Victoria Flores Rodríguez

Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
272/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Victoria Flores Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Asimismo, tomando en consideración el estado de autos así como la certificación que antecede, se desprende que existen en el presente asunto documentos originales glosados que exhibió la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo, dentro del término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuará glosado y correrá la misma suerte que este expediente. Documento que se entregarán personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Además, dígase a dicha parte que la entrega de dichos documentos deberá ser a través del sistema de "citas" en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; por lo que, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Así, tomando en consideración que fue ordenada la devolución de documentos originales y no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Recepción del escrito de demanda. Visto lo de cuenta, agréguese la demanda de amparo promovida por*****, contra actos del Jefe de la Oficina para Cobros, en suplencia por ausencia de la titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 272/2021; fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Análisis de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, la aquí parte quejosa reclama esencialmente la suspensión del servicio médico para la promovente y su familia, la que aduce fue ordenada por la titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca al Director de la Clínica número 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual manifiesta que se realizó el doce de marzo del presente año. Aquí cabe precisar que los actos reclamados, si bien son precisados de esta manera por la parte quejosa, de su demanda de amparo se advierte de los antecedentes del acto reclamado que la parte impetrante fue dada de baja en el régimen obligatorio del Seguro Social, lo cual incluso, manifiesta que dicha baja le fue hecha de su conocimiento el treinta de octubre de dos mil veinte; determinación contra la cual, promovió recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí, que el acto reclamado es consecuencia de la baja en el régimen obligatorio del Seguro Social de la parte promovente. Por tanto, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno". Por su lado, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Asimismo, los arábigos 6, 7, 11 y 15 de la Ley del Seguro Social, relativas al régimen obligatorio, de estipulan: "Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario. Artículo 7. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales. Artículo 15. Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha; III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan; V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos; VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan; VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos". Como puede apreciarse, el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". Igualmente, los arábigos 899-A y 899-B de la Ley Federal del Trabajo estipulan: "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente." "Artículo 899-B. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán ser planteados por: I. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social; II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios; III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a esta Ley o sus beneficiarios; y IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social." Como puede apreciarse, el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". En ese sentido, la fracción XX, del citado apartado A del numeral 123 constitucional prevé que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. Además, tanto la Ley del Seguro Social como la Ley Federal del Trabajo, estipulan que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues a estas le corresponde dilucidar los conflictos que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y derivado de ello, los seguros de enfermedad. Lo que incluso se corrobora, con el oficio DAP/219101950200/0815 anexo a la demanda de amparo, en la cual se ordenó la baja de la parte quejosa del régimen obligatorio del seguro social, en la que se estableció que con fundamento en el artículo 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, en su carácter de trabajadora puede acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dirimir la controversia presentada con motivo de la afectación que pudiera sufrir de sus derechos, en un plazo de un año, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, se estima resulta evidente que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, porque no podría analizarse la constitucionalidad de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, atento a la naturaleza y régimen de la parte quejosa, quien tiene la calidad de trabajador. De ahí que, las pretensiones del justiciable deberán dirimirse a través del juicio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o Tribunal Laboral adecuados, al ser la competente para conocer de los conflictos individuales de seguridad social suscitados entre los asegurados y el ente encargado del otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Es aplicable, la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1083, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002250, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS RECLAMAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ALGUNA PRESTACIÓN DE LAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto, pues en relación con los primeros, determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, si el actor demandó del aludido organismo descentralizado alguna prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social, resulta inconcuso que el órgano competente para resolver la controversia de origen es la mencionada Junta Federal, y no el referido tribunal porque a éste le corresponde conocer, entre otros, de los conflictos suscitados entre los patrones y el mencionado organismo de seguridad social, lo que no acontece en el particular. Máxime, que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, de rubro: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social." Máxime que, la parte quejosa alega que la suspensión de la atención médica, es en consecuencia de su baja del régimen obligatorio de seguro social, prestación la cual puede tener derecho como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivadas de la relación laboral que sostiene con la moral DILGA, S.A. de C.V., las cuales eminentemente revisten una naturaleza laboral, cuya contienda debe dirimirse a través del procedimiento ordinario previsto en la Ley Federal del Trabajo, pues en su calidad de trabajador está en aptitud de hacer valer en primera instancia los recursos o medios de impugnación procedentes ante las instancias ordinarias, según corresponda. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, al estimarse que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación el diverso 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por VICTORIA FLORES RODRIGUEZ, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sustenta lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 657, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170182, cuyo rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." (Lo subrayado es propio) Asimismo, se estima oportuno precisar que a fin de respetar los principios de pro persona y recurso efectivo, como parte del derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, el gobernador no queda exento de ajustarse los principios de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. De ahí que el derecho a un recurso efectivo, contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes, porque las formalidades procesales son la vía que hace posible llegar a una adecuada resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 525, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS De domicilio para oír y recibir notificaciones y de los autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto; asimismo, por autorizado en términos aplios del artículo 12 de la Ley de la materia a Abel Antonio Motales Santiago, ya que tienen registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho"., y en los términos limitados del aludido precepto a los diversos profesionistas por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden a los Actuarios Judiciales de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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