Victoria Cruz Arreola

Expediente 1227/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1227/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Victoria Cruz Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Lillian Estrada Bautista, presidenta de la Federación Mexicana de Judo, Asociación Civil, por el cual, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Subdirector Jurídico y Normativo, en representación de las autoridades responsables de la Caja de Previsión para Trabajadores a la Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual, remite copias certificadas del convenio celebrado el catorce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, debiéndose estar a lo acordado en auto diez de agosto del dos mil veintitrés, en donde se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de TRES DÍAS, para que manifieste a lo que su derecho corresponda respecto del mismo documento. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, y a fin de contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, y toda vez que se podría actualizar una causa de improcedencia, la cual es de orden público y estudio preferente, con fundamento en lo que dispone el artículo 75 de Ley de Amparo y en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se REQUIERE al Juzgado Décimo Cuarto en Materia Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias de notificación al aquí quejoso, del proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el cual ordenó suspender el procedimiento administrativo P.C.1460/2022 (I-211) 17959, dictado en el juicio ordinario civil 25/2016, de su índice, asimismo, informe si en contra de dicho acuerdo, el aquí quejoso interpuso algún medio de defensa, y en su caso, informe el estado procesal del mismo, en el entendido de que si el mismo hubiera sido ya resuelto, deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite dicha circunstancia. 07/01/24 15:24:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f6.1a Diana Laura Mireles Ramírez Apercibido que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de autoridad responsable, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el oficio con firma electrónica de Hugo Mena Sánchez, Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 2336/2023, en un tomo y cuatro copias de la demanda promovida por Victoria Cruz Arreola, por propio derecho; al considerar que carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer de esa demanda. En este sentido, vista la demanda de amparo promovida por Victoria Cruz Arreola, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1227/2023-VIII. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, este Juzgador no comparte de ninguna manera, las razones que sustenta el Juzgado declinante, para no conocer de la demanda de amparo en comento, pues sostiene que a partir de los actos reclamados, consistentes en el "REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de junio de dos mil veinte", 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA contenido en dicho medio de difusión oficial del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y su ejecución, se establecen requisitos para la autorización de pensiones y su monto otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México, que en su opinión ".constituye una relación de tipo administrativo y no laboral, pues se emite en un marco jurídico ajeno a la relación de trabajo entre el servidor público y la dependencia ante quien prestó sus servicios, pues no de trata de una prestación otorgada dentro de la relación de trabajo existente entre el Gobierno de la Ciudad de México y in trabajador, ya que con independencia de que tenga su origen en esa relación laboral, en el caso, la litis que se circunscribe a verificar los preceptos que establecen lo relativo a la cuantificación y asignación de pensiones, una vez que la relación de trabajo concluyó, lo que se hará al escrutinio de las normas que regulan los parámetros y requisitos contenidos en el referido Reglamento." Es así, que este órgano jurisdiccional, no comparte los razonamientos que propone el Juez oficiante, para pretender justificar la incompetencia legal que propone y por tanto no acepta la competencia propuesta, por las consideraciones siguientes: En principio, no obstante que el Juez declinante sustenta su decisión en las consideraciones expuestas en la Contradicción de Tesis 176/2009, que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 153/2009, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.", que evidentemente no se comparten, cierto es que el grueso de los razonamientos que adopta, son materia de la Contradicción de Criterios 46/2023, resuelta en la sesión de siete de junio de dos mil veintitrés que originó la jurisprudencia 37/2023 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII PROMOVIDO CONTRA LA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.", cuyos razonamientos expuestos en las dos contradicciones en comento, que a consideración de este Juzgador, no resultan aplicables para el presente caso. Para corroborar tal aserto, basta con mencionar que la razón fundamental que dio origen al primero de esos criterios, fue el ".determinar qué Juez de Distrito es el competente por razón de la materia para conocer del juicio de amparo instaurado en contra de la indebida cuantificación de la pensión de los quejosos, esto es, si la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo, o del Juez de Distrito en Materia Administrativa.", de esa manera se precisó que ".Atendiendo a las características mencionadas también se puede arribar a la conclusión de que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo...", mientras que los motivos esenciales del segundo de tales asuntos, es que "..Una vez precisado lo anterior, corresponde determinar a qué Juzgado de Distrito le corresponde la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la cuantificación de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, si a uno en materia administrativa o a uno especializado en materia de trabajo." Es así, que los razonamientos que dieron origen a las aludidas contradicciones de tesis, se insiste, no resultan aplicables para el presente asunto, pues ambos se centran en resolver que el Juez en Materia Administrativa es el 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA competente para conocer de la cuantificación de la pensión de la parte quejosa, por lo que debe entenderse que la persona afectada en su esfera jurídica, tiene la calidad de pensionado o jubilado, lo cual no acontece en la demanda de amparo, que da origen a este asunto. Lo anterior es así, porque cierto es que la norma general reclamada por la promovente, repercutirá en su momento en la manera en que se deberá calcular y pagar la pensión que pudieran recibir, como también lo es, que la enjuiciante carece de la calidad de jubilada o pensionada, al ser personal en activo adscrita al Gobierno de la Ciudad de México, por no encontrarse en alguna de las hipótesis legales de los artículos 2, fracción VI, 3, 7, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 44, 81, 82, 84, 85, 87, 94, 105, 19, 117, 125, 129, 133 y 150, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad De México, que en lo que interesa, establecen lo siguiente: (..) Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como "Gobierno", a todas las dependencias y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; como "Institución", a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México; como "trabajadores" a quienes prestan sus servicios de base o eventual, figurando con tal carácter en la nómina de Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México y a los servidores públicos de la propia Institución; como "sueldo básico" al determinado como sueldo base y prima quinquenal de antigüedad por la Secretaría de Administración y Finanzas; como "pensionados", a quienes perciben alguna de las pensiones establecidas, y como "Sindicato" a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Artículo 7.- Los trabajadores estarán sujetos a lo establecido por el presente Reglamento, siempre y cuando reúnan los requisitos que establece, y tendrán derecho a que se les otorgue una pensión económica para su bienestar. Las pensiones a los familiares derechohabientes de los trabajadores o pensionados titulares que fallezcan, se otorgarán debiendo reunir éstos los requisitos que el Reglamento consigna. Artículo 11.- El trabajador podrá obtener, previamente a los trámites de su pensión, la cuantificación de ésta. 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII Las pensiones se pagarán mensualmente dentro de los primeros 5 días del mes, a partir de la fecha en que el trabajador cause baja en el Gobierno o en la Institución. Artículo 12.- Transcurrido el plazo máximo de 90 días, si no se hubiere otorgado la pensión; exceptuándose aquellas derivadas de riesgos del trabajo, la Institución pagará los anticipos que estime convenientes al solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio o a los beneficiarios del trabajador fallecido, pudiéndose proseguir el trámite para el otorgamiento de la pensión. Para la debida integración de los expedientes respectivos, el Gobierno, el Centro de Trabajo y las personas derechohabientes deberán proporcionar la información y los documentos en los formatos y por los medios físicos o electrónicos requeridos por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Artículo 17. El monto máximo de las pensiones será el equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La cuantía de las pensiones aumentará simultáneamente y en la misma proporción en que se incremente esta unidad de medida. Artículo 28. Se consideran familiares derechohabientes de los trabajadores y de los pensionados titulares, con derecho a disfrutar en el orden prelatorio las pensiones que otorga la Institución los siguientes: I. El o la cónyuge supérstite del trabajador o pensionado titular fallecido, siempre que el matrimonio haya tenido una duración de por lo menos dos años. Se exceptúa de lo anterior aquellos casos en donde se hayan procreado hijos o el fallecimiento se origine por causas accidentales o por enfermedad detectada con posterioridad a la celebración del vínculo matrimonial; II. Los hijos del trabajador o pensionado titular fallecido, siempre y cuando éstos sean menores de 18 años, o mayores de esa edad, si se hallan incapacitados física o psicológicamente para desempeñar alguna labor remunerada, o cuando se trate de aquellos hijos del fallecido habidos fuera del matrimonio, que se encuentren en las condiciones de los anteriores; III. Los hijos solteros del trabajador o pensionado titular, mayores de 18 años y hasta 25 años, que comprueben mediante constancia expedida dentro de los 30 días hábiles siguientes al inicio de cada ciclo escolar que se encuentran realizando estudios de nivel medio o superior acordes a su edad en planteles oficiales o reconocidos, así como un escrito mediante el cual los solicitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, ser solteros, no vivir en concubinato y no tener trabajo remunerado; IV. La persona, por sí misma que, a falta de cónyuge, haya vivido en concubinato dos años anteriores al deceso del pensionado titular y siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio, o que haya procreado hijos con el pensionado titular. Si el trabajador o pensionado titular, a su muerte, hubiera tenido más de un concubino, ninguno tendrá derecho a las prestaciones que otorga la Institución; V. La madre y el padre, conjunta o separadamente y, a falta de éstos, los demás ascendientes si dependieron económicamente del trabajador o pensionado titular durante los cinco años anteriores a la muerte de éste; y VI. Los hijos adoptivos, menores de 18 años o mayores de esa edad hasta los 25, si estudian, o que estén incapacitados, tendrán derecho a disfrutar de la pensión por orfandad, cuando la 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA adopción se haya llevado a cabo por el trabajador o pensionado antes de que hubiese cumplido 55 años de edad. Artículo 29. En caso de que el pensionado o jubilado titular contraiga matrimonio o inicie vida en concubinato posterior al otorgamiento de su pensión, o bien a su muerte, los familiares derechohabientes señalados en las fracciones I y IV del artículo anterior, solo podrán gozar de la pensión por un tiempo igual al que haya durado el vínculo matrimonial o de concubinato, y siempre que el vínculo haya tenido una duración de por lo menos dos años. Se exceptúa el plazo de espera de cinco años en aquellos casos en donde se hayan procreado hijos, el fallecimiento se origine por causas accidentales o por enfermedad detectada con posterioridad a la celebración de la unión. Artículo 30.- Los trabajadores quedan obligados a: I. Proporcionar a la Institución por escrito, los nombres de sus familiares derechohabientes, adicionados con informes y documentos probatorios que les sean solicitados, relacionados con la aplicación del presente Reglamento. II. Cuando la Institución lo estime conveniente, podrá ordenar la verificación y autenticidad de la documentación y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder cualquiera de las prestaciones señaladas. Si se descubriere que existe alguna falsedad, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión, suspendiéndose inmediata y temporalmente, el pago de las prestaciones otorgadas. Lo anterior con independencia de las acciones civiles o penales derivadas de la falsedad. Artículo 33.- El disfrute de la pensión, se dará por concluida: I. En la fecha de fallecimiento del pensionado; II. Desde la fecha en que la persona viuda o en concubinato contraiga nuevo matrimonio o viva en concubinato; III. El día en que el menor de edad cumpla los 18 años y no continúe realizando estudios acordes a su edad, contraiga matrimonio o concubinato, o cuando desaparezcan las causas de invalidez para el hijo mayor de 18 años; IV. Al cumplir los 25 años de edad, los hijos pensionados que hayan proseguido los estudios correspondientes a una carrera profesional o subprofesional acorde a su edad, o cuando antes de alcanzar la edad indicada concluyan o interrumpan sus estudios, o se encuentren desempeñando un trabajo remunerado, o contraigan matrimonio o concubinato; y V. Al cumplirse el plazo señalado en el artículo 29 del presente ordenamiento. Artículo 35.- Si un pensionado titular desaparece de su domicilio por un período mayor de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los familiares con derecho a la transmisión de la pensión, disfrutarán de la misma con carácter provisional de conformidad con lo dispuesto por los conceptos que norman las prestaciones relativas, bastando para ello la comprobación del parentesco y la desaparición del pensionado con base en la denuncia de hechos que hubieren formulado ante las autoridades competentes, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente apareciere el pensionado titular, sólo éste tendrá derecho a que se le otorgue la prestación correspondiente. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado titular, la transmisión será definitiva. Artículo 37.- Cuando fallezca un pensionado titular, la Institución entregará a sus familiares derechohabientes que se hubieren hecho cargo de la inhumación, el importe de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos del sepelio, 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII mediante la presentación del acta de defunción y su correspondiente identificación. Si el que promueve el cobro no fuera familiar derechohabiente del finado, estará obligado a presentar, además la factura de los gastos funerarios, siempre que no exista un reclamo previo por parte de familiares derechohabientes. En este supuesto únicamente se cubrirá el importe señalado en la factura siempre que no exceda de 120 días de pensión. Artículo 44.- Para estimar como válido el tiempo de servicios que ampare una licencia sin goce de sueldo, en los casos previstos por los artículos aplicables de este Reglamento, se deberá hacer constar en la hoja de servicios, el tiempo que abarque la licencia, el motivo de ésta y el sueldo que percibía el trabajador al obtenerla, con el objeto de tomarla en consideración al formular la correspondiente liquidación Cuando por motivos ajenos al interesado no hubiere cotizado a la Institución, previa la comprobación de esto y para los efectos de computársele al trabajador el tiempo de servicios, se le formulará la liquidación que deberá pagar por el tiempo que se señale en la respectiva hoja de servicios, la cual contemplará las actualizaciones por intereses generados. Artículo 81.- El o la cónyuge supérstite deberá presentar copia certificada del acta de matrimonio del Registro Civil con el trabajador o pensionista que genere la pensión, expedida con posterioridad a la fecha del fallecimiento, así como la de defunción y la solicitud respectiva acompañada de la demás documentación correspondiente que con ella se exija. Artículo 82.- El viudo presentará los mismos documentos a los que se hace alusión en el artículo precedente, acompañando la solicitud correspondiente y demás documentos que con ella se requieran. Artículo 84.- Se concederá pensión por orfandad a los hijos menores de 18 años o mayores de esta edad que no rebasen los 25, si comprueban estar estudiando en un nivel escolar subprofesional o profesional acorde a su edad biológica, que no se encuentren casados o en concubinato y declaración bajo protesta de decir verdad que no desempeñan ninguna ocupación remunerada, y a los incapacitados para laborar, cualquiera que sea la edad de éstos, siempre que el trabajador hubiese prestado sus servicios cuando menos durante 15 años e igual tiempo de cotizar a la Institución, o 10 años de servicios y cotizaciones cuando fallezca después de los 60 años de edad. Procede también otorgársele esta pensión a los beneficiarios estipulados en el artículo 28, fracción VI de este Reglamento, siempre que la adopción se haya llevado a cabo por el trabajador o pensionado antes de que este hubiese cumplido 55 años de edad. En caso de que los mayores de 18 años y menores de 25 hayan dejado de estudiar por incapacidad medica comprobable, la institución podrá hacer los ajustes correspondientes para acreditar el nivel de estudios acorde con la edad biológica menos el periodo de incapacidad para asistir a clases. Artículo 85.- Los hijos de los trabajadores o pensionistas titulares interesados, deberán presentar ante la Institución, una solicitud para el otorgamiento de dicha pensión, acompañada de las copias expedidas por el Registro Civil de su acta de nacimiento y de las de defunción de la madre y el padre y demás documentos que les sean requeridos. Los hijos incapacitados deberán anexar a la solicitud que formulen, el dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el que se les declara hallarse incapacitados para laborar. 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, deberán acreditar a satisfacción de la Institución, que se hallan realizando estudios superiores acordes a su edad biológica, cuya comprobación deberá hacerse en un plazo que no exceda de 30 días, después de concluido el plazo que para inscripción de cada ciclo escolar. Artículo 87.- Se concederá pensión por concubinato a la concubina o concubino que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionista titular o cuando hayan vivido juntos durante los cinco años anteriores a la muerte de alguno de los concubinos permaneciendo libres de matrimonio durante el concubinato. Respecto al concubinario, para que se le otorgue la pensión, deberá reunir y acreditar las condiciones señaladas por los artículos 28, fracción IV y 29 de este Ordenamiento. Artículo 94.- Se otorgará indemnización global a los trabajadores que, sin tener derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, causen baja definitiva en el empleo. La indemnización global consistirá en el monto total de sus cotizaciones con que hubiere contribuido a la Institución, de conformidad con lo que establece el artículo 19, si acreditan haber laborado de uno a catorce años de servicios, más 7 días de sueldo básico por cada año cotizado. (.) De manera que, sí la quejosa carece de la calidad de pensionada o jubilada, pues es trabajadora en activo, debe entenderse que las prestaciones que reclama, no obstante que están vinculadas directamente en la manera en que se retiene el porcentaje respectivo para integrar la pensión establecida en el aludido reglamento y la manera en que deberá ser calculada, que según ella, le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica, al disminuir los beneficios que tenía para que en su momento se conforme la cuota pensionaria, cierto es que, repercute en sus prestaciones laborales como personal en activo, cuya relación de trabajo aún no se ha extinguido, sino por el contrario sigue vigente, pues la quejosa no tiene la calidad en comento, que le permita retirarse del servicio activo, pues no ha concluido la relación de trabajo que mantiene con dicho gobierno, lo que implica que el competente para seguir conociendo de la aludida demanda, es el mencionado Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Lo anterior es así, porque los actos reclamados inciden en la preservación de derechos laborales consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 9 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la jubilación como un derecho a la seguridad social y por ende, las pensiones derivadas de la cuotas que integran tal régimen, el cual prevalece en función de una relación laboral que se mantiene con los quejosos. Ahora bien, toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123, constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, la naturaleza jurídica del acto reclamado que define la materia del amparo, se determina por el bien jurídico o interés fundamental controvertido en el amparo, esto es, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123, de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. Apoya lo anterior, por su contenido esencial la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), de rubro siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). En tales circunstancias, si bien la materia de litis en el presente juicio de amparo, se constituye en la aprobación y presunta aplicación de diversas disposiciones del aludido "Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya", referente a la materia de pensión, cierto es que la quejosa es trabajadora en activo del Gobierno de la Ciudad de México. De ahí que, se considera que su estudio corresponde al ámbito del derecho laboral, por estar íntimamente relacionado con la relación laboral que tiene la quejosa, que es claramente de índole obrero-patronal, motivo que se ubican en el artículo 123, apartado B, de la Carta Magna. De ahí que este Juzgador considere que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues no se colman los supuestos para determinar que el acto reclamado tiene naturaleza administrativa, sino en la materia laboral, atendiendo a la preservación de los derechos de la clase trabajadora, a la 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 11 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII que pertenecen los quejosos, pues la reclamación tiene tal naturaleza, en virtud que lo actos combatidos afectan los derechos laborales de la enjuiciante. Máxime que, como se precisó, con el fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a su naturaleza material y no a la calidad de la autoridad señalada como responsable, pues no por el simple hecho de que la autoridad tenga las características de administrativa, sus actos u omisiones repercuten en el ámbito laboral, al restringir el derecho que tienen los quejosos en materia de seguridad social. Asimismo, la presente determinación se toma por razones de economía procesal, pues el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación, lo cual en el caso, se deberá realizar bajo normas de carácter laboral. Para el caso, es ilustrativa, la tesis I.14o.T.1 L, de texto siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa. (Registro: 180735, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, página 1714). Asimismo es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO.De los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, se trata de la materia de trabajo cuando el acto afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA TRÁMITE 13 JUICIO DE AMPARO P- 1227/2023- VIII Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando trabajadores en activo reclaman la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en relación con la modificación al régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, lo que torna competentes a los órganos especializados en materia de trabajo para conocer los asuntos en que se controvierta ese tema. (Registro digital: 165089, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 31/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 949, Tipo: Jurisprudencia) Por lo anterior, este órgano jurisdiccional rechaza la competencia declinada y ordena devolver al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el expediente formado con motivo de la demanda promovida por Victoria Cruz Arreola, por propio derecho, solicitándole atentamente informe lo que en derecho resuelva. En consecuencia, se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente, optimizar los recursos materiales y aprovechar el expediente electrónico, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se forma cuaderno de antecedentes con la constancia del Secretario en la que deberá asentar que en dicho expediente obran las constancias respectivas, como si se glosaran al referido cuaderno. 17/01/24 18:18:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ba.73 ALBERTO TORRES RIVERA Notifíquese

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