Victoria Fernanda Flores García

Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
954/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Victoria Fernanda Flores García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Victoria Fernanda Flores García y Genoveva García Macías apoderada legal de Daphne Irais Flores García. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Victoria Fernanda Flores García y Genoveva García Macías en su carácter de apoderada legal de Daphne Irais Flores García, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese con el número 954/2022-IV. Desechamiento de la demanda de amparo. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. La lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados: El auto de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial civil sucesorio intestamentario C325/2021, tramitado ante el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en el que se tuvo por impedida jurídicamente a la autoridad fiscal para rendir la información requerida consistente en cuántos vehículos de automotor de se encontraban registrados a favor del autor de la sucesión. Así como el auto, de fecha treinta de junio de la presente anualidad, mediante el cual la responsable Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, no acuerda favorable la solicitud de las aquí quejosas de requerir nuevamente a la autoridad fiscal para rendir la información solicitada, al señalar que dicha autoridad ya dio contestación a la información requerida en tanto manifestó que de acuerdo al tipo del juicio en que se actúa estaba jurídicamente impedido para rendir la información requerida consistente en cuántos vehículos de automotor se encontraban registrados a favor del autor de la sucesión, ello con fundamento en el artículo 102 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que los actos reclamados no son de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no son de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De los preceptos legales reproducidos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); el Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualiza alguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante actos de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de las quejosas, al grado que se les impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo anterior, pues los actos que la parte quejosa reclama, autos del veintidós y treinta de junio de dos mil veintidós, dictados en autos del juicio civil C325/2021 por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en los que resuelven no requerir nuevamente a la autoridad fiscal para rendir la información consistente en cuántos vehículos de automotor se encontraban registrados a favor del autor de la sucesión, son actos intraprocesales, pues no son actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, de asistirle razón jurídica a la quejosa, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que pueden ser reparados de obtener sentencia favorable. Se dice lo anterior, porque los actos reclamados no inciden en derechos sustantivos de la parte peticionaria de amparo, sino en derechos probatorios pues se pretende acreditar en el incidente de remoción de albacea, cuántos vehículos están registrados a nombre del De Cujus, y no obstante la negativa de la responsable, esa información puede ser allegada a través de diversa vía. Por tanto, se desecha de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a que, respecto a los referidos autos de veintidós y treinta de junio de dos mil veintidós, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]". El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En el caso nos ocupa el Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé en su artículo 232 lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." El anterior precepto legal, lleva a concluir que los autos o decretos contra los que no se encuentre previsto el recurso de apelación, será procedente el recurso revocación. En tales condiciones, conforme al artículo 232 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato, contra los autos del veintidós y treinta de junio de dos mil veintidós, dictados en autos del juicio civil C325/2021 por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, cabe el recurso revocación. Por tanto, la parte quejosa previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé el citado ordenamiento, esto es interponer el recurso de revocación ante el Juez del conocimiento, lo que no hizo.

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