Víctor Rubén Sánchez Villanueva
Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/01/2018
Partes del expediente
- Víctor Rubén Sánchez Villanueva
- Rubén Eduardo Sánchez Consuelo
- Andrea Fernanda Sánchez Consuelo
- Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
VIII.- Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente, se dictó el proveído siguiente: Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso y tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 131 a 135), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, del que se desprende que éste se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues mediante sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 63 a 90), se concedió el amparo y protección al quejoso (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Por lo que hace a los documentos exhibidos, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo establecido, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VIII.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso y tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 131 a 135), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, del que se desprende que éste se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues mediante sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 63 a 90), se concedió el amparo y protección al quejoso (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Por lo que hace a los documentos exhibidos, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo establecido, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
VIII.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso y tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 131 a 135), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, del que se desprende que éste se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues mediante sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 63 a 90), se concedió el amparo y protección al quejoso (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Por lo que hace a los documentos exhibidos, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo establecido, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
VIII.- Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído catorce de noviembre de la presente anualidad (foja 121), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en la audiencia conciliatoria de seis de junio de dos mil diecisiete, celebrada en el expediente 516/2012, por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la cual el aquí quejoso entregó de manera voluntaria a su menor hija Andrea Fernanda Sánchez Consuelo, y que reclama por vicios propios. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 65 a 90), este Juzgador emitió la sentencia correspondiente, en la que resolvió: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Víctor Rubén Sánchez Villanueva, en beneficio de sus hijos Rubén Eduardo y Andrea Fernanda ambos de apellidos Sánchez Consuelo, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." En ese orden de ideas, por auto de seis de noviembre de la presente anualidad (fojas 101 a 103), causó ejecutoria la sentencia referida por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez Supernumerario del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el cual debería ser en los términos siguientes: ".1. Deje sin efectos la audiencia conciliatoria de seis de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 516/2017; 2. Emita otra resolución, en la cual, deje intactos los lineamientos que la llevaron a resolver como lo hizo; 3. Exponga de manera fundada y motivada: a. Que en el sentido más amplio de protección a los menores Rubén Eduardo y Andrea Fernanda ambos de apellidos Sánchez Consuelo, ordene que los referidos menores, sus progenitores Víctor Rubén Sánchez Villanueva y Blanca Esthela Consuelo Estrada; conjunta o separadamente, reciban terapias psicológicas, con enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. b. De no llevar a cabo lo señalado en el inciso que antecede, haga efectivas las medidas necesarias a los progenitores de los menores, Víctor Rubén Sánchez Villanueva y Blanca Esthela Consuelo Estrada; incluyendo en su caso la imposición de hasta por treinta y seis horas de arresto, como lo señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, la suspensión o perdida de la guarda y custodia, por parte de los progenitores, conforme el artículo 4.102, fracción III, del Código Civil, ambos del Estado de México, para evitar que se sigan cometiendo contra los menores Rubén Eduardo y Andrea Fernanda ambos de apellidos Sánchez Consuelo, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. c. Que la participación de los referidos menores Rubén Eduardo y Andrea Fernanda ambos de apellidos Sánchez Consuelo en el juicio debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el menor deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación; c.1. Que esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el menor quede lo más protegida posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales; c.2. Que en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal del menor en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parada el lapso de espera). c.3. Que los referidos lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite al menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes. d. Que todo lo anterior, lo haga del conocimiento al Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación 554520360184914 y, tenerlo presente dentro del expediente 424/2017 de su índice, pues es en éste expediente que se pronunciará sobre el cambio de la guarda y custodia de los menores Rubén Eduardo y Andrea Fernanda ambos de apellidos Sánchez Consuelo y al régimen de convivencias al que tienen derecho los padres; para evitar que se sigan cometiendo contra los menores, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos..." En cumplimiento al fallo protector, el Juez Supernumerario del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por oficio registrado con número de correspondencia 25700, remitió copia certificada de las constancias con las que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 109 a 120). De las constancias remitidas por la citada responsable, las cuales, por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que ésta el diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que en cumplimento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la audiencia de seis de junio de dos mil diecisiete, asimismo, dejó intactos los razonamiento que lo llevaron a resolver como lo hizo. Asimismo, de manera fundada y motivada ordenó a lo siguiente: "1. Que los menores así como sus progenitores Víctor Rubén Sánchez Villanueva y Blanca Esthela Consuelo, reciban terapias psicológicas en la Clínica de Salud Mental Ramón de la Fuente, ubicada en sector 50, calle Andrés Quintana Roo norte, Ocho Cedros, Toluca, México, con enfoque en que los progenitores aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos; asimismo, para que los menores estabilicen su estado emocional y los progenitores superen el duelo de separación. Se precisa que será el especialista en psicología asignado para las terapias, quien determine si las mismas deben ser conjunta o separadamente y por el tiempo que el mismo determine para el logro del fin perseguido, en el entendido que el mismo no podrá ser menor a seis meses. Se deja a disposición de las partes los oficios respectivos para el cumplimiento de las terapias ordenadas, para que los reciban a más tardar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, con el apercibimiento, con fundamento en los artículos 4.102 del Código Civil, 1.124, 5.1, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles, que en caso de incumplimiento a las terapias psicológicas se les impondrá un arresto hasta por treinta y seis horas y la suspensión de la guarda y custodia, para evitar que se sigan cometiendo contra sus menores hijos violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. 2. Asimismo, se ordena que la partición de los referidos menores hijos de las partes de identidad reservada de iniciales R.E.S.C. y A.F.S.C., en lo subsecuente, en el juicio debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretenda que los menores depongan, sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la citada judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes, la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo. Ello para propiciar que los menores queden lo más protegidos posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propio de las contiendas judiciales. Asimismo, se ordena que en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal de los menores en el proceso judicial, se debe definir previamente el lugar específico en que aguardarán mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de las personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisionomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (Como permanecer parados el lapso de espera). Lineamientos y condiciones que deben estar en el mismo auto que invite a los menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener la certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes. Se ordena que todo lo anterior se haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación 554520360184914 y, tenerlo presente dentro del expediente 424/2017 del índice de este Juzgado, en tanto en este habrá pronunciamiento sobre el pronunciamiento sobre el cambio de la guarda y custodia de los menores hijos de las partes de identidad reservada de iniciales R.E.S.C. y A.F.S.C., y al régimen de convivencias al que tienen derecho de las padres; para evitar que se siga cometiendo contra los menores, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. Lo anterior es así, además, porque diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, que aunque no es vinculante, si constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado de Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deban evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas los menores posible, para impedir que se vicien las respuestas." En esa tesitura, se considera que se restituye a las partes en el goce de sus derechos fundamentales violados, pues la autoridad responsable ha dado cumplimiento a los lineamentos establecidos en la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y en vigor al día siguiente, en relación con los diversos numerales 26, fracción I, inciso K), 27 fracciones I y III, 31 fracción II, 77, 196, segundo, tercero y cuarto párrafos y 214 del propio ordenamiento legal, se tiene por cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En tales condiciones, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que estime convenientes. En otro orden, visto el escrito de cuenta signado por Blanca Esthela Consuelo Estrada, por medio del cual designa autorizados, señala domicilio y realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su precepto legal 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales conducente y al respecto se provee: En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano y Oscar Merced Olivares Salazar, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas señaladas en el escrito que se atiende por así solicitarlo expresamente la promovente. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito mencionado. Finalmente, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes.
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