Víctor Ponce Martínez

Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
157/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Víctor Ponce Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, toda vez que en auto de dieciocho de abril pasado se ordenó el archivo del presente asunto. Por otra parte, se ordena devolver a la Junta responsable las constancias que allegó al presente asunto, en razón de que su permanencia en este juzgado resulta innecesaria.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese la pieza postal devuelta, dirigida a la Dirección General del Trabajo del Estado de Guanajuato, con sede en Ciudad Capital, de la cual se advierte: "Rehusado en el domicilio que cita". En consecuencia, reexpídase el oficio 8920/2023 al domicilio carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 6.5, edificio Plaza Oro, colonia Burócratas en Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36250, toda vez que este se advierte señalado en el informe justificado rendido en el presente juicio.-

  3. Principal

    Vista certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días para interponer recurso de revisión contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por ******************** en representación de ******************** se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el oficio que remitió el Presidente por ministerio de ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, adjuntó copia autógrafa del acuerdo de dos de marzo de los actuales, dictado en el expediente **********************, de su índice, en el cual se advierte que Pablo Francisco Placido Contreras Nieto aceptó y protestó el cargo conferido como perito oficial designado a la parte actora, en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría; asimismo, se señalaron las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia pericial respectiva. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio 2387/2021/L1/CE/IND,********************** de procurar la designación de un perito oficial en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría a favor del actor -aquí quejoso-; no obstante de que la prueba fue admitida desde el seis de octubre de dos mil veintidós. Ahora, como se indicó en párrafos anteriores, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que el dos de marzo del año en curso, el ingeniero Pablo Francisco ******************************aceptó y protesto el cargo como perito oficial designado a la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial en materia de documentoscopía, grafoscopía y grafometría. Asimismo, se aprecia que la junta responsable fijó las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo de la audiencia pericial respectiva. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor del actor -aquí quejoso-, para el desahogo de la prueba pericial que fue admitida en el juicio laboral aludido. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las diez horas con cincuenta minutos del diez de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese, hágase personalmente al quejoso.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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