Víctor Rodríguez Hernández

Expediente 152/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
152/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Víctor Rodríguez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por tanto, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de conservación; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), citado acuerdo general; motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional por el término de tres años. Glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 152/2023-B, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables: 1. Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California. 2. Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia de Investigación San Quintín, Baja California. 3. Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Ensenada, Baja California. 4. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6. Comandante de Zona de la Agencia Estatal de investigación en Ensenada, Baja California. 7. Fiscal Regional de Ensenada, de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Acto reclamado: ". Tiene tal carácter la ilegal orden de aprehensión, arresto, localización, presentación y/o reaprehensión, librada por las autoridades señaladas como responsables, sin que el suscrito haya participado en la comisión de algún hecho ilícito, ni mucho menos existir una orden debidamente fundada y motivada que justifique dicha detención." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído dictado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, dentro del juicio de amparo ********************, de su índice, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto, por los motivos que expuso; en virtud de ello, por acuerdo emitido el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, el extinto Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, dentro del juicio de amparo ********************, de su índice, aceptó el conocimiento del juicio de amparo y se avocó al trámite del mismo, además, previno la demanda de amparo en los términos ahí precisados. Luego, una vez que la parte quejosa ratificó su escrito aclaratorio, el cuatro de enero de dos mil veintitrés, este último órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, entre otras cuestiones. No obstante, en atención a que por oficio SEPLE./CON/.005/6393/2022, se informó que en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el dictamen relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, se returnó el asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esa ciudad, mismo que, con motivo de haber sido señalado como autoridad responsable en el escrito inicial de demanda, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, declinó la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para seguir conociendo del asunto, el cual, por razón de turno, tocó conocer a este órgano jurisdiccional. Seguidamente, en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo, se convalidaron las actuaciones para que sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, y se ordenó continuar con su tramitación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Cuarto. Tercero interesado. En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, quien quedó debidamente emplazado en autos. Quinto. Audiencia constitucional. Previo diversos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 38 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos de todos los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y toda vez que los Juzgados de Distrito de esta ciudad son los más cercanos dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenecen. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, consisten en la orden de aprehensión, arresto, localización, presentación o reaprehensión, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados a unas autoridades. Las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta, rindieron sus informes justificados de la siguiente manera: Autoridad Sentido de Informe Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Ensenada, Baja California. Niega Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada Niega Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada Niega Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación San Quintín, Baja California. Niega En consecuencia, no son ciertos los actos reclamados a las citadas responsables, ya que así lo manifestaron de manera categórica al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hiciera manifestación al respecto o aportara prueba idónea para desvirtuar dichas negativas, no obstante que en su momento se impuso de su contenido. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual manera, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables en cita, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea ni suficiente para desvirtuar dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a los aludidos actos y autoridades, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados a diversas autoridades. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo cual, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos que se le atribuyen, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora, con las documentales que adjuntó a su informe justificado, así como a su informe complementario agregado a los autos por acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, consistentes en diversas actuaciones que integran la causa penal ********************, de su índice. Medios de convicción que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetados en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, las autoridades responsables Comandante de Zona de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada, Baja California y Fiscal Regional de Ensenada, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, refirieron que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, ya que el Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, en su carácter de autoridad ordenadora, afirmó la existencia de los mismos, en consecuencia, procede desvirtuar la negativa, en su calidad de ejecutoras, a efecto de tener por ciertos los actos a ellas reclamados. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97- 102, Primera Parte, página 11, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". Así como la diversa tesis publicada por Tribunales Colegiados de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 68, Sexta Parte, página 20, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS RECLAMADOS A LAS. CASO EN QUE SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA RENDIDA POR ÉSTAS. Si se presumen ciertos los actos de la autoridad ordenadora, por no rendir su informe justificado, esa presunción es suficiente para desvirtuar la negativa que respecto de los actos reclamados produzcan las autoridades ejecutoras, pues correspondiendo a éstas dar cumplimiento a las órdenes combatidas, debe considerarse inminente el que se realicen también los actos de ejecución." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a la autoridad de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional, ya sea por revocación o sustitución procesal. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, los actos reclamados a las autoridades responsables consisten en los siguientes: orden de aprehensión, arresto, localización, presentación o reaprehensión, y su ejecución. Sobre lo cual, es menester señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, se advierte que en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la reaprehensión del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal de origen, sin embargo, por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se declaró extinguida la acción penal ejercitada en contra del citado amparista y de otro, por el delito de fraude, en virtud del perdón otorgado a su favor por el ofendido ********************, aquí tercero interesado, por lo que se decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen. Documentos a los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Con lo que se llega al convencimiento que en la especie, cesaron los efectos de los actos reclamados arriba precisados, que la parte quejosa refirió. Lo que se afirma, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecinueve de diciembre de dos mil veintidós-, los actos reclamados subsistían, también lo es que, con posterioridad, es decir, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, cesaron como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que dejaron de existir por sustitución procesal, al constituirse una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Comandante de Zona de la Agencia Estatal de investigación en Ensenada, Baja California y Fiscal Regional de Ensenada, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, ya que al haberse decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, al no haberse combatido por vicios propios. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital: 230811, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 690, Octava Época, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." SEXTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 152/2023-B, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero y quinto, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 111/2023-B, con número de orden 117/2023-B, girado dentro del presente juicio de amparo, por lo motivos que expone; sin que sea el caso girar el acuse de recibo correspondiente, ya que dicha comunicación oficial fue enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el acuse correspondiente. Atento a ello, dese de baja la referida comunicación oficial, del índice de este Juzgado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte tercero interesada, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la parte tercero interesada, el presente proveído y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en esta misma fecha, dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente, se ordenó notificar al tercero interesado ********************, las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fijara en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalara domicilio en esta ciudad para tales efectos. En consecuencia, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se toma como hecho notorio, y tomando en consideración que en siete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la moral quejosa, se ordena notificar la citada resolución a la parte tercero interesada, en los términos apuntados en el párrafo que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 143/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Diciembre de 2000, Tomo XII, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 190667, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." Notifíquese; y, cúmplase.

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