Víctor Vladimir Sánchez Camacho
Expediente 1768/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2017
Partes del expediente
- Víctor Vladimir Sánchez Camacho
Actuaciones
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- Principal
II.- De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte a quejosa a quien podría causarle perjuicio el auto de veintiocho de noviembre de este año (fojas 43 a 46), donde se sobreseyó en el juicio, no lo recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 28 a 31), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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II.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AL TERCERO INTERESADO JORGE GARCES CRUZ Y TIENDAS GARCES S.A DE C.V. Y SE LES NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. La Secretaria. Toluca, México; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. El estado procesal de los presente autos evidencia que en auto de veinticuatro de noviembre del año en curso (foja 41), se tuvo por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, con residencia en Toluca, Estado de México y por recibida copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral J.3/309/2014. Ahora, en el presente juicio el quejoso Víctor Vladimir Sánchez Camacho reclama la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral J.3/309/2014, del índice estadístico de la Junta Especial Número Tres, con residencia en Toluca, Estado de México. Sin embargo, el veinticuatro de noviembre del año en curso se recibió el comunicado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, con residencia en Toluca, Estado de México, donde informó haber dictado laudo el catorce de septiembre del presente año, correspondiente al expediente de origen y, para acreditar su dicho, remitió copia certificada de tal actuación. Documentos a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejosa en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad ha sido omisa en dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral J.3/309/2014; sin embargo, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, con residencia en Toluca, Estado de México, informó que el catorce de septiembre del presente año, se dictó el laudo correspondiente y remitió copia del citado laudo; el cual se notificó a las partes hasta el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues aun cuando la Junta Especial Número Tres, con residencia en Toluca, Estado de México, aduce que el catorce de septiembre del presente año, dictó el laudo correspondiente al expediente laboral J.3/309/2014, lo cierto es que tal laudo se notificó a las partes contendientes en el juicio laboral de origen, hasta el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele el promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto del laudo que decidiera el juicio pendiente de resolución, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Alejandra Domínguez Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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II.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Perito oficial Heriberto Alvarado Castorena, a través del cual manifiesta que debido a la carga de trabajo con que cuenta, no le ha sido posible concluir el estudio solicitado, por lo que a la brevedad posible y en cuanto a la carga de trabajo se lo permita, dará a la petición formulada en el presente asunto. Por tanto, y toda vez que el perito oficial no ha sido contumaz en dar cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado, por conducto de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, requiérase nuevamente al perito oficial Heriberto Alvarado Castorena para que dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, emita el dictamen a su cargo, plazo que transcurrirá a partir de la notificación que se le practique de la presente determinación, apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cien veces, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. De igual forma, con la finalidad de que en autos quede acreditado que el experto Heriberto Alvarado Castorena tuvo conocimiento del presente proveído, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente determinación, remita a este juzgado copia certificada de la constancia que acredite la práctica de la notificación de este auto al perito de referencia, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo, bajo al apercibimiento que en caso de incumplimiento se hará efectiva en su contra de igual forma, la sanción pecuniaria citada con antelación. Ahora, la certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las doce horas con cinco minutos, como se precisó en auto de catorce de los corrientes, sin embargo, estando en espera y a fin de que se cumplimente lo ordenado en párrafos precedentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 119 y 123 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese y por oficio al perito oficial.
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Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 34902/2017, 34903/2017, 34905/2017, 34906/2017 y 34907/2017 (foja 291), dirigidos al Comisionado Nacional de Seguridad Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece con residencia en Oaxaca, Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce en el Estado de Durango y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, respectivamente, los cuales fueron enviados bajo el número de pieza postal RM071759103MX, RM071759117MX, RM071759125MX, RM071759134MX y RM071759148MX. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación de la presente determinación, remita el acuse correspondiente o la forma SPM-78 de las citadas piezas postales apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
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