Victoria Elena Mendoza Jiménez

Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
420/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Victoria Elena Mendoza Jiménez
  • Ytzaman Muñoz Mendoza
  • Manrique Muñoz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 3221 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de expediente 213/2023; por tanto, estese en espera de que resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. De autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, así como del recurso de revisión interpuesto por********************, en su carácter de representante común de los quejosos. En esas condiciones, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se ordena remitir el citado juicio, así como el escrito original y copia de agravios con registro 5132, así como un tomo de pruebas, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne éstos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Manrique Muñoz Mendoza, en su carácter de representante común de los quejosos, recibido vía electrónica, el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el ocho de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Por otro lado, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica a la parte tercero interesado por este conducto el acuerdo que antecede, por estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo ********************, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, ********************, promovieron juicio de amparo contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, mismos que serán precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Mediante auto de tres de mayo de dos mil veintidós (fojas 7-12) se acordó a dar trámite a la demanda de mérito; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; tener como tercera interesada a ******************** -a quien se emplazó al presente juicio (foja 48) y quien por tal motivo compareció al mismo (foja 50)- y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 64-65) tuvo lugar la audiencia constitucional, misma que se suspendió al haberse promovido el incidente de falsedad de documento por la tercera interesada (foja 55) en el que, a fin de acreditar sus extremos, ésta ofreció la prueba pericial en materia de Grafoscopía (foja 73) respecto de la cual, mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (foja 128) se desechó la prueba referida. CUARTO. Continuación de la audiencia constitucional. Finalmente, al quedar integrado debidamente el presente asunto con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 59) y sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (foja 132) se llevó a cabo la continuación de la audiencia constitucional del presente juicio, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la falta de llamamiento a un juicio sucesorio; lo que es susceptible de afectar irreparablemente el derecho fundamental de audiencia previa de la quejosa, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que se trata de una omisión; de ahí que si dicho acto, por su naturaleza no requiere de ser ejecutado, entonces la competencia se determina por virtud del lugar en que se presenta la demanda de amparo, que en el caso ocurrió ante este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, y su ampliación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, corresponde al que se describe a continuación: La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario radicado con el número ******************** del índice del juzgado responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. ES CIERTO el acto reclamado al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz (foja 59). Lo anterior, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe (cuaderno de pruebas anexo a constancias) pues de éstas se advierte la omisión atribuida. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. Previamente a la resolución del asunto y por cuestión de método en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, procede resolver el Incidente de Falsedad de Documentos promovido por la tercera interesada, ********************, quien objetó de falsedad el escrito de demanda de amparo, por no corresponder a las personas que aparecen como promoventes del presente juicio. Lo anterior es infundado. MARCO NORMATIVO En principio conviene precisar que la prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, ya que, para llegar a una u otra conclusión, no basta una simple comparación por parte del juzgador, de una con la otra, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad a través de dicha prueba que deben desahogarse por quienes cumplen los requisitos para tal efecto. En lo conducente, orienta a lo anterior la jurisprudencia y tesis que son del tenor siguiente: FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. FIRMA. LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR SI ES O NO ORIGINAL LA. ES LA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. La prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, por la razón de que no basta su simple comparación con otra por parte del juzgador, sino que es necesario llevar al cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad al través de la prueba de referencia. Por su parte el artículo 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es del contenido siguiente: ARTICULO 84.- El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación subsiste Conforme a dicho numeral, se puede distinguir que la carga de la prueba corresponde a quien afirma un hecho. De esta forma, en la hipótesis de la objeción de una firma, corresponde a la objetante la carga probatoria para acreditar tal extremo. Por analogía de razón orienta a lo anterior el criterio que se contiene en la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio comparte el suscrito y que es del contenido siguiente: INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL PERITO OFICIAL DETERMINA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR EL DICTAMEN EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA RESPECTIVO CON LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN AUTOS, POR NO SER IDÓNEOS PARA ELLO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN LO PROMOVIÓ. Hechos: El autorizado de la tercero interesada promovió incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto; el Juez de Distrito lo declaró procedente pero infundado, debido a que el perito oficial manifestó que le era imposible realizar el dictamen en materia de grafoscopia correspondiente con los documentos existentes en autos, por no ser contemporáneos al impugnado, ya que la carga de la prueba correspondía a la parte que objetó la firma; inconformes con dicha resolución, el quejoso y la tercero interesada -por conducto de su autorizado- interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que si en el incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto, el perito oficial determina que no es posible realizar el dictamen en materia de grafoscopia respectivo con los documentos existentes en autos, por no ser idóneos para ello, la carga de la prueba corresponde a quien lo promovió. Justificación: Lo anterior, en virtud de que en un juicio las partes están obligadas a aportar las pruebas que acrediten los hechos que controviertan, siempre bajo su propio interés, sobre todo si, como en el caso, quien planteó la objeción estuvo en condiciones de aportar los medios de convicción que estimara conducentes en el periodo que se aperturó para tal efecto, pues no basta que objete, sino que con las pruebas correspondientes deberá probar su objeción; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba, máxime que el Juez de amparo no puede perfeccionar el planteamiento del incidentista. ANTECEDENTES En torno al incidente de falsedad de la firma que calza el escrito de demanda, de constancias de autos se desprenden los antecedentes que sucintamente son de la relación siguiente: El veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 64-65) tuvo lugar la audiencia constitucional del presente juicio, misma que se suspendió al haberse promovido el incidente de falsedad de documento por la tercera interesada (foja 55) específicamente en cuanto al que corresponde a la demanda del presente juicio de amparo. A fin de acreditar sus extremos, la promovente incidentista ofreció la prueba pericial en materia de Grafoscopía (foja 73); sin embargo, mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (foja 128) se desechó la prueba referida. SUBSUNCIÓN En ese contexto normativo y fáctico que precede, se concluye que la tercera interesada no cumplió con la carga probatoria para acreditar la falsedad que atribuye a la demanda de amparo que genera el presente asunto. Lo anterior es así, pues aun cuando es cierto que ofreció la citada prueba pericial en materia de grafoscopía, no menos cierto es que ésta se desechó al tenerse por desinteresada en cuanto a su desahogo. CONCLUSIÓN En tales términos al no existir prueba idónea que determine la falsedad de la firma que atribuye al documento en mención, procede declarar infundado el citado incidente de objeción de documento que ocupa el estudio de este considerando. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie. En el caso, respecto de la quejosa ********************, se actualiza la causa de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, al haber tenido pleno conocimiento de la existencia y sustanciación del juicio natural al que incluso ha comparecido. Y en el caso de los diversos quejosos, ********************, se actualiza la causa de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el juicio sucesorio al que pretenden ser llamados, aún no concluye -de ahí que se encontraban obligados a incorporarse a la relación jurídico-procesal que de allí se deriva; interponer el medio ordinario de defensa a fin de anular, en su caso, las fases procesales que hayan transcurrido, a fin de reponer el procedimiento conforme a su interés convenga; pero sobre todo, porque la falta de llamamiento al juicio que aquí se combate, ya no causa afectación a su interés jurídico combatido, pues ha precluido el derecho de reclamo de herencia, por haber transcurrido más de diez años desde el fallecimiento del autor de esa sucesión, según se explica enseguida. MARCO NORMATIVO Los preceptos legales antes citados, en su parte respectiva, son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" En principio, respecto del tema vinculado con los terceros extraños a juicio que se determina por la segunda de las fracciones trascritas del artículo 61 y la VI del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, se tiene que de la interpretación sistemática de esos artículos, en el caso del segundo, a contrario sensu, se deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro o fuera de juicio, cuando la persona que lo promueva no tenga el carácter de tercero extraño en el procedimiento. En el primero de los aludidos artículos se establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que dicha causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Ahora, en el caso del segundo, ha de tenerse en cuenta que una de las distintas técnicas de integración de normas jurídicas, mediante la cual se colman lagunas existentes en el cuerpo normativo, es la interpretación en sentido contrario o a contrario sensu, la cual precisa que, si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a estudio, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. En cuanto al segundo de los preceptos trascritos se establece que la protección del juicio de amparo para la persona extraña a juicio. Acorde con las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Esto denota la existencia de dos supuestos de persona extraña al procedimiento: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado; el primero es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila y, el segundo, el sujeto que formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio por haber sido ilegalmente emplazado para contestar la demanda o por no haber sido señalando como demandado en el juicio natural y, por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Ahora bien, la afectación que resiente una persona extraña a juicio no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y pueda demostrar, sea con relación al bien debatido en el juicio; con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse; es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan a todo gobernado los derechos de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio o en su ejecución, sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esas condiciones, cuando dentro del juicio o en ejecución de sentencia se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el proceso, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Da respaldo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la diversa VII.2o.C. J/21 que se lee: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a renunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Y por analogía, también es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De allí que, si la parte quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento, existe la obligación del juzgador de amparo de identificar si efectivamente de las constancias apareciere que tuvo conocimiento o no del juicio de origen, ya sea dentro de éste o después de concluido, lo que permitirá conocer el verdadero carácter con el que comparezca al juicio constitucional. Es decir, el juicio de amparo será procedente si efectivamente quien se ostente como tercera extraña al juicio, no hubiere tenido conocimiento de éste, ya sea porque no se le hubiere emplazado; en su defecto o, siendo parte, porque se le emplazó de manera ilegal. De ahí que, si de las constancias que obran en el expediente de origen está acreditado que el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural en el que le competa participar y que, por ende, tuvieron la oportunidad de comparecer tanto a ejercitar su derecho de defensa, como la de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, entonces el amparo en la vía indirecta es improcedente porque no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que deja de ser persona extraña al juicio por equiparación al no poder considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses, en contravención del artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, en razón de que, conforme al criterio sostenido por ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado lo constituya la falta de emplazamiento a juicio o su ilegalidad y, antes de que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento respectivo, el promovente del amparo tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al mismo, ello es suficiente para estimar que pierde el carácter de extraño al juicio, ya que estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídica-procesal y ejercer su derecho de audiencia en el controvertido natural. Criterio que se contiene en la jurisprudencia 1ª/J. 67/2013 (10a.) que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.', en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Y en la diversa 2ª/J. 47/2011 (10a.) que se lee: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso de la falta de emplazamiento o de la ilegalidad del llamado a los juicios sucesorios, es importante destacar lo relativo a los siguientes tópicos. Primero que en los artículos 612, 613 y 617 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se dispone lo siguiente: ARTICULO 612. Si la declaración de herederos la solicitaren parientes colaterales dentro del cuarto grado, el juez, después de recibir los justificantes del entroncamiento y la información testimonial relativa, mandará fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar, los nombres y el grado de parentesco de los que reclaman la herencia, llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de treinta días. El juez, prudentemente, podrá ampliar el plazo anterior, cuando por el origen del difunto u otras circunstancias, se presuma que puede haber parientes fuera de la República. Los edictos se insertarán, además dos veces, de diez en diez en la "Gaceta Oficial" del Estado y en un periódico de amplia circulación en la localidad, si el valor de los bienes hereditarios excediere del valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. ARTICULO 613. Transcurrido el término de los edictos, a contar desde el día siguiente de su publicación, si nadie se hubiere presentado, el juez, trayendo los autos a la vista, hará la declaración prevenida en el artículo 610. Si hubieren comparecido otros parientes, el juez les señalará un término no mayor de diez días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes del parentesco, procediéndose como se indica en los artículos 608 a 612. ARTICULO 617. Después de los plazos a que se refieren los artículos 612 y 613, no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero les queda a salvo su derecho para que lo hagan valer en los términos de ley contra los que fueren declarados herederos. De dichos numerales se desprende el procedimiento previsto para el llamamiento -a través de avisos que se fijen en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado (así como la publicación de edictos) anunciando su muerte sin testar, los nombres y el grado de parentesco de los que reclaman la herencia- a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de treinta días, el cual se podrá ampliar cuando se presuma que puede haber parientes fuera de la República. En el entendido de que, si nadie se hubiere presentado en el término de los edictos, el juez hará la declaración de herederos, previa junta de estos que se celebrará en audiencia dentro de los seis días siguientes de la promoción del juicio, a fin de designar albacea; salvo que el heredero fuere único o si los interesados dieron previamente su voto por escrito o en comparecencia, pues en tal caso se omitirá la citada junta y se hará la declaración de herederos y el juez hará la designación de albacea, quien tendrá el carácter de definitivo. En el caso de que hubieren comparecido otros parientes, el juez les señalará un término no mayor de diez días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes del parentesco en los términos precisados en los diversos artículos 608 a 612. Ahora bien, del último de los trascritos numerales, se desprende que, después de los plazos a que se ha hecho referencia, no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero les queda a salvo su derecho para que lo hagan valer en los términos de ley contra los que fueren declarados herederos. Segundo, en los artículos 589 a 593 de la codificación procesal civil del Estado de Veracruz, se dispone lo siguiente: ARTICULO 589 En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones simultáneamente, cuando no hubiere impedimento de hecho. ARTICULO 590 La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I.-El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II.-Las notificaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.-Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea o interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV.-Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de tutores; V.-Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. ARTICULO 591 La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I.-El inventario provisional del interventor; II.-El inventario y avalúo que forme el albacea; III.-Los incidentes que se promuevan; IV.-La resolución sobre inventarios y avalúos. ARTICULO 592 La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- La comprobación de haberse cubierto los impuestos fiscales. ARTICULO 593 La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.-El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.-El proyecto de partición de los bienes; III.-Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV.-Los arreglos relativos; V.-Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.-Lo relativo a la aplicación de los bienes. De los numerales anteriores se desprende que todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones simultáneamente, cuando no hubiere impedimento de hecho y que sustancialmente son: la primera sección se llamará de sucesión; la sección segunda se llamará de inventarios y avalúos; la tercera sección se llamará de administración, y la cuarta sección se llamará de partición y división de bienes. De esa forma, la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a las primeras de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión, y en su caso para promover la petición de herencia; pero, como se dijo, siempre y cuando no haya prescrito el derecho a pedir herencia. Lo anterior se orienta por la tesis que es del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión. Tercero, el derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos, según lo dispuesto en el diverso artículo 1585 del Código Civil del Estado de Veracruz que es del contenido siguiente: ARTICULO 1585. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos. Ahora bien, para realizar el cómputo de la citada prescripción, se ha sostenido, con base en la jurisprudencia 551, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro electrónico 1013150, de rubro: "SUCESIONES. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.", que el instante en que debe empezar a contarse el término de la prescripción extintiva de diez años a que se refiere la ley, es el momento en que el albacea es puesto en posesión de los bienes. De ahí que, si conforme al diverso artículo 616 del mismo Código Civil del Estado de Veracruz, la declaración de heredero de un intestado surte el efecto de tenerlo por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones; por consiguiente, es el auto en que se hace la declaratoria de herederos y se designa albacea, el que sirve de inicio para computar el plazo para la prescripción de la acción de petición de herencia. El criterio anterior se recoge del sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es del contenido siguiente: PETICIÓN DE HERENCIA. MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La acción de petición de herencia prescribe en el término de diez años, atento a lo dispuesto en el artículo 1585 del Código Civil para el Estado de Veracruz; y de acuerdo con la jurisprudencia 551, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro electrónico 1013150, de rubro: "SUCESIONES. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.";(1) en ella se establece que el instante en que debe empezar a contarse el término de la prescripción extintiva de diez años a que se refiere la ley, es el momento en que el albacea es puesto en posesión de los bienes. Entonces, si conforme al precepto 616 del citado ordenamiento, la declaración de heredero de un intestado surte el efecto de tenerlo por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones; por consiguiente, es el auto en que se hace la declaratoria de herederos y se designa albacea, el que sirve de inicio para computar el plazo para la prescripción de la acción de petición de herencia. Cuarto, por otra parte, se estima necesario precisar, conforme al criterio aislado y jurisprudencial que serán citados a continuación, que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción que, como en el caso del Estado de Veracruz, se destaca en el trascrito artículo 1585 del Código Civil. De ahí que, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa; sobre todo, porque actuar en forma contraria, se ha sostenido que ello implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama. Los criterios aludidos son de la trascripción siguiente: JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama. SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. Quinto, bajo el contexto de el punto anterior, se destaca la improcedencia de la falta de interés jurídico prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que la falta de emplazamiento combatida no separa perjuicio al interés jurídico del quejoso en el caso de que el derecho a solicitar herencia haya prescrito por el transcurso de los diez años a que hace referencia la norma trascrita. En efecto, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese. De ahí que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Ahora bien, atendiendo a que los aquí quejosos se ostentan como terceros extraños al juicio sucesorio natural en relación con el cual aducen tener el derecho para ser reconocidos como herederos del autor de esa sucesión, entonces debe tenerse en cuenta que, aún bajo esa hipótesis, es decir, que el juicio promueve el amparo sea promovido por quien se considera tercero extraño a juicio, entonces, conforme lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, le es aplicable el principio general de procedencia consistente en que sólo puede promoverse a instancia de parte afectada. De ahí que, el quejoso que promueva el citado juicio de amparo, aún en su carácter de tercero extraño a un juicio sucesorio, debe demostrar que las actuaciones del juicio al que se dice ajeno o que deriven del mismo y que se reclaman, le ocasionan un agravio actual, inmediato y directo, pues el acreditamiento de la afectación a su interés jurídico resulta necesario para determinar, incluso, la oportunidad para promover el amparo, ya que, en tal caso, el término relativo empezará a partir de que se actualiza la hipótesis que genera el derecho a comparecer a aquel juicio y que su falta de atención al mismo (llamado) determina el acto que le causa perjuicio jurídico y que lo legitima a promover el amparo. De otra forma, para que un juicio de amparo satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario que el ejercicio de la acción constitucional tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De esta forma, atendiendo a que el acto reclamado está vinculado con el ejercicio del derecho para solicitar herencia, conviene destacar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia. Ello es así, pues se tiene cuenta que, si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción. Lo anterior se ve orientado por la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo criterio se comparte por el suscrito, sobre todo porque la norma civil de interpretación corresponde sustancialmente al mismo contenido de la anteriormente trascrita para el Estado de Veracruz, y que es del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES En ese contexto, de las constancias mencionadas en la audiencia que precede (cuaderno de pruebas) relativas al juicio sucesorio intestamentario ******************** del índice del Juzgado responsable, en lo que aquí importa destacan los antecedentes que motivan el presente juicio de amparo: 1). Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil siete, ******************** promovió sucesión intestamentaria a bienes de ********************, a fin de que se le reconociera como única y universal heredera de este y quien también adujo desconocer persona alguna con derecho que le sobreviva al de cujus (fojas 1-2). 2). Por auto de trece de febrero siguiente, el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, acordó: dar curso a la demanda; radicarla con el número de juicio ********************; dar vista a la fiscalía adscrita a ese órgano jurisdiccional; fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y, requerir los informes respectivos sobre la existencia de disposición testamentaria alguna otorgada por ******************** (foja 5). 3). Habiendo acreditado la existencia de una propiedad registrada en favor del autor de la sucesión, respecto del cual se adujo se encuentran arrendados dos locales comerciales (fojas 7-19) mediante auto de veintiuno de febrero de dos mil siete (foja 5vta.) el juez responsable ordenó requerir a los arrendatarios, a fin de que depositaran los pagos de las rentas correspondientes; lo que se empezó a realizar a partir del once de abril de dos mil siete (foja 34vta). 4). El quince de agosto de dos mil siete (fojas 44vta-49) se llevó cabo la audiencia prevista en el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en el que se recibió la información testimonial en relación con la existencia de herederos y con base en la cual, el diecinueve de septiembre de dos mil siete (fojas 54-55) se dictó la interlocutoria en la que se declaró como única y universal heredera del autor de la sucesión, a la promovente del mismo, aquí tercera interesada, como hija del de cujus, y también se le designó como albacea definitiva de ese murtual, mismo cargo que fue aceptado mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil siete (fojas 58vta.). 5). En auto de treinta de mayo de dos mil doce (foja 161) se concedió la petición a la promovente del juicio, a fin de que se separar del mismo y lo concluyera ante el Notario Público de su elección. 6). Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil trece (foja 163) la aquí quejosa, ********************, compareció ante la autoridad responsable a solicitar que se le diera intervención en ese juicio y se le reconociera la calidad de esposa supérstite del de cujus, y a quien, en auto de veintinueve de enero de dos mil trece (fojas 165) se le tuvo por presentada presentando el acta de matrimonio que la identifica como esposa del finado. 7). Luego en auto de veintiocho de octubre de dos mil trece (foja 169) se tuvo a la promovente de ese juicio mortual, reincorporándose al mismo y, en el de cinco de diciembre de ese mismo año, se abrió la sección segunda de ese juicio, relativo a la de inventario y avalúo (foja 171) en el que se tuvo por aceptado al perito propuesto para realizar la valuación del bien inmueble materia de la masa hereditaria, quien aceptó el cargo (foja 172) y presentó el avalúo encomendado (fojas 174-175). 8). En auto de trece de enero de dos mil quince (foja 180) se tuvo a la aquí tercero interesada presentando el inventario y avalúo de bienes de esa sucesión (fojas 177-179). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se vio, la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, radicado con el número ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Ahora bien, aunado a que de los antecedentes del asunto se colige, que si bien la única y universal heredera y albacea definitiva solicitó y se le autorizó la separación de la prosecución del juicio sucesorio de origen, para continuarlo ante el Notario Público de su elección, lo cierto es que el citado juicio sucesorio intestamentario no se encuentra concluido. Esto es así, ya que la promovente del mismo se reincorporó a la instancia judicial de origen, solicitando la apertura de la sección segunda de dicho juicio, el cual no se advierte resolución alguna que determine la conclusión siquiera e esa fase procesal; siendo así el estado procesal de ese juicio. Ahora bien, en cuanto a la quejosa ********************, se desprende de autos que ésta conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que aduce no haber sido llamada, pues incluso compareció a solicitar que se le reconociera el carácter de cónyuge supérstite Luego, es incuestionable que resulta improcedente el presente juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tenía la posibilidad de comparecer al juicio natural y, en su caso, impugnar dicho llamamiento a través de los medios legales que para tal efecto establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en particular, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los numerales 55 y 90 de dicho ordenamiento y, de llegar a resultar desfavorable la resolución del medio de defensa, podía atacar esa violación procesal, incluso mediante el juicio de amparo directo que promoviera contra la sentencia definitiva que se llegara a dictarse en el juicio sucesorio de origen o, de otra forma, si así conviniera a sus derechos, proceder conforme lo dispone el diverso artículo 617 del citado Código Civil del Estado de Veracruz, esto es, ejercer el derecho correspondiente contra los que fueren declarados herederos. Por tanto, si como ya se dijo, el juicio de amparo procede contra actos dentro del juicio siempre que se promueva por un tercero extraño; sin embargo, en autos quedó demostrado que la quejosa ******************** no tiene tal carácter, pues -se insiste- al día de la presentación de la demanda, en el que el juicio sucesorio intestamentario de origen no se encontraba concluido, se puede establecer que la impetrante de amparo conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada, pues compareció al mismo con la pretensión de que le fuera reconocido el carácter de cónyuge supérstite, aun cuando tampoco se advierte que haya continuado con la prosecución de su llamado en el citado juicio sucesorio. Por tanto, es claro que no se puede atribuir a ******************** el carácter de tercera extraña a juicio, ni aún por equiparación con el que se ostenta y de ello deviene improcedente el juicio de amparo que promovió en su favor. No es obstáculo a lo antes concluido, la circunstancia que la parte quejosa enfatiza el hecho de que no ha sido oída ni vencida en juicio, ni se le ha otorgado oportunidad de defensa en el sumario a que se ha venido haciendo referencia al ocultarle la tramitación y no haber sido emplazada, pues al respecto es importante destacar que el Máximo Tribunal del País ha definido que cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y los promoventes del amparo tienen conocimiento del juicio sucesorio al que pretenden comparecer, antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que no se les ha dejado en estado de indefensión. Ello es así, pues tienen la oportunidad de alegar y defenderse, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente, en perjuicio de sus intereses, ya que, si bien es cierto, de encontrase la parte quejosa en ese supuesto no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural, no obstante que no se encuentre firme. Lo anterior es así, pues si se toma en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de la sentencia del juicio natural, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño la parte quejosa que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, o tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. Por su parte, en el caso de los diversos quejosos, ********************, es evidente que también se concreta el motivo de improcedencia que ha quedado precisado en esta sentencia, ante la evidente prescripción del derecho para reclamar herencia en aquel mortual de origen. Lo anterior es así, pues se tiene en cuenta que de las constancias de autos del juicio natural, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil siete (fojas 54-55) se dictó la interlocutoria en la que se declaró como única y universal heredera del autor de la sucesión, a la promovente del mismo, aquí tercera interesada, como hija del de cujus, y también se le designó como albacea definitiva de ese murtual, mismo cargo que fue aceptado mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil siete (fojas 58vta.). De ahí que, si el plazo de prescripción corrió para estos a partir del día siguiente en el que se aceptó tal cargo por la albacea definitiva, esto es, diecisiete de octubre de dos mil siete, entonces, dicho plazo concluyó hasta el día dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Por tanto, si la demanda de amparo se promovió el veintinueve de abril de dos mil veintidós, cuando ya había prescrito el derecho de petición de herencia, entonces es evidente que el presente juicio constitucional deviene improcedente al no afectar ya la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza las causas de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En los términos anteriores, es menester precisar que no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por los peticionarios de amparo, pues al actualizarse de manera indudable las causas de improcedencia invocadas, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones que quedaron vertidas en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.

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