Víctor Osante Jarquín

Expediente 242/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
242/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Víctor Osante Jarquín
  • VÍCTOR OSANTE JARQUÍN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. De este sumario se advierte que el once de los corrientes se dispuso el archivo de este asunto como concluido, por lo que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, con sede en la capital de esta entidad federativa, remitió en apoyo de su informe justificado; por tanto, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 242/2020, promovido por . . . , contra actos de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día al Juzgado Tercero de Distrito de esta misma Entidad Federativa, . .., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: II.- AUTORIDAD RESPONSABLE. LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. III.- ACTOS RECLAMADOS. "La INTERLOCUTORIA DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de once de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Tercero de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente . . .; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido su trámite, en diverso auto de veinticinco de febrero siguiente, se declaró legalmente incompetente para seguir conocimiento del asunto y remitió los autos del juicio de amparo a este órgano jurisdiccional. Por lo que, en acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, tuvo por recibido los autos del expediente . y ordenó seguir conocimiento del juicio constitucional, dando la intervención legal que corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. . .. En esa tesitura, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclamó:  1) La resolución de siete de enero de dos mil veinte, en la que se acepta la acumulación del juicio laboral . .., al diverso . . . CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Presidente de la Junta Especial Dos de la Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó el acto se le reclama, manifestación expresa que basta para tener a dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia , que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. .. Certeza que además se fortalece con las copias certificadas y el expediente original que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado y mediante oficio registrado con folio 2947, relativos al expediente laboral . .. y . . . acumulados, que contiene la resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, que declara procedente la acumulación del juicio laboral . .. del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al diverso . . . del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; la notificación de cinco de marzo de ese mismo año y, la determinación de siete de enero de dos mil veinte, que tiene por recibido el expediente . . .que se registró con el número . . . y declara procedente su acumulación al diverso juicio laboral . . . Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. El análisis de las causales de improcedencia es de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asimismo, tal y como lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 228, visible a fojas 186 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. . . Ahora bien, en la especie el que aquí resuelve, advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.] La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito". Como preámbulo, conviene decir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, pueden derivar también de diversas disposiciones de la propia Ley de Amparo, distintas a las previstas en dicho numeral, así como también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de ese numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que los juicios de amparo deben estimarse improcedentes. En realidad, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61, supuestos que, como se dijo, pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Sobre esos parámetros, este juzgado estima que tocante al acto reclamado, se actualiza un motivo de improcedencia que tiene su génesis en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.. . De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte quejosa; por lo que, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: 1. Un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, 2. Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Cabe precisar que el análisis del consentimiento, no debe hacerse en forma aislada, sino que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, con anterioridad a los reclamados y que, a su vez, exista vinculación entre ellos. Por tanto, para determinar si un acto deriva de otro que fue consentido, debe establecerse una relación de causalidad. Al respecto, es aplicable, por identidad de razón, la tesis 11 K, del Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. . . Pues bien, el primero de los requisitos antes aludidos, consistente en que exista un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, se actualiza plenamente, como se expone a continuación: Existencia de acto previo consentido: Resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaró procedente el incidente de acumulación y ordenó acumular el expediente . . . de su índice, al . . . del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, ambos promovidos por . .. , el primero, contra . ., por conducto de su representante legal; quien resulte responsable y propietario de la fuente de Trabajo ubicada . . . y . ..; y el segundo, contra . .., por conducto de su representante legal; quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo ubicada Acto reclamado derivado del consentido: La determinación de siete de enero de dos mil veinte, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que tiene por recibido el juicio laboral.. . del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, registrándolo bajo el número de expediente . . , y declara procedente su acumulación al diverso juicio laboral . . de su índice, promovido por el actor . . ., al considerar que tienen relación con los demandados, quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo ubicada en . . . Una vez precisadas ambas hipótesis, se evidencia que la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, que declaró procedente la acumulación del juicio laboral . . . al diverso . . , emitida por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fue consentida tácitamente ya que contra la misma, el promovente del amparo no interpuso ningún recurso ordinario ni extraordinario dentro de los plazos legales previstos; de modo que tal situación apuntada constituye una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de los actos reclamados. Respecto del segundo de los requisitos en estudio, consistente en que el acto en contra del cual se promueva el juicio, sea la consecuencia legal o directa del acto previo, también se cumple, puesto que como ya fue señalado, la determinación de siete de enero de dos mil veinte, en el que se tiene por recibido el juicio laboral . . ., del índice de la citada Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se registró bajo el número de expediente . . . y declara procedente su acumulación al juicio laboral . . . del índice de la Junta Laboral responsable, es una consecuencia natural de la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien fue originalmente quien decretó la acumulación de los juicios, y que el impetrante de amparo no se inconformo de la misma, a través del medio de impugnación procedente. Luego, la confronta de todo lo anterior permite concluir que existe una clara relación de causa y efecto, por lo cual es evidente que se trata de un acto consentido, porque no se impugnó a través de algún medio ordinario o extraordinario de defensa dentro de los plazos legalmente previstos; entonces, el acto reclamado precisado, consistente en la resolución de siete de enero de dos mil veinte, que tiene por recibido el expediente . . . registrado bajo el número . . ., y que declara procedente su acumulación al diverso juicio laboral . . ., del índice de la Junta Laboral responsable, constituye un acto derivado de otro consentido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 44, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito , del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.. . Lo anterior previamente analizado, no pasa desapercibido para quien aquí resuelve, que de igual manera, el juicio de amparo resulta ser improcedente, dado que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada en sentido contrario, de la Ley de la Materia, mismos que, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estados Mexicano sea parte; [.]". Como se puede ver, el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo no procede en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que la resolución de siete de enero de dos mil veinte, en el que se declaró procedente la acumulación del expediente 149/2015 ahora 1127/2018(2), al diverso 381/2015(2), a fin de que se resuelvan en un solo laudo, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera laudo definitivo favorable. Lo que es así, porque lo reclamado se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento, por lo que dicho acto no puede considerarse como de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que se trata de la acumulación de expedientes, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. No obstante, en caso de que dicha violación procesal trascienda al resulta del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra del laudo por encontrarse expresamente prevista en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de la Materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga un laudo favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al 1917-2000, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- . . . Así pues, por una parte la intención primordial que el solicitante de amparo pretende, es que se revoque el auto de siete de enero de dos mil veinte, dictado en autos del expediente laboral 381/2015(2), en el que se tuvo por recibido el diverso juicio 149/2015 registrado bajo el número de expediente 1127/2018(2) y declaró procedente la acumulación de los juicios decretada por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en diversa resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho. Tal acto, no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante de amparo que no pueda llevar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a foja 207, Tomo XII, Julios de 1993, Octava Época, que textualmente, dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL. . . Asimismo, tiene aplicación al caso la Tesis XX.70 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, pública en la página 464, de la Gaceta del Judicial de la Federación, Abril de 1996, Novena Época, que reza: "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE ACUMULACIÓN. DEBEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO LAS.. . VII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, al evidenciarse plenamente la actualización de las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, y 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal. Lo anterior, no obstante que a la fecha no obre constancia de emplazamiento de los terceros interesados, puesto que las causales de improcedencia son estudio y de especial pronunciamiento, y se actualizan en cualquier momento en el procedimiento del juicio de amparo, y dado el sentido del fallo que se emite no se le ocasiona alguna afectación y a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional. Por lo expuesto fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por . . ., contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese la presente sentencia, una vez que se reanuden las actividades cuya suspensión se decretó mediante acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal de veinte de diciembre de dos mil veinte, comunicado mediante circular CAP/03/2020.

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