Victoria Alcazar Villanueva

Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
199/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Victoria Alcazar Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    III. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y resolución en donde se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Finalmente, respecto del billete de depósito N-750240, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió la parte quejosa Victoria Alcázar Villanueva, a efecto de garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados (foja 30 a 35), hágase del conocimiento de la citada peticionaria de amparo, que en resolución de uno de junio de dos mil diecisiete se dejó a su disposición, notificándose a su autorizado dicha determinación el dos de junio del citado año (fojas 36); por lo que se encuentra transcurriendo el término de dos años a efecto de que comparezca ante este juzgado para recogerlo.

  2. Principal

    III. Del estado de autos se advierte que por proveído de cuatro de junio del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  3. Principal

    III. Agréguense el oficio y anexo que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de tres de mayo del año en curso, remite copia de diversas constancias, por las que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 2ª./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, con el epígrafe siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."

  4. Principal

    III. Del estado de autos se advierte que en proveído de seis de abril del año en curso, se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en los Reyes, Michoacán, informando la imposibilidad que tuvo el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, para efectuar la cancelación del embargo practicado el diez de agosto de dos mil dieciséis, respecto del predio urbano denominado "El Arenal", materia del acto reclamado, toda vez que los archivos registrales del municipio de Los Reyes, se localizan físicamente en esta ciudad, por lo que solicitó al Delegado de esta población realizara tal cancelación; sin que se encuentre constancia alguna de la que se advierta dicha circunstancia. Por tanto, requiérase a la citada responsable, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente acuerdo, remita las constancias de las que se advierta que se realizó la cancelación del embargo realizado en el predio materia del acto reclamado, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bajo apercibimiento de que si no lo hace en los términos anotados, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de no cumplir con el fallo protector sin causa justificada, se procederá de conformidad con el citado artículo, específicamente en los términos establecidos en el párrafo segundo; esto es, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, como lo establecen los diversos numerales 238 y 258 de la ley de la materia. De igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional tenga los elementos necesarios para calificar el cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Bajo la observación de que también deberá hacer llegar las constancias necesarias, debidamente certificadas, que demuestren dicho cumplimiento, sin pasar por alto lo determinado en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la tesis: Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007918 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 19 Jurisprudencia (Común) PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

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