Victor Olguín Juárez
Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victor Olguín Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la nueva ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otro lado, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCIÓN al haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO. Por otro lado, respecto a las pruebas documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que los actos reclamados por el quejoso y que atribuye a la siguiente autoridad consisten en: 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México: a. La falta de defensa adecuada. b. La omisión de aceptar el escrito a través del cual promueve incidente no especificado y, La autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamado. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la falta de defensa adecuada, la responsable remitió copia certificada: del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el que requirió al Coordinador del Área de Ejecución de Sanciones Penales de la Defensoría Pública en el Reclusorio Norte, para que designará a un defensor público a favor del quejoso; oficio suscrito por el funcionario en cita, en que designó al licenciado Irineo Luis Hernández Vargas y, acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se le tuvo aceptando y protestando el cargo conferido, las que por tratarse de documentos públicos, tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, de los que se advierte la inexistencia del acto reclamado. Por tanto, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado que se le atribuye a la responsable, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Respecto a la omisión de aceptar el escrito a través del cual el quejoso . promueve incidente no especificado, este juzgador de oficio advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI1 de la Ley de Amparo, pues sus efectos han cesado. Lo anterior, porque de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, que por tratarse de documentos públicos, tiene eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de ejecución EJEC-NTE/2037/2021, se tuvo por recibida la solicitud 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. suscrita por el quejoso por la que solicitó se tuviera acogido al sustituto de la pena de prisión por tratamiento en libertad, motivo por el cual se dio vista al agente del ministerio público para que manifestara lo que a su representación compete y, desahogada que fue la vista, en esa misma data, se tuvo al peticionario del amparo por acogido a dicho sustitutivo de la pena, señalándose además las cusas de su revocación, se giró oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, a efecto de dar cumplimiento a lo proveído y mediante oficio SSC/RPVN/UGA M1/3460/2022, se le informó al juez responsable que el quejoso había obtenido su libertad en la misma data. De manera que, a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Juez responsable en atención a la petición formulada por el quejoso, mediante acuerdo de acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, acordó de conformidad su incidente y en la misma fecha obtuvo su libertad. Cierto, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, la causa de improcedencia invocada se actualiza, en virtud de que el quejoso reclamó la omisión de la responsable de aceptar el escrito donde promovía un incidente no especificado y, en atención a ello, la responsable emitió el acuerdo de siete de abril actual y se procedió a su cumplimiento. Por lo anterior, si durante la tramitación del presente juicio, la parte quejosa obtuvo su libertad con motivo de su solicitud acogerse al sustituto de la pena de prisión por tratamiento en libertad, entonces, queda de manifiesto que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México y el acto de mérito. Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista con el informe de cuenta, ya que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hicieran los impetrantes, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia señalada en autos. Finalmente, agréguese a los autos el oficio, signado por el Juez responsable, a través del cual informa que respecto del acto reclamado, no existen terceros interesados, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese, por lista al quejoso y, personalmente a la defensora.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio, signado por el Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, a través del cual informa que mediante escrito de fecha siete de abril de la presente anualidad, el aquí quejoso, solicitó acceder al sustitutivo de tratamiento en libertad, el cual fue acordado de conformidad, obteniendo su libertad en la misma data, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
DEFESNORA PAULA Agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Paula Abigail Duran Camargo, defensora pública del quejoso ., con el cual protesta y acepta el nombramiento de defensora de oficio del impetrante, remitiendo para acreditar su dicho copia de la cédula profesional 08809051, así como de la credencial administrativa 879303, expedidas a su favor respectivamente por la Dirección General de Profesiones y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. En ese orden, téngase aceptando y protestando el cargo conferido, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el directo quejoso salió en libertad el siete de los actuales; bajo esas condiciones, con fundamento en los artículo 17 constitucional y 75 de la Ley de Amparo que establece que el órgano jurisdiccional podrá recabar oficiosamente las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, requiérase a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos en la Ciudad de México, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informe si la libertad del quejoso obedeció a la tramitación del incidente no especificado que promovió en la carpeta de ejecución EJEC-NTE/2037/2021. Apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, aunado a que se dará vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por desacato a un mandamiento judicial. Notifíquese.
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