no rige el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional porque sus efectos no son definitivos, sino provisionales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 67, del tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 197665, de rubro y texto siguientes: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo - exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." De ahí que, en principio, resulte infundado el concepto de violación vinculado con el derecho de audiencia, como enseguida se explica. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en lo conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho dispositivo, consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden Constitucional, a saber, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. La garantía de legalidad consagrada en la primera parte del artículo 16 Constitucional que se menciona, que condiciona a todo acto de autoridad en los términos ya precisados, se contiene en la expresión fundamentación y motivación. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Por otro lado, la motivación implica que es necesaria la adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de autoridad y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de debida fundamentación, integran la garantía de legalidad. Para llevar al cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos, debe formularse precisamente, en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de autoridad, como se dijo, pueda conocerlos y esté en condiciones de producir su defensa. Por otra parte, la exigencia de fundamentación, implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, es decir, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto Constitucional en cita, la emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia publicada en la página ciento sesenta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación en cita, que literalmente establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En el particular, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 891/2023 del índice del Juzgado Tercero en materia Civil, con sede en esta ciudad, se observa que la parte aquí tercera interesada allegó con su demanda dos documentos de naturaleza ejecutiva que traen aparejada ejecución en términos del artículo 1391, fracción IV del Código de Comercio, antes transcrito, esto es, dos títulos de crédito consistente en los pagarés por la cantidad de $39,060.00 treinta y nueve mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional; y $50,778.00 cincuenta mil setecientos setenta y ocho pesos, 00/100 moneda nacional, a los cuales les reviste la naturaleza de títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. Luego, el acuerdo reclamado es ajustado a derecho en virtud de que la exhibición de los referidos documentos generan como consecuencia directa e inmediata la emisión de un auto con efectos de mandamiento en forma en términos de lo indicado en los numerales 1391 y 1392 del Código de Comercio. Además, en el acuerdo reclamado se expusieron los razonamientos lógicos jurídicos que el juez de origen consideró para dictar el mandamiento de embargo y se plasmaron los numerales en los que fundó su determinación, por lo que se concluye que el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada visible en la página 2481, Libro 59, octubre de dos mil dieciocho, Tomo III, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro digital 2018204, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables." Finalmente, resulta inoperante el diverso concepto de violación planteado por la quejosa en el sentido de que los intereses reclamados resultan usureros, ya que en esta instancia no corresponde examinar el fondo sobre la exigibilidad de la deuda reclamada, si la quejosa conoce o no a la parte actora o si suscribió los documentos base de la acción, en razón de que, por una parte, en atención a la naturaleza del acto reclamado, la litis constitucional se constriñe a determinar si el auto de requerimiento de pago y embargo se funda o no en la exhibición de un título que traiga aparejada ejecución, cuestión ya dilucidada; y por otra, que al ya integrarse a la relación jurídico procesal de origen, contará con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa conforme convenga a sus intereses; siendo un tema propio del fondo de la controversia lo concerniente a la validez de la tasa de interés pactada, por lo que su regulación solo se podrá hacer en su caso, en la sentencia definitiva del juicio de origen. En esas condiciones, al no transgredir el acto reclamado los derechos contenidos en los artículos 14°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución y que tengan relación con el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Menor en materia Civil, con sede en esta ciudad, pues no son combatidos por vicios propios, sino como una consecuencia jurídica de la orden dada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Victoria Yazmín Tello Garfias, por lo que respecta al acto, autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 976/2023. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas tanto por el quejoso como por la autoridad responsable. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.MAESTRO EN AMPARO JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

  4. Principal

    Se notifica y emplaza a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 27 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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