Víctor Ruiz Cortés

Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Víctor Ruiz Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio proveniente del Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en atención a su contenido, se le tiene informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de este asunto, radicándolo con el juicio de amparo indirecto **/*** de su índice. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se declinó el conocimiento para conocer del asunto que originó este cuaderno de antecedentes a favor de un diverso órgano jurisdiccional, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 702/2023. Suspensión de oficio y de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que **** quien promueve en representación de ***** señala como actos reclamados que atribuye al Fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades, la detención ilegal, incomunicación, privación ilegal de su libertad fuera de procedimiento y malos tratos que afirma es objeto el quejoso. En tal sentido, con fundamento en lo previsto por los artículos 15, primer, segundo y tercer párrafos, y 126, primer y segundo párrafos y demás relativos de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de oficio y de plano para que de inmediato cese todo acto de incomunicación y aquellos que tiendan a hacerlo víctima de malos tratos y que puedan afectar su integridad personal, privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la detención de la que el promovente aduce se encuentran siendo objeto el directo quejoso por parte de las autoridades señaladas como responsables. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS comuniquen vía informe a este órgano jurisdiccional la forma y términos en los que den cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano con el apercibimiento que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad con lo ordenado por el artículo 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento. En la inteligencia de que la violación a la medida cautelar concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con lo señalado por el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Igualmente, deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados del agraviado, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido que al momento de la notificación deben permitir, en el caso de ser solicitado por el Actuario Judicial o el servidor público respectivo, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia, con la precisión de que deberán observarse las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus Covid-19. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudieran cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que se dé el debido cumplimiento a la medida cautelar. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad personal fuera de procedimiento y detención. Con fundamento en lo previsto por el numeral 164 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que en el caso de que la detención del directo quejoso haya sido efectuado por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del directo agraviado, o bien, ponerlo a disposición de las autoridades investigadoras competentes. De manera semejante, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado la orden privativa de la libertad o la detención deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o de la detención, pues los miembros de la policía que la realicen deberán elaborar un registro de esa situación, estableciendo la fecha y la hora en la que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto que si la detención se hubiere realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición a la agraviada deberá examinar de inmediato las condiciones en que éste se realizó, debiendo remitir a este Juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro del arresto o detención correspondiente a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el Juez competente. En caso de que el arresto del directo agraviado obedezca a un supuesto distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo, el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable, pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a la autoridad responsable, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la ley de la materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Por otro lado, se encomienda al Actuario(a) Judicial o al servidor público que corresponda para que solicite que le proporcionen el control de ingreso que se maneje en las dependencias de procuración de justicia responsables o en los separos de las instituciones policiales en donde asista con relación al detenido, debiendo hacer constar dicho(a) fedatario(a) la hora y el día en la que la parte quejosa ingresó a esas instituciones y, en su caso, egresó de estas últimas a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye en delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario o al servidor público respectivo para que en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades que hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de los quejosos. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables refieren que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la Actuario Judicial o al servidor público correspondiente para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Prevención al inconforme. Tomando en consideración que el promovente señala bajo protesta de decir verdad que el agraviado Víctor Ruiz Cortes se encuentra detenido en la Vicefiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Puerto Escondido, que se localiza en Océano Atlántico, número catorce, colonia Granjas del Pescador, Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, a efecto que comisione de manera inmediata al fedatario o al servidor público que corresponda, para que acuda a los separos de la citada autoridad estatal o de alguna otra autoridad policial o de procuración de justicia que se encuentre en esa localidad o a la cárcel municipal, o bien, en cualquier otro lugar en el que podría encontrarse detenido o recluido el inconforme y al momento de la diligencia realice lo siguiente: a) Notifique al inconforme Víctor Ruiz Cortes este proveído. b) Certifique si el quejoso Víctor Ruiz Cortes se encuentra incomunicado. c) De fe de las condiciones físicas en las que se encuentra el justiciable Víctor Ruiz Cortes y lo requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que elabore al respecto. d) Requiera al agraviado Víctor Ruiz Cortes para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días manifieste si ratifica o no la demanda presentada a su favor por Alonzo Juárez Marciano, dicho lapso se computara a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificar el escrito inicial se procederá conforme a lo previsto por los párrafos tercero, cuarto y quinto del ordinal 15 de la Ley de Amparo. e) En auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y siguiendo las reglas que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, por conducto del fedatario o del servidor público que corresponda, notifique y haga entrega de los oficios que se remiten a la citada comunicación oficial, dirigido a las autoridades responsables Vicefiscal Regional de la Costa, Agente del Ministerio Público de la mesa con detenidos, en turno de la Vicefiscalía Regional de la Costa y al Comandante de la Policía Estatal, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, al cual deberá adjuntarse un ejemplar de la demanda de amparo, por lo que tendrá que recabar el acuse de recibo correspondiente, en donde aparezca el sello oficial de la citada autoridad, la hora y la fecha de entrega, así como la firma de la persona que recibió esa documentación. En este punto, se precisa que el funcionario respectivo queda facultado para vincular a diversas autoridades al cumplimiento de la medida cautelar decretada y para para subsanar la denominación incorrecta del ente responsable en los términos precisados anteriormente, por lo que al despacho señalado deberán anexarse dos oficios adicionales diversos al señalado, a los cuales deberán adjuntarse un ejemplar del escrito inicial, por lo que tendrá que recabar los acuses de recibo correspondientes, en donde aparezcan los sellos oficiales de las autoridades respectivas, la hora y la fecha de entrega, así como la firma de las persona que recibieron esos documentos. e) Levantar actas pormenorizadas de todo lo anterior. Dado que se está ante un juicio de amparo de tramitación urgente se faculta a dicho órgano jurisdiccional para que habilite los días y las horas inhábiles para que pueda realizarse la diligencia encomendada. Por otra parte, una vez que se realice la diligencia correspondiente deberá remitir las actuaciones originales o copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de las constancias que se generen con motivo de la diligencia del despacho que se remite. Se apercibe a la citada autoridad judicial que de no hacer lo anterior se impondrá en su contra una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo estatuido por los numerales 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Para una mayor celeridad se autoriza al secretario(a) adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda para que firme el despacho que se ordena girar, sin que sea necesaria la firma del Titular de este Juzgado Federal, ya que esta determinación permite advertir la voluntad de este Juzgador de enviar la comunicación oficial correspondiente únicamente con la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del citado fedatario, la cual deberá remitirse a través del correo electrónico institucional de la autoridad judicial despachada. Vista a la Fiscal Federal de la adscripción. Por otro lado, dado que del escrito inicial se advierte que el promovente Alonzo Juárez Marciano adujo que el quejoso Víctor Ruiz Cortés es objeto de malos tratos. En tal sentido, de conformidad con la propuesta de inclusión de rubros a verificar durante la práctica de visitas ordinarias de inspección aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el siete de octubre de dos mil dieciséis, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal de amparo con tales manifestaciones para que ejerza las atribuciones legales que a su representación corresponda y, en su caso, esté en aptitud de investigar si los hechos relatados por el promovente eventualmente pudieran ser constitutivos de algún delito, por lo que córrasele traslado con un ejemplar de la demanda de amparo y sus anexos, así como con copia certificada electrónicamente de esta determinación para que tenga conocimiento de tal situación. Instrucción para notificar esta determinación. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su demanda de amparo y por autorizados en los términos propuestos a las personas que refiere. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente], siempre y cuando se realicen con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se deberán realizar en el domicilio que señala para tal efecto el promovente en su escrito de demanda, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios - electrónica o en domicilio físico-, para tener por notificada a la parte quejosa. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copia certificada. Como lo solicita, expídase a la parte quejosa, copia certificada por duplicado del presente auto, a través de la persona que autoriza, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Incompetencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, puesto que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que conforme a esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Para lo cual, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Articulo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, ya que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste en la detención la detención ilegal, incomunicación, privación ilegal de su libertad fuera de procedimiento del quejoso, quien se encuentra en los separos de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, es decir, son hechos que se están ejecutando en esa ciudad. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con .registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento de/juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Además, la diversa tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, (Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SESURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se Impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede suborrlinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al, gobernado, medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la impresión de la demanda electrónica, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, y, solicítese al juez que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, informe a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese al promovente, al quejoso, a la Fiscal Federal adscrita y a las autoridades responsables en los términos señalados en esta resolución judicial."

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