Víctor Raúl Sánchez Ramírez
Expediente 839/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Raúl Sánchez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 4011, correspondiente al juicio de amparo 839/2020-I. Conste. La Secretaria. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, por medio del cual devuelve el oficio 6362/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, por los motivos que expone; de lo que se toma conocimiento para los efecto legales conducentes. Ahora bien, toda vez que el oficio en comento se encuentra dirigido a la autoridad responsable Juez de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, remítase a su destino correcto, a efecto de que la autoridad responsable tome conocimiento de la determinación de trece de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese a las partes por medio de lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio promovido por ----------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 20 y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . .". Por lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace a los cuadernos del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que ya no es necesaria la retención de la copia certificada del juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, que remitió el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, como complemento de su informe justificado, devuélvanse a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente, remita el acuse recibo de las constancias que se les devuelven. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de no informar la imposibilidad que tengan para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). En otro orden de ideas, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en el local de este órgano jurisdiccional, para recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, en el entendido que deberá presentar original y copia de identificación oficial, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, apercibida que de no recogerlos en el término otorgado, los mismos serán destruidos junto con el presente expediente. Se precisa que para poder acudir a recogerlos, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicio jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, debiendo precisar si pretende comparecer a recoger los referidos documentos, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar esa cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio del cual, en atención a la vista otorgada en la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, solicita copias certificadas del presente juicio de amparo. En atención a su solicitud, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídanse al representante social las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos para debida constancia legal. Se hace de su conocimiento que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, las mismas sólo podrán ser entregadas de lunes a viernes, siempre y cuando sean hábiles, en un horario de trece horas con treinta minutos a diecinueve horas. Además, se precisa que para poder acudir a recoger dichas documentales, deberá cumplir con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O, para resolver el juicio de amparo indirecto 839/2020-I, promovido por ---------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito, -----------, por propio derecho, demandó el amparo y la protección, contra las siguientes autoridades responsables y acto reclamado: "III. Autoridad o Autoridades Responsables: C. Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. C. Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. C. Juez de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. IV. Actos u Omisión que de cada autoridad se reclama: De los jueces señalados con antelación, reclamo todos y cada uno de los actos de molestia que en su caso hayan ordenado en contra de la posesión del suscrito respecto del inmueble ubicado en -----------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.". SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. El quejoso señaló que se vulneraron en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió su informe a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegato ministerial. CUARTO. Suspensión de labores y audiencia constitucional. En auto dictado el dieciocho de febrero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional regularizó el trámite del presente juicio, derivado de la suspensión de los términos procesales que se suscitó del diecinueve de diciembre de dos mil veinte, al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus Covid 19, en términos de las Circulares CAP/2/2020, CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021; por lo que se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve. Lo anterior, dado que se reclaman actos que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: La orden de desalojo dictada sobre el inmueble ubicado en ------------------- Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. Las siguientes autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado: 1. Juez Civil de Cuantía Menor en Naucalpan de Juárez, Estado de México (registro 10394); y, 2. Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (registro 10485). En mérito de lo anterior, si las autoridades negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que el quejoso probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Es aplicable la tesis de jurisprudencia visible en la página doscientas treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en la orden de desalojo sobre el inmueble ubicado en -----------------------------Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dictada dentro del juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, de su estadística, promovido por -------------------, en contra del aquí quejoso ----------------- , porque así lo manifestó la autoridad responsable al aclarar su informe justificado (registro 714). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas deducidas del indicado expediente 736/2019, constantes de un tomo; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia y sobreseimiento, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII5 del artículo 61, en relación con el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 1076, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior, en principio se considera necesario realizar una breve reseña de los antecedentes que precedieron al acto reclamado, los cuales se deducen de las copias certificadas del juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, de la estadística de la autoridad responsable, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno con antelación: 1. -------------------, demandó de ----------- (sic), en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción plenaria de posesión y publiciana, las siguientes prestaciones: "A.- LA DECLARACIÓN JUDICIAL POR SENTENCIA DEFINITIVA DE QUE TENGO MEJOR DERECHO A POSEER FÍSICA, MATERIAL Y JURÍDICAMENTE LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE ALFREDO DEL MAZO NÚMERO 52, DEPARTAMENTO 4 CUATRO, (LOTE NUEVE, MANZANA VEINTICUATRO), COLONIA AHUIZOTLA Y/O SANTIAGO AHUIZOTLA, (TAMBIÉN CONOCIDO COMO LOTE 24 VEINTICUATRO, MANZANA 26 VEINTISÉIS, SECCIÓN DOS) MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B.- LA RESTITUCIÓN FÍSICA, MATERIAL Y JURÍDICA DE LA VIVIENDA MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE TENGO MEJOR DERECHO A POSEERLA CON TODO POR CUANTO DE HECHO Y DERECHO LE CORRESPONDA. C.- EL PAGO DE LAS RENTAS MENSUALES QUE SE HAN GENERADO Y SE SIGAN GENERADO DESDE EL MOMENTO EN QUE TUVE LA POSESIÓN Y HASTA EL MOMENTO EN QUE HAGA ENTREGA A LA SUSCRITA FÍSICA, MATERIAL Y JURÍDICA DE LA VIVIENDA EN MENCIÓN. D.- EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN POR EL TIEMPO QUE HA VENIDO OCUPANDO ILEGALMENTE LA VIVIENDA DE MI PROPIEDAD, A JUICIO DE PERITOS Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 5 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". 6 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (. . .)" E.- COMO CONSECUENCIA DE LAS ANTERIORES PRESTACIONES, EL LANZAMIENTO A SU COSTA DE LA VIVIENDA DE MI PROPIEDAD A EFECTO DE QUE LA MISMA ME SEA RESTITUIDA LEGALMENTE. F.- EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE JUICIO ORIGINE EN VIRTUD DE QUE ESTÁ DANDO MOTIVO AL PRESENTE JUICIO.". 2. De la demanda tocó conocer al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve la admitió a trámite con el consecutivo 736/2019 y, entre otras cosas, ordenó emplazar al demandado. 3. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra por ------------------, aclarando que su nombre correcto lo es ---------, no así el que erróneamente señaló la parte actora; y, opuso excepciones y defensas, todo lo cual se acordó de manera favorable en la misma fecha. 4. Seguida la secuela procesal, el catorce de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- En la contienda judicial sobre acción plenaria de posesión que promovió -------------------, en contra del señor VÍCTOR RAÚL SÁNCHEZ RAMÍREZ, la actora acreditó los elementos de la acción, con independencia de que el demandado dio contestación a la demanda y opuso excepciones; en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara que la actora -------------------, tiene mejor derecho a poseer que el enjuiciado ---------, respecto del inmueble ubicado en CALLE ALFREDO DEL MAZO NÚMERO cincuenta y dos 52, DEPARTAMENTO CUATRO 4, (LOTE NUEVE 9, MANZANA VEINTICUATRO 24), COLONIA AHUIZOTLA Y/O SANTIAGO AHUIZOTLA, (TAMBIÉN CONOCIDO COMO LOTE VEINTICUATRO 24, MANZANA VEINTISÉIS 26, SECCIÓN DOS) MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.". TERCERO.- Se condena al demandado ---------, a hacer entrega del inmueble descrito en el resolutivo que antecede dentro del plazo de OCHO 8 DÍAS, contado a partir de la fecha en que cause ejecutoria ésta resolución, con el apercibimiento de ley que en caso de no hacerlo se ejecutará en la vía de apremio. CUARTO.- También por los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución, mismos que se tienen aquí por reproducidos como se insertan a la letra en obvio de repeticiones inútiles. El Suscrito estima pertinente dejar a salvo los derechos de la actora en relación a las prestaciones marcadas como C y D relativas al pago de rentas, así como daños y perjuicios que dice la parte actora le han sido causados por el señor VÍCTOR RAÚL SÁNCHEZ RAMÍREZ, las cuales reclama en las prestaciones del capítulo relativo a éstas de su libelo introductorio de instancia, para que las haga valer en la vía y forma que estime conducentes. QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada de los gastos y costas generados por la tramitación de la controversia judicial en la que se emite la presente resolución.". 5. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia mencionada. 6. El veinticuatro de septiembre de dos mil vente, al haber fenecido el término de ocho días concedidos para que el demandado hiciera entrega del bien inmueble de forma voluntaria, de conformidad con lo establecido en el tercer punto resolutivo de la sentencia definitiva dictada el catorce de agosto de dos mil veinte, se turnaron los autos al Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que requiriera al demandado la entrega del inmueble y entregue su posesión a la parte actora, apercibiéndolo para en caso de oponerse se haría el uso de la fuerza pública. 7. El ocho de diciembre del año pasado, el Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, llevó acabo la diligencia de requerimiento de inmueble, en la que el demandado manifestó lo siguiente: "que no lo hará en este momento, que tiene que consultarlo con su abogado.". 8. En atención a su manifestación, la parte actora solicitó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras; medidas que le fueron autorizadas mediante proveído de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Siendo ésta la última actuación que se dictó dentro del procedimiento del que derivan los actos reclamados. Al respecto, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, tenemos que en el presente caso la parte quejosa reclama la orden de desalojo sobre el inmueble ubicado en -------------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como su ejecución, y mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, informó que los actos reclamados derivan del juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, promovido por -------------, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En ese sentido, es evidente que el acto que en esta vía se reprocha, es después de concluido el juicio ordinario civil, es decir, en ejecución de sentencia, sin embargo, de las constancias que remitió la responsable no se advierte que en el juicio de mérito se haya dictado la última resolución del procedimiento de ejecución, para que sea procedente la acción constitucional; circunstancia, por la cual resulta improcedente, pues en contra de actos dictados después de concluido el juicio es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicho juicio, en la cual se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se reclama la imposibilidad material para darle cumplimiento. Aunado, a que la orden de desalojo sobre el inmueble ubicado en -------------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, emitida en el juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, promovido por ---------, e incluso el auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, que fue la última actuación del juicio de origen, no se encuentra dentro de los casos de excepción, ya que dichas actuaciones en modo alguno gozan de autonomía propia, pues derivan del trámite para cumplir con la sentencia; de ahí que se actualice la causa de improcedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la tesis VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil trecientos treinta y uno de rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN.". Entonces, como anteriormente se precisó, el juicio de amparo es procedente contra actos de Tribunales: a) Ejecutados fuera de juicio, que son aquellos que emiten los tribunales, cuando no desarrollan una tarea propiamente jurisdiccional, tales como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; y, b) Actos ejecutados después de concluido el juicio, entiendo como tales a todas las resoluciones que derivan de la ejecución de la sentencia dictada en el proceso respectivo, es decir, son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria. Es importante mencionar que en ambas hipótesis la demanda de amparo debe interponerse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde podrán también reclamarse las demás violaciones cometidas en el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esta regala se implementó bajo la teleología de evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues si las partes recurrieran cada resolución que se emita en dicho procedimiento de ejecución de sentencia u omisiones, se estaría obstaculizando el cumplimiento de las mismas, por lo que cualquier violación cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia debe reclamarse en la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, bajo el principio que el juicio de amparo sólo procede contra resoluciones terminales. Sin que sea un obstáculo para esta determinación el hecho de que la parte quejosa haya promovido el presente juicio de amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño, puesto que de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado consistentes en el juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, se advierte que fue oído y vencido previo a la orden de desalojo sobre el inmueble ubicado en ------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que reclama, pues dio contestación a la demanda instaurada por ---------------- y opuso excepciones, e incluso interpuso apelación en contra de la interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se declararon improcedentes las excepciones de conexidad y litispendencia; de ahí que no se exima al quejoso en promover la acción constitucional hasta la última resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, en la que se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, o en la que se ordene el archivo definitivo del expediente 736/2019. Lo anterior tiene sustento en la tesis: I.3o.C. J/21, emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, junio del año dos mil, página quinientos once: de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. En ese contexto, al tratarse de actos en ejecución, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el juicio, en términos del diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. SEXTO. Vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El artículo 261 de la Ley de Amparo7 dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de 7 "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el particular, quien resuelve, considera que pudiera actualizarse el hecho delictuoso a que se hace alusión, en virtud de que el quejoso promovió el presente juicio de amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño, pues refirió desconocer el juicio del que derivan los actos reclamados; sin embargo, como se anticipó, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado consistentes en el juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, se advierte que fue oído y vencido previo a la orden de desalojo sobre el inmueble ubicado en ------------------- Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que reclama, pues dio contestación a la demanda instaurada por ------------------- y opuso excepciones, e incluso interpuso apelación en contra de la interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se declararon improcedentes las excepciones de conexidad y litispendencia. Aunado a lo anterior, a través de escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común del edificio sede de este órgano jurisdiccional, el propio quejoso ---------, refirió, bajo protesta de decir verdad, que compareció al juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en calidad de demandado, del cual derivan los actos reclamados, del que refiere desconocer el estado procesal que guarda, ya que transcurrieron más de dos meses sin actuación alguna, ni se le ha notificado personalmente el reinicio de las actividades jurisdiccionales; y no obstante ello, dicha autoridad omitió informar sobre la existencia de ese procedimiento, al rendir su informe justificado, lo que originó que este Juzgado Federal requiriera a la indicada autoridad para que remitiera copia certificada de dicho juicio, en proveído dictado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Así, con motivo de ese requerimiento, la autoridad responsable: Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aclaró su informe justificado, mediante oficio presentado el veintiuno de febrero de la presente anualidad, en el que aceptó la existencia de los actos que reclama el quejoso dentro del presente juicio de amparo. En ese contexto, se pudiera presumir que la promoción de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, fue con la finalidad de obtener una ventaja dentro en el expediente ordinario civil (acción plenaria de posesión) 736/2019, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, como lo pudiera ser la suspensión de tal procedimiento, con la finalidad de obstaculizar la ejecución de la sentencia ahí emitida. Por tanto, en virtud de que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales8 establece la obligación de las autoridades que en ejercicio de sus funciones públicas tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, a denunciarlo inmediatamente a la representación social, se ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, inicie una investigación independiente, imparcial y meticulosa, atendiendo a los hechos que se han expuesto en esta sentencia, para lo cual deberá entregársele copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" 8 Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por --------------, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se da vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, en los términos precisados en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, el día de hoy diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, quien actúa con María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe.
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