Victor Rabadan Castillo
Expediente 696/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victor Rabadan Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
INTERNO RECLU OTE Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ., por propio derecho, contra actos del Subdirector de Seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Orienten y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 696/2022. DESECHAMIENTO Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que en el promovente reclama la negativa de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en horario de visita a ., esto con motivo de que el catorce de junio del año en curso, la visitante introdujo un teléfono celular el mencionado reclusorio por lo que la suspendieron por un periodo de seis meses, que atribuye a las autoridades responsables. Este órgano de control constitucional estima que en el este asunto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1, la cual de acuerdo al diverso 62 del mismo cuerpo de leyes debe estudiarse de manera oficiosa. En efecto, se tiene que el acto reclamado ocasiona una afectación a las condiciones de internamiento de la accionista 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" de amparo, entendido como, cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V, y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal2. Sin embargo, es preciso destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación, al cual se debió acudir, previo a combatir el acto aquí reclamado mediante la 2 Los cuales establecen: Artículo 3. Glosario - -Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: [.] XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; [.] XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; [.]. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario - - -Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. - - - Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: - - -I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; - - -II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; - - - III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; - - - [.] - - -VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; - - -VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; [.]. Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario ---Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a: [.] III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género; IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud; V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley; [.] . Artículo 30. Condiciones de internamiento --- Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. --- Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. promoción de un juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. En efecto, dicha ley en sus artículos 30 y 313, establece diversos regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en lo que interesa, los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el reclamado, en términos de los artículos 1074, 1085, 1096 y 1107, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3 Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. Las personas sentenciadas por los delitos de secuestro, previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán compurgar su pena privativa de la libertad en espacios especiales ubicados dentro de los Centros Penitenciarios, en términos de lo que dispongan las normas administrativas aplicables. Lo anterior será aplicable a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, conforme a la ley en la materia, así como para las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad. Las personas internas en espacios especiales, no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que estas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias. 4 "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." 5 Artículo 108. Legitimación En régimen disciplinario, es donde se ubica el acto reclamado consistente en la medida disciplinaria relativa a la suspensión por un periodo de seis meses para ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en horario de visita a ., esto con motivo de que el catorce de junio del año en curso, la visitante introdujo un teléfono celular el mencionado reclusorio, pues forma parte de la reglas de disciplina, a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario de mérito. Para mayor comprensión, resulta necesario transcribir el siguiente artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece lo siguiente: "Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias. La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general." (.)" Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." 6 "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." 7 "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita en el capítulo de imposición de medidas disciplinarias prevé que los procedimientos disciplinarios garantizan el derecho a la defensa y es el Comité Técnico quien deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla, lo que podrá hacerse dentro de los tres días siguiente a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución, dejándose en suspenso la aplicación de las sanciones hasta que éste resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se implementen las medidas administrativas necesarias para salvaguardar la seguridad y orden de centro penitenciario, en términos de lo que establecen los artículos 46, 47 y 488 de la Ley de Ejecución Penal. Sin que obste a lo anterior, que si bien la ley en mención hace a alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que el artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" Es decir, tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. 8 De la Imposición de Sanciones Disciplinarias Artículo 46. Debido proceso Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. Artículo 47. Notificación de sanción El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla. Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta Ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. De lo anterior se advierte que, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnarse a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que, el acto del que se duele la accionista de amparo; no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía biinstancial, toda vez que de lo antes expuesto, pone de manifiesto la existencia de un procedimiento disciplinario que garantiza el derecho a la defensa de audiencia y oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad, como lo es, el acudir al Juez de Ejecución para la revisión de las revisiones administrativas por faltas administrativas. En tales condiciones previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al Juicio de Amparo. En razón de todo lo expuesto, la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como, la jurisprudencia numero VI.1o. J/85 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, por lo que se llevarán a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad.
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