Víctor Miranda Morales

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Víctor Miranda Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 320/2021-II. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo, promovida por -----------------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 320/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos la razón suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Víctor Miranda Morales, el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa, por las razones que expone en la misma. En tales circunstancias, con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 27, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el proveído de referencia, el presente auto y los subsecuentes acuerdos por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado. Es aplicable por analogía, la tesis III.30 C. 47K publicada en la página mil ochenta y seis del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero del dos mil, del siguiente tenor "NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO INDIRECTO. REQUISITOS PARA SU PRÁCTICA CUANDO NO SE LOCALIZA A LA PERSONA A NOTIFICAR EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS"i. Notifíquese; a la parte quejosa el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, así como el presente auto, personalmente por medio de la lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ---------, por propio derecho, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 320/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, este Juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Ahora bien, en el caso concreto, de una lectura integral que se hace de la demanda de amparo, el suscrito advierte que resulta improcedente el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, en atención a que se surte la causa de improcedencia que a continuación se detalla, la que deriva de la circunstancia de que el escrito por el que se ocurre a pedir la protección de la Justicia de la Unión carece de la firma autógrafa del promovente Víctor Miranda Morales. Esto es así, dado que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107, fracción I, constitucional y que recoge el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, el que se hace consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Y, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, esta es una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda; en el caso se advierte que la demanda de amparo se encuentra firmada por ------, sin embargo, es una firma en copia, por lo tanto, se estima como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En esa tesitura, si en la demanda de amparo no aparece la firma original autógrafa de quien aparece como promovente en su texto, es decir de Víctor Miranda Morales, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada y que la demanda resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 6°, ambos de la Ley de Amparo; lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo de mérito. Apoya a lo anterior la tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: X, Octubre de 1992, Página trescientos catorce, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Así como la tesis aislada, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, visible en la página doscientos cuarenta y uno, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." En ese contexto, y ante los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma autógrafa del directo quejoso -------, por su propio derecho. Se precisa que toda vez que la promoción carece de firma autógrafa, pues sólo contiene una firma en copia, en el caso que nos ocupa, no es una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/354, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuarenta y seis, en el tomo 86-1, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208,988, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa del directo quejoso no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Cobra aplicación, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,142, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, del tomo VI, segunda parte-2, correspondiente al mes de julio a diciembre de mil novecientos noventa, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 225,017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, asimismo, toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por -----------, por su propio derecho, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado.----------------- Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle -----------, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído al quejoso. En términos del último párrafo del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice la presente diligencia en días y horas inhábiles. Además, se hace del conocimiento al fedatario, que para llevar a cabo las notificaciones personales que deriven del presente expediente, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrá acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se le hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 5553870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se le hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ---------, por propio derecho, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 320/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, este Juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Ahora bien, en el caso concreto, de una lectura integral que se hace de la demanda de amparo, el suscrito advierte que resulta improcedente el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, en atención a que se surte la causa de improcedencia que a continuación se detalla, la que deriva de la circunstancia de que el escrito por el que se ocurre a pedir la protección de la Justicia de la Unión carece de la firma autógrafa del promovente Víctor Miranda Morales. Esto es así, dado que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107, fracción I, constitucional y que recoge el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, el que se hace consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Y, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, esta es una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda; en el caso se advierte que la demanda de amparo se encuentra firmada por ------, sin embargo, es una firma en copia, por lo tanto, se estima como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En esa tesitura, si en la demanda de amparo no aparece la firma original autógrafa de quien aparece como promovente en su texto, es decir de Víctor Miranda Morales, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada y que la demanda resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 6°, ambos de la Ley de Amparo; lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo de mérito. Apoya a lo anterior la tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: X, Octubre de 1992, Página trescientos catorce, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Así como la tesis aislada, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, visible en la página doscientos cuarenta y uno, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." En ese contexto, y ante los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma autógrafa del directo quejoso -------, por su propio derecho. Se precisa que toda vez que la promoción carece de firma autógrafa, pues sólo contiene una firma en copia, en el caso que nos ocupa, no es una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/354, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuarenta y seis, en el tomo 86-1, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208,988, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa del directo quejoso no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Cobra aplicación, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,142, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, del tomo VI, segunda parte-2, correspondiente al mes de julio a diciembre de mil novecientos noventa, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 225,017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, asimismo, toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por -----------, por su propio derecho, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado.----------------- Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle -----------, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído al quejoso. En términos del último párrafo del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice la presente diligencia en días y horas inhábiles. Además, se hace del conocimiento al fedatario, que para llevar a cabo las notificaciones personales que deriven del presente expediente, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrá acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se le hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 5553870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se le hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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