Victoria Arias García

Expediente 1023/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1023/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Victoria Arias García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1023/2023, promovido por ********************, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1023/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito. 56 a 57 Cierto San Andrés Tuxtla, Ver. 2. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional. 38 Cierto (Resolvió) Xalapa, Ver. De las que reclama: Del 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito en San Andrés Tuxtla, Veracruz, le reclama: El haber dictado mediante resolución judicial, la expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de ********************. Del 2. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, en Xalapa, Veracruz, le reclama: La expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de ********************, que amparan diversas parcelas ejidales pertenecientes al Ejido de Loma de Sogotegoyo, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. En auto de trece de octubre de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. SEGUNDO. En interlocutoria de dieciséis de noviembre de la presente anualidad este juzgado resolvió la suspensión definitiva en relación con la autoridad identificada con el número 2 reservándose por la restante, es decir, la señalada con el arábigo 1. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual les confiere el carácter de documento público, por lo que tiene valor de prueba plena. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, reconoció la existencia del acto que se le reclama, como se aprecia en su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, el suscrito, con los elementos que se desprenden de la demanda y del informe previo rendido por la autoridad responsable, procede a acordar: En primer término, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 139, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el escrito de demanda, respecto de haber dictado mediante resolución judicial, la expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de ********************, que amparan diversas parcelas ejidales pertenecientes al Ejido de Loma de Sogotegoyo, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, ya que, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que dichas actuaciones ya fueron realizadas, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sea inconstitucional, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que se exponen en el considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito XL de San Andrés Tuxtla, Veracruz, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmense dos cuadernos de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el veintiocho de noviembre del año en curso, es claro que el plazo de ocho días de vista a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Finalmente, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en auto de trece de octubre de la presente anualidad, se le solicitó copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe; por tanto, dígasele que una vez que causa estado la sentencia que en su momento se dicte en este asunto, se le devolverán los autos originales que remite; en el entendido de que de ser necesario para continuar proveyendo en estos, podrá solicitar su devolución a fin de no entorpecer la administración de la Justicia, en términos del artículo 17 Constitucional, previa copia certificada de los mismos que envíe para su sustitución. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito XL de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo de siete de noviembre de la presente anualidad, rectifica su informe previo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO y rectificando el mismo, por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1023/2023, promovido por VICTORIA ARIAS GARCÍA, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. De igual forma, da cuenta de que no obra constancia en el sumario que acredite que la autoridad responsable 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, haya recibido el oficio 32187 de fecha siete de noviembre del presente año, mediante el cual le requiere aclare su informe previo. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Por otro lado, puesto que a la fecha no existe constancia de que la responsable 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, haya recibido el oficio por el cual se le solicita aclare su informe previo, y ya que dicha autoridad funciona fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, resulta razonable estimar que el oficio de referencia se encuentra en tránsito de correos del Servicio Postal Mexicano; por tanto, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, SE RESERVA la celebración de la audiencia respecto de dicha autoridad, y se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia respectiva. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1023/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. VICTORIA ARIAS GARCÍA, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito. - Reserva San Andrés Tuxtla, Ver. 2. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional. 38 Cierto Xalapa, Ver. De las que reclama: Del 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito en San Andrés Tuxtla, Veracruz, le reclama: El haber dictado mediante resolución judicial, la expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de MARÍA MATÍAS GARCÍA. Del 2. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, en Xalapa, Veracruz, le reclama: La expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de MARÍA MATÍAS GARCÍA, que amparan diversas parcelas ejidales pertenecientes al Ejido de Loma de Sogotegoyo, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. En auto de trece de octubre de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual les confiere el carácter de documento público, por lo que tiene valor de prueba plena. CUARTO. Presunción de los actos reclamados. La autoridad 2. Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, al rendir su informe previo negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, de la lectura del propio informe previo se advierte que la autoridad afirma que en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario 741/2017 Tribunal Unitario Agrario del distrito Cuadragésimo Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, fueron expedidos el certificado de derechos parcelarios 1117219, 1117221, 1117222 y 1117223 que amparan las parcelas 36, 253, 293 y 471 del ejido Loma de Sogotegoyo, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a favor de María Matías García, así como fue expedido el título de propiedad número 1034661, que ampara el solar 1 de la manzana 28 del referido ejido. De ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, el suscrito, con los elementos que se desprenden de la demanda, procede a acordar: En primer término, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 139, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el escrito de demanda, respecto de haber dictado mediante resolución judicial, la expedición de los cuatros certificados agrarios y un título de propiedad favor de MARÍA MATÍAS GARCÍA, que amparan diversas parcelas ejidales pertenecientes al Ejido de Loma de Sogotegoyo, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, ya que, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que dichas actuaciones ya fueron realizadas, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sea inconstitucional, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se RESERVA la celebración de la audiencia respecto de los actos reclamados a la autoridad denominada 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; por los motivos precisados en la audiencia; por tanto, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental respecto de esta autoridad. SEGUNDO. Se NIEGA a VICTORIA ARIAS GARCÍA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que se expone en el considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

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