Víctor Rodríguez Torres

Expediente 1200/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1200/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Rodríguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito con folio 18111 mediante el cual se tiene a********************, en su carácter de representante legal de Víctor Rodríguez Torres (personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública número veintitrés mil setenta y tres), dando cumplimiento al requerimiento formulado el seis del mes y año en curso, y al efecto acredita su personalidad y del cual se provee lo siguiente: Desechamiento. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)." Del análisis sistemático de los artículos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, transcritos con antelación, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente ha establecido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Además, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Así pues, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las que a continuación se citan: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, como así se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, con número de registro digital 161133, Novena Época, Materia Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien de la demanda de amparo se promovió por********************, en su carácter de representante legal de******************** en el cual señaló como autoridad responsable y como acto reclamado los siguientes: Autoridad responsable: - Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable. Acto reclamado: -Negativa de la entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario. Por ello, se considera estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la legislación en cita, puesto que a la autoridad señalada como responsable no le asiste ese carácter para efectos del juicio constitucional. Es así, porque como se señaló el acto reclamado consistente: en la negativa de entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario, por parte del Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable, se aparta de las características que distinguen a los provenientes de autoridad revestida de imperio, al derivar de una relación contractual de crédito existente entre la quejosa y a quien se le atribuye el carácter de autoridad responsable, con motivo de que el quejoso es deudor ante Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable, quien le niega la entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario, y la relación entre dicha institución bancaria de mérito y la quejosa es de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que deriva de una relación contractual entre Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable, como institución prestadora de servicios financieros (no como autoridad o ente superior) y la persona que recibe dicho servicio de manera directa o indirecta (quejosa), por lo que las diferencias en las relaciones civiles que surjan entre el personal de los bancos con las personas que reciben los servicios, se rigen por la legislación civil aplicable por encontrarse en una plano de coordinación, como lo es la negativa de entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario. ... Con base en lo anterior, puede válidamente sostenerse que la relación entre la quejosa y el Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable, es eminentemente de carácter civil, de donde es indiscutible que todo lo atinente a ello, como lo es la negativa de entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario. Luego, al estar en presencia de actos desplegados en materia civil, es correcta la determinación sustentada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se insiste, los actos reclamados no proceden de entidades revestidas del carácter de autoridad, sino como particular (prestador de servicios financieros), con motivo de una relación contractual de índole civil entre la ahora quejosa y Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable; actos que tienen origen y efectos en el plano civil y como tal no vinculan a la quejosa, al no ser de carácter definitivo, porque pueden controvertirse ante los órganos de justicia en materia civil, quienes tienen la potestad jurídica de decidir unilateral, imperativa y coercitivamente sobre los derechos civiles y contractuales en una controversia principal respecto de la cual, la institución prestadora de servicios, en su caso, se concretaría al cumplimiento de lo resuelto por el órgano correspondiente. Ello, puesto que cuando se reclama la negativa de entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario, no se involucra una relación de supra a subordinación con un particular, ya que la relación que existe entre la quejosa Grupo Financiero Citibanamex Sociedad Anónima de Capital Variable, es de coordinación, entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, al emitirse con motivo de la relación contractual de crédito de índole civil, pero en modo alguno está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública de las dependencias correspondientes, siendo esto último una característica distintiva en el actuar de las autoridades que gozan de imperio y decisión. Por consiguiente, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de una relación contractual, pues el vínculo que existe entre la promovente del amparo que es la persona que recibe dicho servicio de manera directo o indirecta y la autoridad señalada como responsable, es de coordinación y de naturaleza privada, al derivar de una relación contractual entre la persona que recibe dicho servicio y la institución prestadora de servicios financieros, y no de supra a subordinación, como lo sería de autoridad a gobernado. Por ello, los actos que se emitan dentro de esa relación carecen de facultad o poder de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, en tanto que no hay procedimientos que hagan cumplirlos de forma coercitiva, sino que, en el caso, se trataría de decisiones particulares, equivalentes a las que corresponden a la parte contratante, que en su caso, podrán reclamarse mediante la vía jurisdiccional civil correspondiente, ante la cual se expresarán todas aquellas violaciones de derechos que consideren les genera esa omisión, para que sea una autoridad quien defina sobre su legalidad. ... Hechos: Una institución financiera realizó el bloqueo de fondos en una cuenta bancaria porque consideró que se realizó una operación probablemente fraudulenta. La persona usuaria promovió juicio de amparo indirecto contra dicha restricción, donde señaló como autoridad responsable a la institución bancaria. La persona juzgadora de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, pues estimó que el banco excedió el plazo para resolver lo conducente; contra esa decisión la institución financiera interpuso recurso de revisión donde, esencialmente, hizo valer la improcedencia del juicio de amparo, sobre la base de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un banco bloquea o restringe una cuenta bancaria con base en las cláusulas del contrato que celebró con la persona usuaria, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el estándar para determinar cuándo un acto de particular puede ser considerado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consistente en corroborar: 1) la existencia de un nexo entre la prerrogativa con base en la cual actúa el particular, y una fuente de autoridad de carácter estatal, donde la autoridad pública haya otorgado al particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada; y, 2) la constatación de la función pública, lo que implicará evaluar si la prerrogativa del particular reviste un interés público diferenciado, es decir, si tiene beneficios asociados a los de una autoridad pública, o bien, actúa delegadamente. Bajo ese contexto, cuando un banco bloquea o restringe la cuenta bancaria de una persona usuaria con base en el contrato respectivo, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque aunque dicho acto tiene fundamento en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es de orden público, lo cierto es que en términos de ese precepto, el bloqueo o la restricción de cuentas está sujeto a que las partes convengan en el contrato respectivo que el banco podrá actuar en esos términos; de lo que se sigue que no se trata de una obligación unilateral para el banco donde actúe como un brazo o extensión del Estado, sino que constituye una prerrogativa sujeta a la voluntad de las partes ya que, de lo contrario, la norma no hubiera establecido esa restricción o bloqueo como una posibilidad sujeta al acuerdo de los contratantes, sino como una obligación al margen de la voluntad de éstos. No es obstáculo a esa conclusión que los productos bancarios generalmente se adquieran a través de la celebración de contratos de adhesión, en los que el usuario se ubica en una posición inferior y en los que su voluntad se limita a aceptar o rechazar los términos propuestos, pero no a negociar su contenido; sin embargo, aun ante esa hipótesis, no se considera que el bloqueo de cuentas con base en el contrato respectivo constituya un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque no se observa un nexo entre la prerrogativa del banco de actuar en esos términos y una función de carácter estatal; aunado a que, de considerar lo contrario, se llegaría al extremo de que todos los contratos de adhesión colocarían a uno de sus contratantes como autoridad, lo que iría más allá de la finalidad que tuvo el Poder Reformador de la Constitución de revisar en amparo, excepcionalmente, algunos actos de autoridad que resultaran violatorios de derechos humanos. Esta conclusión no impide que los usuarios que se vean afectados por la restricción o bloqueo de sus cuentas bancarias puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria a fin de que se resuelva lo conducente, así como tampoco permite a las instituciones financieras actuar al margen de las disposiciones legales o contractuales, debido a que, en caso de retener indebidamente los fondos de una persona usuaria más allá del plazo establecido en la ley o de manera indefinida, la institución bancaria deberá pagar intereses moratorios a favor de la persona usuaria." En ese sentido, si a través del acto reclamado se pretendió impugnar la negativa de la entrega de carta de finiquito de crédito hipotecario, es evidente que constituye acto de naturaleza eminentemente civil, porque provienen de un contrato de crédito, pese a que el quejoso afirme que implican violaciones a la Constitución Federal, puesto que tal señalamiento, en sí mismo, no tiene el alcance de cambiar la naturaleza del acto reclamado y forzar a su vez la procedencia del juicio de amparo, precisamente porque los actos reclamados no se desvinculan de la relación contractual sostenida entre el solicitante del amparo y la autoridad responsable; lo que a su vez impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre la Litis constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por********************, en su carácter de representante legal de******************** con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ...

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión hecho valer por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación de la Directora de Registro de Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, con sede en la Ciudad de México, contra la resolución interlocutoria de uno de junio del presente año, en la que se concedió la suspensión definitiva, quedando registrado como incidente en revisión administrativo ********************Notifíquese. ...

  3. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17726. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, visto su contenido se tiene a la autorizada de la parte quejosa remitiendo la información solicitada mediante proveído de fecha treinta de octubre del año en curso. Dicho lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la Licenciada Jimena Rojas Hernández, para el efecto de que informe a este Órgano Jurisdiccional la comunicación que tiene con la directa quejosa, o exponga los motivos que se lo impidan, lo anterior, a efecto de continuar con el procedimiento de ejecución; en el entendido de que no hacerlo este órgano jurisdiccional declarará la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no imputable a las autoridades responsables; y, se procederá en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Por otra parte, del contenido del escrito mencionado se desprende como domicilio de la parte quejosa el ubicado en: Calle Santa Fe, Número Diecinueve (19), Colonia San Rafael de las Tables, en el Municipio de Valparaíso del Estado de Zacatecas. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, realice las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En la inteligencia que de no cumplimentarla dentro del plazo otorgado, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, así como los numerales Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, le será impuesta una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización. Así también con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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