Victor Silva Garcia

Expediente 147/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
147/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Victor Silva Garcia
  • Juez de Controldel Circuito Judicial Region Costa, Con Sede En Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente asunto no se formó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de autos se advierte que se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, remitiendo como justificación a su informe dos discos compactos en formato DVD certificados, por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvaseles los mismos, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en proveído de trece de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, sin que hubiese expresado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima segunda Sección - Ejecución de Sentencia de Amparo, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1003378, cuyo rubro y texto es INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia engrosada de treinta de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al quejoso Víctor Silva García, para los siguientes efectos I. Como no se constató debidamente que el defensor público Benito Alfonso Díaz Bonilla, contara con cédula profesional de licenciado en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que quien asistió al aquí quejoso cuente con dicha calidad. II. Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho o abogado debidamente registrado, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo demás actuado en la audiencia de veinticinco de junio de dos mil veinte, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. III. Si por el contrario, resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de diez de octubre del dos mil veinte así como la diversa del catorce siguiente, relativa a la ampliación de término constitucional, en la que se vinculó a proceso al quejoso Víctor Silva García, por lo que deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia inicial, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que IV. Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V. En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias Luego, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio con terminación 1443/2021-J, el Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, de veintisiete de septiembre del año en curso, remitió un disco DVD, que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el veintisiete de septiembre del año en curso, en la que da cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, en la causa penal 276/2019 de su índice. Lo anterior se afirma porque en dicha audiencia el juez responsable estableció lo siguiente: En relación al punto I. Dentro de la audiencia de veintisiete de septiembre del año en curso, en la causa penal 276/2019, en presencia de las partes, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, el Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, informo a las partes el motivo de la misma, en el cual para constatar que el defensor público Benito Alfonso Díaz Bonilla, contara con cedula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, solicito la misma al defensor en mención, el cual en el mismo momento, constata que teniendo a la mano la cedula profesional, le fue informado por el departamento de informática que los datos tanto personales como profesionales del defensor público compareciente, quedo legalmente registrado en ese juzgado de control, así mismo que de acorde a la búsqueda que se realiza por parte de ese juzgador en el Registro Nacional de Profesionistas a través de la página de cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia, hace constar que la cedula profesional 6985414, corresponde al ciudadano ***, expedida por la Dirección General de Profesiones que lo faculta a ejercer la licenciatura en derecho, que presenta una fotografía en blanco y negro, misma que coincide con los rasgos fisiológicos del compareciente en mención En relación al punto II. Una vez acreditado lo anterior, el Juez de Control deja vigente y subsistente todo lo actuado en la audiencia de veinticinco de junio de dos mil veinte, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica informando al imputado (aquí quejoso) que se encuentra en todo su derecho de volver a interponer o recurrir si así lo desea dentro de los plazos legales. En relación al punto III, IV y V. No se dicta mayor pronunciamiento, toda vez que dichos puntos fueron en relación al dado supuesto que el defensor público Benito Alfonso Díaz Bonilla, no contara con cedula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, lo que si se acredito de acuerdo a líneas arriba. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes parta los efectos legales procedentes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, con anexo, a través del cual y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, informa que en veintisiete siguiente, se desahogó la audiencia de cumplimiento a la ejecutoria de amparo , solicitando se tenga por cumplida con la ejecutoria de amparo, para lo cual remite DVD debidamente certificado que aduce contener el registro de audio y video, de la audiencia antes mencionada y celebrada en esa fecha. Ahora, como el material de audio y video que el Juez responsable remite, por tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca el contenido de dicho DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con el rubro: ******** En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que las ejecutorias de amparo son de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia con registro 1003378, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima segunda Sección - Ejecución de Sentencia de Amparo, Apéndice de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto es: *** Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que las partes no recurrieron la sentencia de treinta de junio del año en curso, en la que, se concedió al quejoso ************el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de mérito. Requerimiento de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, dé cumplimiento con la concesión del amparo, dictada el treinta de junio del año en curso, en los siguientes términos: "[....] Como no se constató debidamente que el defensor público Benito Alfonso Díaz Bonilla, contara con cédula profesional de licenciado en derecho y que ésta estuviera registrada ante la responsable, en audiencia formal en la que se cite a las partes, deberá verificar que quien asistió al aquí quejoso cuente con dicha calidad. Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho o abogado debidamente registrado, de ello dejará constancia en la misma audiencia y, por lo tanto, deberá informar en ese momento a las partes que queda subsistente todo lo demás actuado en la audiencia de veinticinco de junio de dos mil veinte, para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. Si por el contrario, resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de diez de octubre del dos mil veinte así como la diversa del catorce siguiente, relativa a la ampliación de término constitucional, en la que se vinculó a proceso al quejoso Víctor Silva García, por lo que que deberá proceder a desahogar nuevamente la audiencia inicial, en la cual deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: IV. Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V. En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. [..]." Hecho que sea, remita las constancias debidamente certificadas con las que acredite su dicho. Apercibimiento a la autoridad. Apercibida que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo de tres días, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 de la Ley de Amparo, se hará merecedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, resérvese la investigación de los datos de la persona física que actualmente ostenta en el cargo de Juez de Control del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, esto a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una posible contumacia de ésta. Notifíquese.

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