Víctor Rodolfo Rosales Vega

Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor Rodolfo Rosales Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El veinte de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del término legal, en contra el auto dictado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial adscrito para notificar a la moral tercero interesada Auto Lavado Blu Wash, Sociedad Anónima de Capital Variable, el auto de veintitrés de junio del año en curso, por las razones que en la misma expone. Ahora bien, toda vez que de la certificación secretarial que precede, se obtiene que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la moral tercero interesada Auto Lavado Blu Wash, Sociedad Anónima de Capital Variable, por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a ello, no obstante de encontrarse debidamente notificada del requerimiento relativo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el citado proveído, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la moral tercero interesada el presente proveído, así como el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a la parte tercero interesada el presente acuerdo y el diverso de veintitrés de junio de dos mil veintidós.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por las autoridades responsables, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, mediante el cual informan que se realizó la comparecencia de terminación del juicio principal número 6012/2019-3A, de su índice mediante el cual las partes llegaron a un arreglo conciliatorio, y al efecto remite copia certificada de la diligencia de convenio de dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención a lo expuesto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión notificar a las apartes la nueva fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, conllevando a una dilación de la tramitación del expediente número 6012/2019-3A, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por lo que, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la omisión notificar a las apartes la nueva fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, conllevando a una dilación de la tramitación del expediente número 6012/2019-3A, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Ahora, de la copia certificada de la diligencia de convenio de dieciséis de junio de dos mil veintidós. que remitieron las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, se advierte que dentro del juicio laboral de origen 6012/2019-3A, de su índice, mediante convenio celebrado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se determinó tener a las partes celebrando convenio a fin de dar por terminado el mencionado juicio laboral, mismo que fue elevado a la categoría de laudo debidamente ejecutoriado. Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dieciocho de abril de dos mil veintidós-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el dieciséis de junio de dos mil veintidós dentro del juicio principal número 6012/2019-3A, mediante convenio celebrado entre las partes de forma presencial, se determinó tenerlas celebrando convenio a fin de dar por terminado el mencionado juicio laboral, mismo que fue elevado a la categoría de laudo debidamente ejecutoriado; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes a fin de que se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese

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