Victoria García Gallegos
Expediente 1028/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victoria García Gallegos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1028/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el once de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este juzgado, Victoria García Gallegos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 2. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 3. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 4. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 5. Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, quien rinde informe en representación del Fiscal General del Estado; 6. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; y, 7. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Morelia. Acto reclamado: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1028/2021; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Tercera. Las autoridades señaladas como responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Victoria García Gallegos, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se desprende que se reservó el emplazamiento de la tercera interesada AM RESORTS MANAGEMEN L.L.C, hasta en tanto se logre dicha diligencia en el diverso juicio de amparo 998/2019, momento en que se ordenará lo propio en el presente expediente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 998/2019, se advierte que ya se inició el trámite necesario para cumplir con los lineamientos que establece la "Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias" y su "Protocolo", ello, a efecto de emplazar a la persona moral referida, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consecuentemente, para dar margen a que se logre el emplazamiento antes indicado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1028/2021, sin la comparecencia de las partes. El secretario da cuenta con los informes previos rendidos por los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, todos con sede en Charo, Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, registrados con los números de promoción 15439, 15459 y 15473. De igual manera, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Al respecto el juez provee: Con fundamento en los artículos 140 y 144 de la ley de amparo, se tienen por recibidos los informes previos rendidos por los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, todos con sede en Charo, Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y se ordena tomarlos en consideración al momento de resolver en definitiva este incidente. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que obran los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y que ninguna de las demás partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos por la Agente en cita y se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 2. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 3. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 4. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad; 5. Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, quien rinde informe en representación del Fiscal General del Estado; 6. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; y, 7. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Morelia. Acto reclamado: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Segunda. Las autoridades responsables referidas en los párrafos precedentes al momento de rendir su informe previo manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. En consecuencia, se niega la medida cautelar solicitada toda vez que no existe materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19 publicada en la página ciento treinta y tres, tomo II, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, número de registro 204855 de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la resolución, se niega a Victoria García Gallegos, la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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