Víctor Santiago Gómez

Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
749/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Víctor Santiago Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibidos y se ordena agregar a los autos el oficio remitido vía correo electrónico, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en representación del Fiscal General, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de noviembre del actual, remite copia del diverso ********************, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de esa institución, por el que se proporcionan los datos de la persona que en la actualidad funge como encargado de la Comandancia de Ciudad Ixtepec, la cual que se encuentra físicamente establecida en la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De lo anterior se toma conocimiento. Por tanto, se tiene por acatada la exigencia de la cual fuera objeto y sin efectos el apercibimiento con que fue conminado. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la misiva de cuenta remitida vía correo electrónico signada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de noviembre del actual, informa que desde el cinco de octubre de este año se encuentra suspendido el termino previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es decir, no se ha abierto audiencia inicial de imputación y vinculación o no a proceso, puesto que el aquí quejoso Víctor Santiago Gómez se encontraba en el hospital general "Macedonio Benítez Fuentes", en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, recibiendo la atención médica por lesiones que presentaba en su anatomía, por diversas circunstancias ajenas a la detención, motivo por el cual consideró necesario garantizar su derecho a la salud. En otro aspecto, informa que existe el amparo indirecto número 752/2022-V-A del índice de este juzgado, mediante el cual se concedió la suspensión de plano al quejoso. De lo anterior se toma conocimiento, por lo que en su momento, tómense en consideración dicho expediente como un hecho notorio, al momento de dictarse sentencia. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquieren eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado remitido vía correo electrónico rendido por el agente Estatal de Investigaciones Encargado del Servicio, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." De igual manera, informa a esta autoridad federal que el directo quejoso Víctor Santiago Gómez, el veintiocho de octubre del actual fue dado de alta por mejoría del Hospital General Macedonio Benites Fuentes, por el Director y Jefe del Servicio del citado nosocomio en presencia de sus familiares; y, entregado a los agentes de la Policía Especializada zona Istmo Costa, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quedando a disposición del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Tonalá Chiapas, como lo acreditaron con el oficio con terminación 741/2022 de la referida data. En razón a lo anterior, requiérase al Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas -denominación correcta que se desprende de una consulta a la página https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/paginas/directorio.php- para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe cuál es la situación jurídica del directo quejoso Víctor Santiago Gómez, para lo cual deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias que avalen su dicho. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dadas las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria, dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que se otorgó a la autoridad responsable Comandante o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que rindiera su informe justificado, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le reclamó la parte quejosa. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la citada responsable, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias de las cuales emanó el acto reclamado, apercibida que de no dar cumplimiento a ello dentro del plazo concedido, se le aplicará una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ocho cientos once pesos, cero centavos, moneda nacional). Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Con independencia de lo anterior, gírese oficio al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que, en el plazo de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional los datos personales de quien en la actualidad funge como Comandante o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a efecto de contar con los elementos necesarios para aplicar la sanción correspondiente con motivo de la conducta en que ha incurrido al no rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado, de conformidad con el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará merecedor de una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA). Finalmente, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/725/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del dieciséis de este mes y año, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo de la Jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo; circunstancia que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Anselmo Félix Rodríguez, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, autorizado en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado por oficio CCJ/ST/2773/2021, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; ante el Secretario que autoriza y da fe Michelle Jesús Peralta Rodríguez.

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