Victoria Armas Cerda
Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victoria Armas Cerda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de julio de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término de quince días hábiles, concedido a la parte quejosa para la ampliación de la demanda de garantías. Lo anterior, derivado de la vista ordenada en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, respecto del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Administrador de Rentas, con sede en esta ciudad, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, sin que lo haya hecho. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo de veintiocho de junio próximo anterior, esto es, continúese con el trámite del presente juicio únicamente por el acto reclamado por el cual fue admitida a trámite la demanda de garantías. Ahora bien, del estado procesal de autos, particularmente del informe justificado rendido por el indicado funcionario, se advierte la manifestación realizada en el sentido de que sí es cierto el acto reclamado; asimismo, de su propio contenido se obtiene que en la especie se ha actualizado una causal de improcedencia del juicio. En efecto, de la literalidad del escrito de la demanda de garantías se obtiene, medularmente, que la quejosa Victoria Armas Cerda, reclama lo siguiente: La emisión del oficio número 208/2021, de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Administrador de Rentas de esta ciudad, como respuesta a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 91/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la propia agraviada. Sin embargo, la autoridad responsable Administrador de Rentas, con sede en esta ciudad, en su informe justificado rendido por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, hizo del conocimiento que esa dependencia administrativa emitió el diverso oficio 350/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, a través de cual, nuevamente se dio contestación a la petición inicial de treinta de septiembre del año anterior, el que refirió fue notificado a la quejosa el siete del propio mes y año, y al efecto remitió copia certificada de las constancias correspondientes. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ante tal narrativa, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, y por lo tanto, se SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. En efecto, el invocado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Cabe precisar, que la cesación de efectos significa que la autoridad que emitió el acto deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del presente juicio, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, lo que se traduce en la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Reparación que consiste en la restitución a la parte agraviada de la garantía constitucional violada, para restablecer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que la propia norma legal exija. Sustenta lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: Tesis: 2ª./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 1 de 1 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pag. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, como fue especificado, se hace consistir en la emisión del oficio número 208/2021, de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Administrador de Rentas de esta ciudad, como respuesta a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, tendente a la expedición en su favor de un certificado que hiciera constar la inscripción catastral de un predio urbano ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria número 13, de la población de Jicalán, municipio de esta ciudad, así como el número de cuenta predial y catastral y el nombre de la persona respecto de la cual se encuentra inscrito; ello, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 91/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la propia quejosa Victoria Armas Cerda. Entonces, es evidente que la autoridad responsable, al haber dado contestación a la petición realizada por la quejosa, a través del diverso oficio 350/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, en los términos en él establecidos, ya sea en forma positiva o negativa conforme a las pretensiones de la promovente del amparo, se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia; por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efecto legal alguno. En tales condiciones, es inconcuso que el acto que reclama la parte quejosa y sus consecuencias legales, al quedar sin efectos, dejó de afectar su esfera jurídica; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, como fue anticipado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, se determina dejar sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos, específicamente del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración, a nombre de la autoridad responsable Administrador de Rentas, con sede en esta ciudad, se advierte que admitió la existencia del acto reclamado consistente en: ~ La emisión del oficio número 208/2021, de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Administrador de Rentas de esta ciudad, como respuesta a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 91/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la quejosa. Asimismo, dicha autoridad responsable, en el propio informe de ley, hizo del conocimiento que esa dependencia administrativa emitió el oficio 350/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, a través de cual, se dio contestación a la petición inicial de treinta de septiembre del año anterior, el 15/08/21 09:35:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.61 MARIO ALVEZ CUEVASque refirió fue notificado a la quejosa el siete del propio mes y año. Consecuentemente, a fin de no violar las normas que rigen el juicio de amparo y evitar dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, habida cuenta que se puede optar por la ampliación de la demanda de garantías en contra de dicha contestación a su petición y su respectiva notificación; con apoyo en los artículos 111, fracción II, en relación con los numerales 117 y 119, todos de la Ley de Amparo, dése vista personalmente a la promovente del presente juicio con el informe justificado y documental de referencia, a efecto de que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia VI.1º.A. J/48, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1728 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya 15/08/21 09:35:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.61 MARIO ALVEZ CUEVASPRAL. 212/21 promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." De igual manera, cobra aplicación la tesis VI.1º.A.59 K (9ª.), sustentada por el referido órgano jurisdiccional, que puede ser consultada en la página 1605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, tomo 3, Décima Época, Materia Común, del siguiente tenor literal: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OTORGAR DICHO DERECHO PROCESAL, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, AUN CUANDO ÉSTA SEA POSTERIOR A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO QUE NO HA CAUSADO ESTADO. Cuando se promueva un juicio de garantías por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable emita una respuesta a la petición del quejoso con posterioridad al dictado de la sentencia emitida por el Juez de Distrito y antes de que cause estado la misma, dicha respuesta constituye una actuación que a fin de lograr la debida integración de la litis constitucional y partiendo de que el fallo no ha quedado firme, debe hacerse del conocimiento del quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses esté en aptitud de ampliar la demanda de amparo en su contra. Por lo que el Tribunal Colegiado, al conocer del recurso de revisión y por encontrarse dotado de plenitud de jurisdicción para conocer del asunto, debe revocar la resolución recurrida y ordenar al Juez de Distrito que deje insubsistente la audiencia constitucional y reponga el procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicado por analogía, en cuanto se estima que subsiste el mismo objetivo teleológico, ante un beneficio jurídico-práctico para el quejoso y en aras de una impartición de justicia completa en términos del artículo 17 constitucional, pues si bien el motivo legal para proceder a la reposición del procedimiento no deriva de la actuación procesal del Juez de Distrito, ya que el mismo se origina después de haberse agotado su facultad jurisdiccional ante el dictado de la sentencia definitiva, la actuación de la autoridad responsable trasciende en última instancia al derecho fundamental de justicia completa consagrado en el artículo 17 constitucional, por lo que dicha actuación debe notificarse personalmente al quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses, de ampliar la demanda de amparo en su contra dentro del término de quince días en el propio juicio de amparo de origen, mas no obligarlo a la promoción de un nuevo juicio de garantías en contra del propio acto, ya que al tratarse dicha respuesta y su notificación de actos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de los principios de concentración y economía procesal consagrados en dicho derecho fundamental." Lo anterior, sin perjuicio de que si es su deseo ampliar o presentar una nueva demanda por diversas cuestiones originadas con motivo de la emisión de tal informe de ley y 15/08/21 09:35:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.61 MARIO ALVEZ CUEVASprevención que se le formula, lo haga dentro del término de quince días y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ser así, deberá ajustar su escrito de ampliación con los requisitos que establece el artículo 108 de la invocada legislación. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, se continuará con el trámite del juicio únicamente por el acto reclamado por el cual fue admitida la demanda de garantías; en el entendido de que el diverso término de quince días del que dispone la promovente para la ampliación de la demanda, no interfiere para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez integrado el expediente se podrá celebrar, pues en todo caso, la agraviada podrá promover un nuevo juicio de amparo, si así lo desea. Tienen aplicación sobre el particular, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, página 1071, del epígrafe: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO RELATIVO DEBE PRESENTARSE ANTES DEL INICIO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO ÉSTA SE HAYA SUSPENDIDO. El hecho de que en la Ley de Amparo no se encuentre prevista la figura jurídica de la ampliación de la demanda no significa que no pueda plantearse, sin embargo, no puede hacerse en cualquier momento del procedimiento, pues para que sea procedente es menester que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la mencionada ley, esto es, a partir del conocimiento de los actos que se pretenden combatir y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, tal como lo dispuso el Pleno del más Alto Tribunal del país en la jurisprudencia P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época. Ahora bien, el supuesto "antes de la celebración de la audiencia" a que se refiere dicha jurisprudencia, debe entenderse no sólo cuando la audiencia constitucional inicia y concluye, sino también, cuando una vez iniciada por alguna razón se suspende; por ende, para que proceda la ampliación es necesario que el escrito relativo se presente antes del inicio de la citada audiencia y no para aquella en que se continúa, pues el hecho de que se haya suspendido no significa que no se haya celebrado." DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En vista de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para este día, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Glósese el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Administrador de Rentas, con sede en esta ciudad, por conducto del Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado, con vista a las partes. PRUEBAS. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su naturaleza, la documental remitida en apoyo a dicho informe de ley, para los efectos legales correspondientes; sin CARLOS RAFAEL BARRIOS SOLIS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.33.36 04/10/23 17:31:18 perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Se hace valer la prevista por el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Sin que se invoque alguna causal de sobreseimiento. DOMICILIO Y DELEGADOS. Con base en los preceptos 9 y 26, fracción II, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la autoridad responsable en cuestión para recibir oficios de notificación, el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, número 1016, tercer piso, esquina con Miguel de Cervantes Saavedra, colonia Ventura Puente, código postal 58020, en Morelia, Michoacán, así como delegados a Vanessa Galicia Gutiérrez, Fernando Genaro Arroyo Arriaga, Thania Yareli Ruiz García, Mariana Gutiérrez Rodríguez, Edgar Morales Magaña, Dolores Gil Ayala, María Guadalupe Morán Gil, Mercedes Bucio Juárez, Luis Manuel del Moral Zambrano, Claudia Marcela Monciváis Martínez, Juan Cortes Alvarado, Dulce Eugenia Farfán Bailón, Ana Isabel Estrada Tapia, Hilda Liliana Bautista Magaña, Sara Díaz Huante, Geraldine Marina Henríquez Escobar, Arturo Rangel Vilchis, Miguel Ángel Ventura Cisneros y María Guadalupe Barrón Patiño. PROPORCIONA MEDIO DE COMUNICACIÓN. Asimismo, téngasele proporcionando como medios de comunicación alternos el correo electrónico oficial dircontencioso@correo.michoacan.gob.mx, y teléfono 443 312 19 29, extensión 242; ello, con la finalidad de garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera, para en su caso recibir notificaciones. CARLOS RAFAEL BARRIOS SOLIS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.33.36 04/10/23 17:31:18 ??????????????? ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, como se advierte de autos, se encuentran programadas las nueve horas con doce minutos del dos de junio del presente año para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que en el presente proveído se otorga a las partes el término de ocho días que establece el invocado numeral 117 de la ley de la materia, para que se impongan del contenido del informe justificado de referencia y puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, es evidente que dicha audiencia no podrá llevarse a cabo al estar transcurriendo tal plazo. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, en obsequio a la economía procesal, la audiencia constitucional señalada para dicha fecha se difiere anticipadamente, cuya data indicada queda sin efecto legal alguno, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P.J. 54/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE.
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