Victoria Maria del Carmen Villalpando Santillan

Expediente 1120/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1120/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Victoria Maria del Carmen Villalpando Santillan
  • Mauricio Francisco Vega Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se declara QUE EL AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse únicamente las resoluciones que concedieron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. En ese sentido, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos la copia del proveído de esta misma fecha, dictado en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, del cual se advierte que se tuvo por completado a favor del menor quejoso Francisco Javier Vega Villalpando, el cuadro de vacunación del biológico contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En esa tesitura, del análisis integral que se realiza de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste, esencialmente, en la omisión de aplicar la vacuna Pfizer- Biontech al menor quejoso contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19): en consecuencia, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, por las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)." Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en el caso sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, cuyo rubro expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionar y aplicar al menor quejoso la vacuna Pfizer/Biontech contra el virus SARS-COV-2 COVID-19 toda vez que de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que ya le fue suministrado de manera completa el cuadro de vacunación del agente inmunizador aludido contra el virus referido. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. .(Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar lo siguiente: Mauricio Francisco Vega Vargas, en representación de su menor hijo Francisco Javier Vega Villalpando, reclamó la omisión de aplicar la vacuna Pfizer/Biontech contra el virus SARS-CoV-2 al infante, aprobada por la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios para su uso en menores de edad comprendidos dentro del rango de doce a diecisiete años de edad, al haber sido excluido dicho grupo etario de la Política Nacional de Vacunación Contra el virus Sars- Cov-2, para la prevención de la covid-19 en México documento rector versión 6.0. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 1120/2021- I En ese sentido, se impone tener como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO, que mediante resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de suspensión derivado de este sumario, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para que se aplicara al menor quejoso la vacuna Pfizer/Biontech contra el virus SARS-COV-2. Puntualizado lo anterior, mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se requirió a la parte quejosa para que presentara al infante quejoso a recibir la primera dosis del biológico aprobado en contra del virus que ocasiona el covid-19. Asimismo, mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se requirió a la parte quejosa para que presentara al menor quejoso a recibir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna aludida, y se le requirió para que dentro de los tres días hábiles siguientes al diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha señalada por las autoridades responsables para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-COV-2, informara si se le aplicó la misma, apercibido que de no hacerlo se entendería que se inoculó a su menor hijo a su entera satisfacción y que el cuadro de vacunación se encontraba completo, sin que al efecto lo hubiese FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 desahogado, a pesar de haber sido debidamente notificado de dicho proveído; en consecuencia, por auto de esta misma fecha, dictado en el referido incidente, se hizo efectivo dicho apercibimiento y, por tanto, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable, por analogía, la tesis número P.CL/97, que expresa: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) De lo anterior, se desprende que la conducta omisiva atribuida a las autoridades responsables, la cual motivó la promoción del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos, pues ante el silencio del promovente del amparo, se entiende que se aplicó al menor quejoso la SEGUNDA DOSIS de la vacuna PFIZER BIONTECH que completa el esquema de vacunación contra el virus SARSCoV-2, o bien, que ya no es de su interés se le inocule con dicho bilógico; de ahí que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX,I del artículo 61 en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P- 1120/2021- I de la materia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En atención a lo acordado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba prevista para las ONCE HORAS DEL DIA DE HOY, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que se presentara a las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el lugar ahí precisado, a efecto de que se aplicara la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-CoV2 al menor quejoso, Francisco Javier Vega Villalpando; además, para que dentro de los tres días siguientes, a partir de esa fecha, informara si se le aplicó la misma, apercibiéndola que de no hacerlo se entendería que se inoculó al menor a su entera satisfacción; sin que haya realizar manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificada del citado proveído, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y se tiene por entendido que se inoculó a su menor hijo a su entera satisfacción, por ende, que el cuadro de vacunación en relación con el biológico referido se ha completado. Remítase copia del presente proveído al cuaderno principal del que deriva el presente incidente, a efecto de que se provea lo conducente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    En la Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los oficios signados por la Directora de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración, y por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, la primera informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y el segundo comunica que para estar en aptitud de otorgar la suficiencia presupuestal requerida, debe contar con la solicitud correspondiente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, cabe destacar que desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades citadas para que otorgaran la suficiencia presupuestal relativa al pago que corresponde a la quejosa con motivo de la ejecutoria de amparo. Luego, las autoridades responsables informaron que para atender el referido requerimiento, debían contar con la plantilla de liquidación a favor de la quejosa, por lo que el quince de octubre del presente año, se ordenó remitirle la mencionada constancia. Asimismo, que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se requirió nuevamente a las autoridades a efecto de que cumplieran con lo solicitado. Ahora en el oficio de cuenta, pretende excusarse del cumplimiento del requerimiento citado, manifestando que no cuenta con una supuesta solicitud para otorgar la suficiencia presupuestal, lo que evidencia una renuencia reiterada y evasivas para atender lo ordenado por este Juzgado de Distrito, toda vez que conforme al procedimiento de pago informado por la propia autoridad, y que se invoca como hecho notorio en el presente asunto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez elaborada la planilla de liquidación, corresponde al Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, emitir la suficiencia presupuestal, el que para mayor referencia se inserta a continuación: En ese sentido, las autoridades responsables ahora pretenden inventar un nuevo trámite administrativo para obstaculizar el cumplimiento de la sentencia de amparo, máxime que como se advierte de lo transcrito, la única autoridad que interviene para otorgar la suficiencia presupuestal es el Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, en todo caso, de ser necesario contar con la supuesta solicitud, han transcurrido dos meses desde que se le requirió otorgara la multicitada suficiencia presupuestal, incluso la autoridad previamente solicitó la planilla de liquidación, sin hacer mención alguna de que además le faltaba la mencionada solicitud, lo que evidencia una práctica notoria y evasiva en atender el requerimiento realizado por este Juzgado de Distrito, toda vez que tuvo tiempo suficiente para realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos??????? fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Coordinadora General de Administración y Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por incumplimiento a la ejecutoria de amparo UNA MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria correspondiente, para que haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas personas físicas. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) En virtud de lo anterior, hágasele del conocimiento a las autoridades precisadas que cuentan con el plazo razonable de tres días para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como???? la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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