Víctor Usamah Caldera Sabag
Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Víctor Usamah Caldera Sabag
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veinte de septiembre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cuatro al dieciocho de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera al quejoso, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este juzgado a recibir el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1042/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Víctor Usamah Caldera Sabag demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES. "A) COMO AUTORIDAD ORDENADORA.- Legislatura del Estado de Zacatecas; B) COMO AUTORIDAD EJECUTORA: El gobernador del Estado de Zacatecas, por medio de las Oficinas de Recaudación de rentas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de Zacatecas; V.- ACTOS RECLAMADOS.- A) La discusión, aprobación y expedición y la promulgación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente en cuanto a los artículos 78 a 88 y 99 en el ámbito de sus respectivas competencias legales. B) La recaudación del pago efectuado con fundamento en los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho se previno al quejoso para que señalara que acto le reclamaba a cada una de las autoridades, así como que manifestara si era su deseo señalar a la Secretaría de Finanzas del Estado como autoridad responsable. Así, previo desahogo de prevención en los términos indicados, mediante auto de dos de mayo del presente año se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito de aclaración, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: I. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición y orden de promulgación de: a) El artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, "publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis", que prevé el derecho de control vehicular. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa controvierte expresamente el contenido del derogado precepto legal y no el vigente, pues se controvierten las diversas tarifas que se establecían en función de la antigüedad y tipo de vehículo, y no en relación a la cuota única por concepto de derecho de control vehicular prevista en el citado precepto legal en su texto actual. b) Los numerales 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. II. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: a) La recaudación del pago derivado del derecho de control vehicular, el impuesto adicional para la Infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En el ámbito de sus atribuciones, son ciertos los actos reclamados a la LXII Legislatura (foja 123), Gobernador (foja 41), ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto consistente en la recaudación y cobro del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura y el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues así lo reconoció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe de ley (foja 62); afirmación que se encuentra robustecida con el comprobante de pago con número de folio V 294529 (78 B), de dicha documental se advierte que la Secretaría de Finanzas responsable recaudó los impuestos y el derecho que se le atribuye (foja 26). CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1.- El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el solicitante del amparo erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $ 3, 786.00 (tres mil sentenciados ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular, impuesto adicional para la Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, tal y como se advierte del recibo que se acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis actualizadas]. a. Fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El Gobernador, la Legislatura y el Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que esta última únicamente pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil dieciocho, por lo que puede colegirse válidamente que el solicitante del amparo pagó el impuesto adicional en el ejercicio dos mil diecisiete, es decir, que no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, toda vez que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que, dicen las responsables, debe entenderse que consintió tácitamente los actos que hoy reclama extemporáneamente. En esa lógica, dice la Secretaría responsable, la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil dieciocho, como el relativo al impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho de control vehicular, lo que se desprende del ticket con número de folio X 8273147 y del Comprobante Fiscal Digital F000291242 que anexó a su informe justificado, correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el peticionario del amparo. Para ello, señala que el ticket correspondiente al año dos mil diecisiete fue obtenido del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaria una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio eficaz de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversas cantidades a efecto de pagar los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo cual se adminicula estrechamente con el ticket obtenido del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues el mismo refiere idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas por el contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional para la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del Comprobante Fiscal Digital F000291242 como del ticket X 8273147, se tiene que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo a los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 88 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." En ese contexto, en relación a los actos de aplicación relativos al pago de los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. SEXTO. Improcedencia del juicio, artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en su texto anterior a la reforma de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Debe sobreseerse en el juicio en relación con el precepto destacado, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se encuentra acreditado el acto de aplicación base del perjuicio materia de la demanda de amparo. En términos de la fracción citada, en el juicio de amparo contra leyes, el interés jurídico presupone que aquéllas hayan irrumpido en la individualidad del gobernado que acude a la vía constitucional, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por la sola vigencia o porque se le haya aplicado, alterando su ámbito de acción; es decir, la ley general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y particular en su destinatario, que por ello puede acudir al juicio de amparo. Así, la norma efectivamente aplicada es la que lesiona la esfera jurídica del particular y por ello es la que legítimamente puede ser impugnada y analizada en la vía constitucional. El artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio al quejoso, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, resulta de soporte la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, en su texto anterior a la reforma publicada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que dispone: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: I. Vehículos de servicio público y particular: CONCEPTO IMPORTE a) Del año en curso. $2,350.00 b) Con un año de antigüedad. $2,150.00 c) Con dos años de antigüedad. $1,950.00 d) Con tres años de antigüedad. $1,750.00 e) Con cuatro años de antigüedad. $1,550.00 f) Con cinco y más años de antigüedad. $1,350.00 II. Remolques:............ $ 700.00 III. Motocicletas:............ $ 400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado". Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete se reformó el dispositivo anterior, para quedar como sigue: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda................$ 2,350.00.". Del artículo transcrito se deduce que mediante la reforma legislativa destacada se estableció una cuota única por concepto del derecho por control vehicular. El contenido anterior resulta vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en términos del artículo 1° transitorio del decreto de reformas respectivo. De lo destacado se deduce la existencia de dos disposiciones legislativas relativas al derecho por control vehicular, respecto de la vigente ley de hacienda estatal. La primera relativa al contenido vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; la segunda referente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y hasta que, en su caso, sea reformada de nueva cuenta. En el caso, la parte quejosa combate la disposición vigente para el dos mil diecisiete, pues transcribe expresamente dicho contenido normativo y los motivos de inconformidad se dirigen a combatir las distintas cuotas ahí reguladas en función del tipo y antigüedad del vehículo. Sin embargo, como acto de aplicación, allegó el recibo fiscal con número de folio V 294529 (78 b). Del análisis integral de dicho documento, se advierte que el amparista pagó cantidad determinada por concepto del derecho de control vehicular; no obstante, se precisó que se trataba de una contribución por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Lo anterior implica que la norma efectivamente aplicada se integra por el artículo 99 reformado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ya que, como se destacó, dicho contenido legal resulta aplicable para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Por tanto, resulta indudable que el artículo reclamado, numeral 99 anterior a la reforma destacada, no fue aplicado en las contribuciones base de la demanda de amparo, pues únicamente resulta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Sin que lo anterior pueda considerarse como un error intrascendente en la demanda de amparo, debido a que, como se expuso, el contenido combatido se integra por el dispositivo vigente en el año anterior al actual, por lo que no es posible determinar que la inconformidad puede concretarse en el contenido vigente, al ser diferente éste. En consecuencia, al no existir un acto concreto de aplicación, no existe el perjuicio base de la legitimación con que se promueve la demanda de amparo, por lo que el quejoso carece de interés jurídico en relación con el numeral materia del presente considerando, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio en conformidad con el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los artículos 78 a 89 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA VÍCTOR USAMAH CALDEA SABAG, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1042/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Víctor Usamah Caldera Sabag demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES. "A) COMO AUTORIDAD ORDENADORA.- Legislatura del Estado de Zacatecas; B) COMO AUTORIDAD EJECUTORA: El gobernador del Estado de Zacatecas, por medio de las Oficinas de Recaudación de rentas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de Zacatecas; V.- ACTOS RECLAMADOS.- A) La discusión, aprobación y expedición y la promulgación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente en cuanto a los artículos 78 a 88 y 99 en el ámbito de sus respectivas competencias legales. B) La recaudación del pago efectuado con fundamento en los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho se previno al quejoso para que señalara que acto le reclamaba a cada una de las autoridades, así como que manifestara si era su deseo señalar a la Secretaría de Finanzas del Estado como autoridad responsable. Así, previo desahogo de prevención en los términos indicados, mediante auto de dos de mayo del presente año se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito de aclaración, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: I. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición y orden de promulgación de: a) El artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, "publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis", que prevé el derecho de control vehicular. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa controvierte expresamente el contenido del derogado precepto legal y no el vigente, pues se controvierten las diversas tarifas que se establecían en función de la antigüedad y tipo de vehículo, y no en relación a la cuota única por concepto de derecho de control vehicular prevista en el citado precepto legal en su texto actual. b) Los numerales 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. II. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: a) La recaudación del pago derivado del derecho de control vehicular, el impuesto adicional para la Infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En el ámbito de sus atribuciones, son ciertos los actos reclamados a la LXII Legislatura (foja 123), Gobernador (foja 41), ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto consistente en la recaudación y cobro del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura y el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues así lo reconoció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe de ley (foja 62); afirmación que se encuentra robustecida con el comprobante de pago con número de folio V 294529 (78 B), de dicha documental se advierte que la Secretaría de Finanzas responsable recaudó los impuestos y el derecho que se le atribuye (foja 26). CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1.- El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el solicitante del amparo erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $ 3, 786.00 (tres mil sentenciados ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular, impuesto adicional para la Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, tal y como se advierte del recibo que se acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis actualizadas]. a. Fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El Gobernador, la Legislatura y el Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que esta última únicamente pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil dieciocho, por lo que puede colegirse válidamente que el solicitante del amparo pagó el impuesto adicional en el ejercicio dos mil diecisiete, es decir, que no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, toda vez que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que, dicen las responsables, debe entenderse que consintió tácitamente los actos que hoy reclama extemporáneamente. En esa lógica, dice la Secretaría responsable, la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil dieciocho, como el relativo al impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho de control vehicular, lo que se desprende del ticket con número de folio X 8273147 y del Comprobante Fiscal Digital F000291242 que anexó a su informe justificado, correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el peticionario del amparo. Para ello, señala que el ticket correspondiente al año dos mil diecisiete fue obtenido del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaria una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio eficaz de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversas cantidades a efecto de pagar los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo cual se adminicula estrechamente con el ticket obtenido del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues el mismo refiere idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas por el contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional para la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del Comprobante Fiscal Digital F000291242 como del ticket X 8273147, se tiene que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo a los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 88 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." En ese contexto, en relación a los actos de aplicación relativos al pago de los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. SEXTO. Improcedencia del juicio, artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en su texto anterior a la reforma de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Debe sobreseerse en el juicio en relación con el precepto destacado, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se encuentra acreditado el acto de aplicación base del perjuicio materia de la demanda de amparo. En términos de la fracción citada, en el juicio de amparo contra leyes, el interés jurídico presupone que aquéllas hayan irrumpido en la individualidad del gobernado que acude a la vía constitucional, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por la sola vigencia o porque se le haya aplicado, alterando su ámbito de acción; es decir, la ley general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y particular en su destinatario, que por ello puede acudir al juicio de amparo. Así, la norma efectivamente aplicada es la que lesiona la esfera jurídica del particular y por ello es la que legítimamente puede ser impugnada y analizada en la vía constitucional. El artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio al quejoso, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, resulta de soporte la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, en su texto anterior a la reforma publicada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que dispone: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: I. Vehículos de servicio público y particular: CONCEPTO IMPORTE a) Del año en curso. $2,350.00 b) Con un año de antigüedad. $2,150.00 c) Con dos años de antigüedad. $1,950.00 d) Con tres años de antigüedad. $1,750.00 e) Con cuatro años de antigüedad. $1,550.00 f) Con cinco y más años de antigüedad. $1,350.00 II. Remolques:............ $ 700.00 III. Motocicletas:............ $ 400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado". Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete se reformó el dispositivo anterior, para quedar como sigue: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda................$ 2,350.00.". Del artículo transcrito se deduce que mediante la reforma legislativa destacada se estableció una cuota única por concepto del derecho por control vehicular. El contenido anterior resulta vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en términos del artículo 1° transitorio del decreto de reformas respectivo. De lo destacado se deduce la existencia de dos disposiciones legislativas relativas al derecho por control vehicular, respecto de la vigente ley de hacienda estatal. La primera relativa al contenido vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; la segunda referente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y hasta que, en su caso, sea reformada de nueva cuenta. En el caso, la parte quejosa combate la disposición vigente para el dos mil diecisiete, pues transcribe expresamente dicho contenido normativo y los motivos de inconformidad se dirigen a combatir las distintas cuotas ahí reguladas en función del tipo y antigüedad del vehículo. Sin embargo, como acto de aplicación, allegó el recibo fiscal con número de folio V 294529 (78 b). Del análisis integral de dicho documento, se advierte que el amparista pagó cantidad determinada por concepto del derecho de control vehicular; no obstante, se precisó que se trataba de una contribución por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Lo anterior implica que la norma efectivamente aplicada se integra por el artículo 99 reformado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ya que, como se destacó, dicho contenido legal resulta aplicable para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Por tanto, resulta indudable que el artículo reclamado, numeral 99 anterior a la reforma destacada, no fue aplicado en las contribuciones base de la demanda de amparo, pues únicamente resulta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Sin que lo anterior pueda considerarse como un error intrascendente en la demanda de amparo, debido a que, como se expuso, el contenido combatido se integra por el dispositivo vigente en el año anterior al actual, por lo que no es posible determinar que la inconformidad puede concretarse en el contenido vigente, al ser diferente éste. En consecuencia, al no existir un acto concreto de aplicación, no existe el perjuicio base de la legitimación con que se promueve la demanda de amparo, por lo que el quejoso carece de interés jurídico en relación con el numeral materia del presente considerando, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio en conformidad con el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los artículos 78 a 89 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. ..."
- Principal
El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 10992 y 11043, ambas con anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas y LXII Legislatura del Estado, ambas con sede en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento procesal oportuno. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como delegados de las citadas autoridades a los profesionistas que mencionan en su respectivo comunicado. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de las oficiantes las documentales que adjunta la primera así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; así como y el disco compacto que remite la segunda, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Notifíquese. (...)
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