Victoria Rubi Alarcon Bolaños

Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • N. C. A.
  • Victoria Rubi Alarcon Bolaños

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto en que se tuvo por desechada la presente demanda de amparo

  2. Principal

    En ese contexto, es importante rememorar que el acto reclamado consiste en el oficio UDP/8917/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual notifica la comisión por necesidades del servicio y como medida de protección urgente del Defensor Público Federal ********al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés al dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. Sin embargo, como se anticipó, la promovente *****en representación de su menor hijo identificado con las iniciales*****., carece de legitimación para instar la protección de la Justicia Federal, toda vez que el acto reclamado no le produce una afectación personal, directa, inmediata, cierta, concreta, inminente, real y actual en su esfera jurídica, toda vez que, con base en los antecedentes del acto reclamado, así como del contenido de las documentales exhibidas, se desprende que quien resiente una afectación directa, lo es, el Defensor Público Federal *******, en su calidad de servidor público integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública. Así, el acto reclamado únicamente repercute derechos del quejoso como trabajador adscrito a la Defensoría Pública Federal, por lo que, se estima necesario que el promovente acuda a la instancia correspondiente a deducir sus pretensiones y no así por conducto de su presunta cónyuge o el menor de iniciales *******., pues como ya se explicó la resolución combatida transgrede derechos personalísimos del servidor público y en el procedimiento de cambio de adscripción no se dilucidaron cuestiones familiares, guarda y custodia o alimentos, razón por la cual, se puede advertir con toda claridad que el cambio de adscripción no les genera agravio alguno susceptible de control constitucional como lo pretende, pues la resolución afecta directamente derechos como trabajador adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública; no pasa inadvertido que en el supuesto de transgredirse el principio de unidad familiar, si la demanda se hubiere presentado por el directo afectado por su propio derecho y en representación del menor, el órgano jurisdiccional correspondiente estaría en aptitud de proveer lo que a derecho corresponde. En tal virtud, no se advierte la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I y 6 (estos últimos en sentido contrario), así como 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *********en representación de su menor hijo identificado con las iniciales *****., por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que se encuentra evidenciado que el acto de autoridad impugnado no afecta los derechos sustantivos de la impetrante consagrados en la Constitución, ni produce efectos materiales inmediatos sobre alguna de dichas prerrogativas. Solicitud de la suspensión de plano. Ahora bien, este juzgador no advierte alguno de los supuestos para conceder la suspensión de plano solicitada, toda vez que como se desprende del contenido de la demanda de amparo, no se está en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro o, alguno de los establecidos por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, en razón a que del contexto integral de su ocurso, se duele del cambio de adscripción como Defensor Público Federal, lo cual a consideración de quien ahora resuelve, no lo coloca de momento en una situación en la que su dignidad e integridad física y/o personal se encuentren gravemente comprometidas o en alguna de las hipótesis que señala el artículo 126 de la última legislación en cita. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, que atendiendo al contenido del oficio reclamado, consistente en el cambio de adscripción del Defensor Público Federal ******Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, al ser emitido por un organismo del Poder Judicial de la Federación, con autonomía técnica y operativa, esto es, el Instituto Federal de Defensoría Pública, si bien, no puede considerarse con el carácter de definitiva e inatacable, lo cierto es que, al tratase de derechos laborales debe plantearse ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación

  3. Principal

    Autoridad informa gestiones de cumplimiento al fallo protector. Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México; por medio del cual informa las gestiones que realiza en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo diversas constancias para acreditar tal hecho; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento

  4. Principal

    Agréguese a los autos el telegrama de cuenta signado en suplencia por ausencia del director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, promoviendo por la Directora General de Registro y control Documental del Registro Agrario Nacional, por el cual informa mediante oficio DGRCD/DP-3249/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió calificación registral a la parcela 800 y avanzó la solicitud número 15210012840, en el sistema integral de modernización catastral y registral (SIMCR); quedando el suscrito impuesto de su contenido. Atento a lo anterior, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN el cumplimiento a la autoridad Titular del Registro Agrario Nacional del Estado de México dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: "(.) Por tanto, procede conceder la protección constitucional solicitada por el justiciable para el efecto de que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que cause ejecutoria el presente fallo constitucional: 1. La autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de México, emita por sí o a través de la dirección o unidad administrativa correspondiente, la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud presentada por el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, registrada bajo el número 15210012840, de manera escrita y en forma congruente, fundada y motivada; precisando si ha lugar o no a las pretensiones del peticionario y justificando desde luego los motivos por los cuales arribó a tal conclusión. 2. Notifique dicha respuesta al solicitante del amparo. Es importante reiterar que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable no está vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante, solamente a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo de su conocimiento en los términos apuntados." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la autoridad responsable, para que, en el término de tres días siguientes en que sea notificada del presente auto, informe acerca del cumplimiento que haya dado al fallo protector. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, debiendo remitir copia certificada por duplicado de las constancias que así lo acrediten, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.)1 el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.).2 3. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una MULTA de cien veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Por otro lado, entérese a las autoridades la obligación que tienen de dar pleno cumplimiento a la sentencia de amparo, así como de las responsabilidades en que pueden incurrir por falta de acatamiento a la presente ejecutoria, en términos de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan los cargos de las autoridades mencionadas que aun y cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL durante el tiempo que duró el cargo y, por esa razón, también podrán ser procesados en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional; pues esa conducta puede ser constitutiva de delito en términos del artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo.

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