Victoria Betanzos Coronel
Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Victoria Betanzos Coronel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos específicamente lo determinado en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el que se agregó el informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, así como las documentales que anexó para justificación del mismo. Ahora, en el caso conviene precisar que lo reclamado en esta instancia al Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, es la omisión de dar respuesta a la petición formulada con fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós. Así, tomando en consideración lo informado y las documentales remitidas por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, pues de las constancias recibidas, se advierte que el dos de octubre del año en curso, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, acordó el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós -de cuya falta de contestación se dolió en esta instancia constitucional- mismo que le fue notificado el cuatro de octubre siguiente. En esa tesitura, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, pues la situación jurídica puesta de relieve, destruyó todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto de tal acto omisivo que se reclama; y siendo esto así, en la especie se actualiza respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quedó satisfecha la pretensión de la quejosa, esto es, que la responsable acordara el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós; por lo cual, se considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados en el presente asunto - trece horas con trece minutos del veintiuno de noviembre del año en curso-, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos específicamente lo determinado en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el que se agregó el informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, así como las documentales que anexó para justificación del mismo. Ahora, en el caso conviene precisar que lo reclamado en esta instancia al Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, es la omisión de dar respuesta a la petición formulada con fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós. Así, tomando en consideración lo informado y las documentales remitidas por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL. Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, pues de las constancias recibidas, se advierte que el dos de octubre del año en curso, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, acordó el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós -de cuya falta de contestación se dolió en esta instancia constitucional- mismo que le fue notificado el cuatro de octubre siguiente. En esa tesitura, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, pues la situación jurídica puesta de relieve, destruyó todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto de tal acto omisivo que se reclama; y siendo esto así, en la especie se actualiza respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quedó satisfecha la pretensión de la quejosa, esto es, que la responsable acordara el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós; por lo cual, se considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados en el presente asunto - trece horas con trece minutos del veintiuno de noviembre del año en curso-, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con veintitrés minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las TRECE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con veintitrés minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las TRECE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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