Victoria Monserrat Villegas Vite
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Victoria Monserrat Villegas Vite
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dieciocho de febrero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, y no se considera de relevancia jurídica o documental.
- Principal
Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre los que destacan el número 16, que indica: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se ordena su trámite. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Victoria Monserrat Villegas Vite, por propio derecho y en representación del menor de iniciales Y.B.J.V., contra acto del Subdirector de Recursos Humanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 90/2021-V. Del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualizada la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, primer párrafo, en relación con los diversos 1° y 5 fracción II todos de la Ley de Amparo, al advertirse que no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a razón de que carecen de las características de unilateralidad e imperatividad propias de los actos de autoridad. Para justificar lo que se afirma, convine precisar que los artículos en cita, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo no procede respecto de todos los actos que emitan las autoridades, sino únicamente en contra de aquellos que se dicten o ejecuten en los términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, dado que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que puede asumir la función de patrón al contratar como particular a una persona con el fin de que preste determinados servicios y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, son en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier ciudadano o persona moral privada lleva a cabo en su carácter de patrón, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra- subordinación a que ya se hizo mención. En otras palabras, aun cuando en algunas ocasiones el Estado puede obrar como autoridad y en otras como persona de derecho privado, no debe confundirse que en uno y otro caso, los actos positivos, negativos u omisivos que se le atribuye, puedan reclamarse en el juicio de amparo, pues en el primer supuesto, obra como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, mientras en el segundo actúa al igual que los individuos particulares y ejecuta actos que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de sus facultades. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de a voluntad del afectado." Asimismo, es conveniente citar la tesis 2a. XXXVI/99, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". De los antecedentes del acto reclamado que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1. Se desempeña como enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México. 2. Con motivo del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-coV2 (Covid-19)" emitido por la Secretaría de Salud Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación a fecha veinticuatro de marzo del año en curso, a partir del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se le autorizó una licencia para resguardo en su domicilio. Bajo ese contexto, es dable sostener que el acto reclamado consistente en la negativa de otorgar a la quejosa licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus funciones hasta el levantamiento de la contingencia sanitaria, pues afirma ser persona vulnerable ante el SARS-CoV2, lo que pone el riesgo su salud y la de su menor hijo, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior no implica desconocer que el resguardo domiciliario de aquellas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo constituye una medida derivada de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente. Sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito de trabajo, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Bajo ese panorama, el cumplimiento o incumplimiento de los empleadores tanto del Estado como de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo, se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. Por ello, la institución señalada como responsable en la demanda de amparo a quien la promovente atribuye el acto reclamado se localiza en un plano de igualdad en relación con éste, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa). Ello, debido a que si bien la omisión que se atribuye a la institución señalada como responsables para ordenar el resguardo domiciliario de la quejosa con goce de sueldo constituye una acción de carácter unilateral atribuida a una institución del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyace o se produce dentro de una relación de coordinación entre la justiciable y las mencionadas instituciones. Lo anterior, en virtud de que el derecho que la promovente aduce violado por una institución del Estado, referente a que se le permita resguardarse en su domicilio sin afectación a sus derechos laborales, tiene como origen la relación laboral existente con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, para quien presta sus servicios por virtud de un esquema de contratación. Por ende, las transgresiones que se atribuyen no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. Por tanto, el acto que reclama la justiciable no constituye ?de acuerdo con su naturaleza? actos de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares, pues la institución de salud pública señalada como responsable no obró con el imperio de su soberanía; característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación de trabajo. Por tanto, el acto impugnado pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Lo anterior significa que las instituciones públicas no adquieren, por el solo hecho de su naturaleza formal, el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador. Por ende, el acto reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho de otro modo, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados en la vía ordinaria. En ese sentido, lo reclamado en el presente juicio de amparo se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre la quejosa y la unidad médica en la que se encuentra adscrita en su carácter de empleada, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que se ordene el resguardo domiciliario con goce de sueldo con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 132 de la Ley Federal el Trabajo estatuyen la obligación por parte de los patrones de otorgar licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. Máxime que el artículo 132, fracción XIX Bis, de la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, es decir, esa obligación del patrón se vincula directamente con la omisión que se reclama, con motivo de la declaratoria ante la epidemia de COVID-19. Luego, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. Es cierto que la justiciable alega en sus conceptos de violación que la negativa de otorgar licencia con goce de sueldo. Sin embargo, el derecho que le asiste a la quejosa para obtener ese derecho no deriva de su carácter como particular frente un ente del Estado con el imperio de su soberanía; característica propia de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. Además, los actos que reclama se desenvuelven dentro de la interacción que existe entre la justiciable como empleado y los órganos del Estado como patrón o empleador, en el marco de la protección del derecho a la salud en el trabajo para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al posible contagio de la enfermedad que produce el virus SAR-CoV2. En ese sentido, los actos u omisiones atribuidos a un ente del Estado, en su carácter de empleador, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 2/2017 (10ª)8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Entonces, si la parte quejosa reclamó del Subdirector de Recursos Humanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, la trasgresión a sus derechos laborales a la seguridad y salud en el trabajo, ésta no puede ser analizada de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sea sometida en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación.". Sin que sea óbice para arribar a la determinación que antecede la circunstancia de que en el caso se encuentren involucrados los derechos de un menor de edad a la lactancia materia, ya que ello no da lugar a que el operador jurídico soslaye los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, como lo es, que el juicio se promueva contra un acto proveniente de autoridad. La determinación anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia y aislada de rubros siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350." "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En este sentido, resulta un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos los recursos de queja de trabajo número 45/2020, 50/2020, 80/2020, 81/2020 y 113/2020, en los que se analizó un caso similar al presente asunto, estimó que con independencia de las facultades y obligaciones que se les otorga a dichos entes de salud, la omisión o negativa de otorgar medidas como resguardo domiciliario ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2, que causa la enfermedad COVID-19, no implica una actúan en un plano superior al gobernado, sino que tal actuación la realiza en su calidad de patrón. De modo que, consideró el mencionado órgano colegiado que tal determinación incide en la esfera de sus derechos como trabajador, por lo que no se estaba en el supuesto de tener a la autoridad de salud como responsable para efectos del juicio de amparo, por ser una cuestión de carácter laboral, ya que en todo caso debe exigirse tal reclamo ante la autoridad laboral correspondiente. Incluso, el mencionado Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, estableció la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L, la cual se encuentra pendiente de publicarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID 19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder fue controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Criterio que este órgano jurisdiccional estima oportuno citar en apoyo a la presente determinación. En consecuencia, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Victoria Monserrat Villegas Vite, por propio derecho y en representación del menor de iniciales Y.B.J.V., atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, háganseles esta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de distrito. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la ley de la materia, por única ocasión, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio señalado por el promovente, y le notifique el presente auto. Autorizados. Se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Roberto E. Villegas Villalobos y Efrain Jimenez Maldonado, en razón de que dichas profesionistas, no tienen registrada su cédula profesional de abogados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico. Respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia, por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Reserva de datos. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12, fracción VI, y 40, fracción III, penúltimo párrafo, de Ley General de Víctimas, 1, 2, 3 y 4, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, al estar relacionado un menor de edad en los hechos que se estudian, y a fin de no transgredir el cumplimiento y respeto a sus derechos que le son legalmente reconocidos, este Órgano Constitucional, en el presente asunto omitirán aquellos datos que pudieran identificarlos. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Habilitación horas y días. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid- 19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Número telefónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil para que se establezca comunicación no procesal en los casos en que así se estime necesario.
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