Victor Nicolas Francisco

Expediente 53/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
53/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Victor Nicolas Francisco

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a uno de diciembre de dos mil veinte. CAUSA EJECUTORIA Vistos los autos, se advierte que la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, por la que este órgano de control jurisdiccional determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este asunto como totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto:  CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado.  Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE SOLICITA ACUSE Por otra parte, remítase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION CENTRO PONIENTE ADSCRITA A SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, las constancias que anexó como justificante de su informe consistente en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 116/2018/SANMARTIN en un tomo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, remita el acuse respectivo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Víctor Nicolás Francisco, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla; se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído por conducto de las personas designadas para oír y recibir notificaciones de su parte en el domicilio citado para tal efecto. SE GIRA DESPACHO En razón de lo anterior, gírese atento despacho electrónico al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, a fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado Federal, se sirva notificar el presente proveído al quejoso Víctor Nicolás Francisco, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la presente notificación aún en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le corresponda llevarla a cabo deberá practicar la notificación respectiva ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar a este Juzgado Federal dentro de los tres días siguientes las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE AUTO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. Puebla, Puebla, a uno de diciembre de dos mil veinte. CAUSA EJECUTORIA Vistos los autos, se advierte que la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, por la que este órgano de control jurisdiccional determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este asunto como totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto:  CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado.  Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE SOLICITA ACUSE Por otra parte, remítase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION CENTRO PONIENTE ADSCRITA A SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, las constancias que anexó como justificante de su informe consistente en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 116/2018/SANMARTIN en un tomo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, remita el acuse respectivo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Víctor Nicolás Francisco, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla; se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído por conducto de las personas designadas para oír y recibir notificaciones de su parte en el domicilio citado para tal efecto. SE GIRA DESPACHO En razón de lo anterior, gírese atento despacho electrónico al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, a fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado Federal, se sirva notificar el presente proveído al quejoso Víctor Nicolás Francisco, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la presente notificación aún en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le corresponda llevarla a cabo deberá practicar la notificación respectiva ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar a este Juzgado Federal dentro de los tres días siguientes las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 53/2020, promovido por Víctor Nicolás Francisco y/o Víctor Nicoals Francisco; y, Resultando. Primero. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, Víctor Nicolás Francisco y/o Víctor Nicoals Francisco promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado a la Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, consistente en el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal 116/2018/SAN MARTÍN, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de dieciséis de enero del presente año este juzgado federal registró la demanda como juicio de amparo 53/2020; se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado; de igual forma, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada. Tercero. En proveído de doce de febrero de dos mil veinte se ordenó emplazar a los agentes del ministerio público que formularon la imputación al quejoso. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso, se observa que el quejoso señala como acto reclamado el auto de vinculación dictado por la Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se observa que el auto de vinculación se dictó el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la carpeta judicial 116/2018/SAN MARTÍN. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. La juez de control reconoció expresamente la existencia del acto reclamado (fojas 32 a 34); lo que se corrobora con la copia cotejada de la carpeta judicial administrativa y discos compactos en formato DVD, que contienen el registro de la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve-, de la causa penal 116/2018/SAN MARTÍN, que remitió la autoridad. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, por tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El impetrante refiere que el acto reclamado vulnera los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal, por transgresión al principio de presunción de inocencia, al considerar que no está demostrada la probable participación en la comisión del delito de violación ya que aduce que no basta con el señalamiento de la agraviada sin datos que corroboren su versión de los hechos. Considera también que se vulnera la garantía de seguridad jurídica toda vez que no es clara la mecánica de empleo de violencia física o moral aplicada a la ofendida que pudiera anular su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras, ente otros, por lo que su narrativa es inverosímil. Asimismo, manifiesta que en el dictamen fisiológico que se realizó la agraviada, el medico no indicó qué tipo de lesiones presentaba, ni sus características, textura, color o tamaño, a fin de establecer si las lesiones fueron recientes y que fueron a causa del hecho ilícito de manera que se genere credibilidad a la declaración de la victima. De igual manera, aduce que cuando la cópula se impone por medio de la violencia física debe materializarse alguna lesión que deje huella o vestigio en el cuerpo de la víctima, derivado de tratar de vencer su resistencia. Además, aduce que no está corroborado con otros datos de prueba el testimonio de la víctima y que no se advierte que el inculpado haya ejercido violencia física o moral, pues del dictamen en psicología se concluye que la víctima no presenta indicadores de afectación psicológica o emocional. Por tanto, refiere que al ser inverosímil la declaración de la víctima y no estar corroborada con otros datos de prueba, el acto reclamado es inconstitucional. Los argumentos son infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Del registro de la audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 116/2018/SAN MARTÍN, se advierte que, a partir de los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, la juez de control de manera acertada consideró satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, decretó contra el impetrante Víctor Nicolás Francisco y/o Víctor Nicoals Francisco auto de vinculación a proceso, por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada, previsto en el artículo 272, fracción I, en relación con el diverso 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Miriam Pérez Aguilar. Al respecto, la juez penal precisó que el órgano investigador, formuló imputación y que se otorgó al imputado el derecho de declarar o guardar silencio, acogiéndose a este último; por ende, después de otorgar a las partes el derecho de contradicción, resolvió que los datos expuestos por la representación social para solicitar vinculación a proceso, son suficientes para establecer un hecho con apariencia del delito aludido y la probabilidad que el impetrante lo cometió. En el caso, son acertadas las consideraciones de la juez de control para decretar la vinculación a proceso del quejoso, porque del registro de la audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve se advierte que la Ministerio Público solicitó autorización para formular imputación y con la autorización de la juez, la fiscal señaló que se sigue una investigación en su contra por el hecho con apariencia del delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267 y 272, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Así mismo, la representación social precisó que el hecho materia de la imputación es que el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las catorce horas, el quejoso junto con la victima Miriam Pérez Aguilar y una amiga de nombre Jocelyn salieron de trabajar del taller de costura ubicado en la calle Benito Juárez número ochenta, esquina con calle Leona Vicario, de la población de Santa María Moyotzingo, momento en que invitó a la víctima y a la otra compañera a tomar cervezas, por lo que se dirigieron a la tienda que se ubica en calle Linda Vista número cuatro, de la misma población en donde estuvieron ingiriendo cervezas. Posteriormente, mencionó que a las diecinueve horas se retiró Jocelyn, por lo que el imputado y la víctima continuaron ingiriendo cervezas; a las veinte horas, la pasivo decidió retirarse, por lo que ambos salieron con rumbo a la casa de la víctima, quien ya se sentía mareada. Ambos caminaban llevando sus bicicletas, al ir pasando a la altura del panteón, donde se encuentra una construcción en obra negra, el imputado jaló a la pasivo y la llevó a la construcción, y aunque ésta trato de resistirse debido a su estado no pudo oponer resistencia; en ese lugar, comenzó a meter su mano en la blusa de la víctima acariciando sus pechos y con la mano derecha intenta bajar su mallón; la pasivo le dijo que no, pero él continuó, de momento logró soltarse, pero la tomó del cuello y la tiró al suelo, se colocó encima de ella, siguió tocando sus partes íntimas, bajó el mallón e introdujo su pene en la vagina de la víctima. Así mismo, señala que provocó a la pasivo lesiones en los pechos, quien perdió el conocimiento; luego, cuando reaccionó, se percató que continuaba con el mallón hasta las rodillas y que él se encontraba sentado a su lado izquierdo, por lo que ella se acomodó el mallón y salió corriendo; mientras que el imputado también lo hizo detrás de la víctima. Llegó la víctima a su domicilio, y en el patio se encontraban sus papás y hermano, a quienes les dijo que el imputado la acababa de violar; momento en el que llegó con la bicicleta de la agraviada y lo detienen los familiares, sin permitirle su salida del domicilio, por lo que llamaron a la policía para que lo detuvieran. También indicó que su intervención es directa, como autor material y la conducta es dolosa, pues conocía y se aprovechó de las condiciones en que se encontraba la víctima, por lo que no pudo obtener resistencia. Finalmente, precisó que las personas que deponen en su contra, son los policías municipales Juan Alberto Rodríguez Gama y Marcelo Montiel Pérez, así como la víctima y su hermano; con lo cual la representación social concluyó la imputación (15:56:33.28 horas); por tanto, se cumple con lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, la juez de control preguntó al imputado si entendió y le quedaron claros los hechos, al que respondió que sí. La juez penal hizo saber al imputado el derecho de contestar la imputación o guardar silencio, diciéndole que lo consultara con su defensora, quien posteriormente manifestó que se reservaba su derecho de declarar, con lo que se satisface el requisito previsto en el numeral 312 de la ley procesal penal. Luego, la fiscal pidió autorización para la vinculación a proceso del quejoso; lo que fue concedido por la juez, por lo cual reiteró el hecho imputado y expuso los datos de prueba en que sustentó su solicitud (16:00:00 horas), siendo los siguientes: 1. Aviso al agente del ministerio público de veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, firmado y ratificado por los elementos aprehensores Juan Alberto Rodríguez Gama y Marcelo Montiel Pérez, en la cual señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de detención del imputado. 2. Informe policial homologado de veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, realizada por los elementos aprehensores del que se desprende la entrevista realizada a la víctima. 3. Entrevista de Miguel Ángel Pérez Aguilar, hermano de la pasivo. 4. Segunda entrevista realizada a la víctima de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante la representación social. 5. Dictamen en psicología número 1828/2018 de veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, elaborado por Oswaldo Ramírez Martínez, emitido para determinar si la victima sufrió alguna afectación psicológica, donde después de realizársele diversas evaluaciones se determinó, entre otras cosas, que presenta un estado emocional negativo persistente por miedo y enojo, concluyendo que no se observa afectación psicológica o emocional derivada de los hechos, porque refiere que no los recuerda, pero denotó presión en seguir con el proceso. 5. Dictamen 829 psicofísico, ginecológico y proctológico, realizado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho por el médico José Guillermo Melchor y Navarro, en el que a la exploración física describe diversas lesiones que pudo advertir en el cuerpo de la pasivo, a saber: Escoriación ungueal en el cuello del lado derecho, parte media lineal, oblicuo de arriba abajo y hacía atrás. Escoriación ungueal en el cuello, cara anterior, parte media lineal, oblicuo de arriba abajo y de izquierda a derecha. Dos equimosis por sugilación en glándula mamaria derecha. Dos escoriaciones en hombro izquierdo a nivel de ángulo axilar anterior. Escoriación abrasiva en región lumbar izquierda, parte inferior. Escoriación abrasiva en región lumbar izquierda parte inferior. Dos escoriaciones en región glútea media e interna parte superior. Asimismo, concluyó que al examen externo en área genital no presentó lesión externa visible; en área paragenital no presentó lesiones, solo huellas de sangrado menstrual; a la revisión de vulva en monte venus sin lesión en labios mayores ni en labios menores, con huellas de sangrado menstrual; vagina sin lesión externa reciente; himen con presencia de desgarro no recientes a la hora cinco y a la hora siete carátula horario, con bordes cicatrizado. Finalmente, concluyó que las lesiones que presenta tardan en sanar menos de quince días y no ponen en riesgo la vida ni la función de regiones afectadas De igual manera, la representante social señaló que se establecieron diversas notas: Como nota uno, un indicio consistente en un bikini de color blanco con tenue mancha gris claro, el cual se embaló y se entregó a la autoridad ministerial. Como nota dos, muestra con hisopo de secreción de cavidad oral. Como nota tres, muestra con hisopo de conducto vaginal. Como nota cuatro, muestra con hisopo de frotis perianal. 7. Informe AEIUADDMZN/5484/2018 realizado por la Nancy Salinas Domínguez, de veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual refiere que se trasladó al domicilio de la víctima en calle Guadalupana, número veintiséis en Santa María Moyotzingo, para corroborar la existencia de lugar donde fue detenido el imputado; asimismo, se constituyó, en la tienda ubicada en calle Linda Vista número cuatro, población de Santa María Moyotzingo, San Martín Texmelucan; agregando impresiones en blanco y negro. 8. Inspección al inmueble en obra negra, ubicado sobre calle de Las Flores, sin número, entre Leona Vicario y Zaragoza, población de Santa María Moyotzingo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, lugar donde refirió la victima que ocurrieron los hechos sin encontrar vestigios relacionados con los mismos. 9. Croquis con el probable trayecto desde diferentes puntos, a saber del lugar de trabajo de la víctima, la tienda donde estuvieron ingiriendo cervezas, la casa en obra negra y finalmente al domicilio de la víctima. Luego, la representante social señaló que el grado de participación, es como autor material directo, ya que tuvo la voluntad de causar un daño a la víctima, porque aprovechó el estado en que ésta se encontraba, por lo cual no pudo oponer resistencia, su conducta conlleva el dolo directo; por tanto, al no poder resistir la pasivo le impuso la cópula. Luego, manifestó que al no existir causa de exclusión, solicitó se vincule a proceso (16:51:58 horas), exposición que cumple con lo establecido en el arábigo 313 de la codificación procesal penal. De igual forma, la juez de control preguntó al imputado en qué momento quería que se resolviera su situación jurídica, quien después de un receso para consultarlo con su defensora, solicitó que en ese momento (18:16:30 horas). Por lo cual, después de permitir la contradicción entre las partes, la juez cerró el debate y resolvió la situación jurídica del impetrante. La juez de control consideró satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 constitucional (18:55:10 horas), porque la fiscal formuló imputación (fracción I); se hizo saber el quejoso su derecho a declarar o guardar silencio (fracción II), acogiéndose a éste; el fiscal expuso los datos de prueba (fracción III), los que después de permitir la contradicción, estimó suficientes para satisfacer los requisitos de fondo. Luego, la juez retomó la manifestación de la defensa materia de controversia en el sentido de que no se encuadraba la clasificación jurídica propuesta por la agente del ministerio público establecida en los artículos 267 y 272, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla. Por lo anterior, la juez estableció que el artículo 272 fracción II fue citado por un error, por lo que exhortó a la Agente del Ministerio Público para que tuviera más cuidado, pues propuso un hecho fáctico diverso a la clasificación jurídica señalada, en razón de que la fracción II habla de establecer la cópula a una persona menor de edad y que, en el caso, si bien no existe un dato de prueba que precise que la víctim sea menor de edad, si escuchó que al momento de los hechos tenía veinticuatro años. En consecuencia, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales reclasificó la conducta propuesta por el ministerio público (19:02:18), señalando que la conducta delictiva debe encuadrarse en el artículo 272 fracción I, ello por guardar correspondencia con los datos de prueba aportados por la representación social. En tal sentido, la juez mencionó que es cierto que la defensa mencionó circunstancias no coincidentes en las entrevistas realizadas a la víctima, relativas a que primero dijo que se había tomado doce vasos de cerveza y que los hechos ocurrieron en el panteón, mientras que en la segunda entrevista refirió que los hechos ocurrieron en una data diversa, señalando como lugar de los hechos una obra en construcción. Dijo también, que los antecedentes (datos de prueba), son suficientes para determinar que ocurrió un hecho con la clasificación citada partiendo de lo manifestado por la víctima. Asimismo, manifestó que en el caso se trata de una víctima que no recuerda bien los hechos por estar bajo los efectos de bebidas embriagantes, por lo que es entendible que pudiera ser imprecisa en sus declaraciones. También, destacó que en la investigación se han incumplido con los protocolos por el médico legista al haber realizado las inspecciones correspondientes. Igualmente señaló que en lo relativo a la cadena de custodia se encuentra la obligación de preservar y conservar los indicios; sin embargo, se omitió indagar sobre la intoxicación de la víctima, información que hubiera sido útil, a pesar de que eso no fue controvertido por la defensa. Reiteró, que la existencia de las contradicciones en los testimonios de la pasivo, al indicar que, primero, tomó doce vasos y después, una caguama, no tienen impacto para desvirtuar el dicho de la víctima. La juez de control precisó que se trata de un delito de índole sexual, los cuales, por su naturaleza, generalmente se consuman en ausencia de testigos, en los que la declaración de la víctima es prueba esencial cuando es verosímil, pero a partir de las sentencias pronunciadas contra el Estado mexicano: "Valeria e Inés", se modificó ese criterio; por ende, las inconsistencias destacadas por la defensa son razonables, atendiendo al estado en el que se encontraba la víctima pues se encontraba bajo los influjos del alcohol. Además, precisó que debe tomarse en cuenta el contexto sociocultura de la víctima y la inobservancia de los protocolos en la investigación. Por otra parte, consideró relevante la inconsistencia que señalo la defensa en el sentido de que no existan en el área de genitales lesiones y que por lo tanto no hubo cópula, porque además de la narrativa de la víctima no se precisa tal conducta, es decir, la introducción del miembro viril; empero, estableció que la víctima se encontraba bajo los influjos del alcohol y que no todas las violaciones dejan secuelas físicas evidentes, sin que ello implique que no haya sucedido el delito. En tal sentido, la juez de control refirió que, si bien en el dictamen médico no se describen lesiones en el área de genitales, es insuficiente para considerar la inexistencia de la conducta, pues se describen diversas lesiones que son compatibles con el testimonio de la víctima; aunado a que en su segunda narrativa manifestó que no recordaba bien los hechos. En cuanto al dictamen en psicología, la juez señaló que el perito establece que no presenta indicadores de afectación emocional, porque no recuerda los hechos; sin embargo, también refirió que siente presión por seguir con el proceso y que se encuentra en un estado emocional negativo persistente de miedo y enojo, lo cual es contradictorio. Estableció que si bien es cierto que del resultado del dictamen psicofísico, ginecológico y proctológico se concluyó que no había huellas en los genitales, ello se contrapone con las lesiones que presentó el cuerpo de la víctima en diversas partes del cuerpo. También manifestó que no hubo controversia respecto a la ingesta del alcohol por lo que es el mismo resultado si se consumen doce vasos de plástico o una caguama o más de cerveza, pues fueron aproximadamente seis horas de consumo de bebidas alcohólicas. Igualmente, señaló que con relación a las inconsistencias de la narrativa de la víctima respecto a que la habían aventado a la pared y perdió el conocimiento, y que por tanto no tenía la certeza de que el inculpado le hubiera impuesto la cópula, es necesario tomar en cuenta que la víctima presentaba estado de embriaguez por lo que no podía recordar con exactitud los hechos. Finalmente, manifestó que en cuanto a la probable intervención del quejoso en el hecho delictivo, existen indicios razonables porque no se controvirtió la presencia del imputado con la víctima, ni la realización de una actividad sobre el cuerpo de la agraviada, ya que si bien es verdad que se refirió que no hubo copula, según el dictamen médico existen al menos siete lesiones que dan cuenta de una actividad que se realizó sobre el cuerpo de la víctima, alteraciones que son compatibles sus afirmaciones, en la medida que existió una agresión sexual sobre su persona, pues incluso la sola falta de consentimiento de la víctima actualiza la hipótesis de violación. Por tanto, la juez natural consideró que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, son indicios razonables para establecer que, se impuso a la víctima la cópula, al estar imposibilitada para resistir, porque se encontraba alcoholizada, lo cual actualiza el supuesto previsto en el artículo 272, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. En el caso, el impetrante controvierte la valoración de pruebas bajo tres aspectos: a) La declaración de la pasivo, al considerar que las dos entrevistas realizadas son contradictorias entre sí, lo cual hace su testimonio inverosímil y carente de valor probatorio, aunado a que no está corroborado con otros datos de prueba. b) El dictamen médico es insuficiente para establecer la imposición de la cópula y las lesiones descritas carecen de concordancia con el testimonio de la víctima, pues no manifestó que haya sido penetrada. c) No hubo cópula porque no manifestó que había sido penetrada y en el dictamen en psicología se establece que no presenta indicadores de afectación, lo cual hace inverosímil la declaración de la víctima. Los argumentos son infundados. Como primer aspecto, se debe señalar que acertadamente la juez de control destacó que la conducta imputada constituye un acto de violencia sexual, que conlleva un análisis de valoración específico. Lo anterior, porque conforme a la tesis citada por la juez penal, se establece que la violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas de género, por lo cual los juzgadores deben, oficiosamente, analizar los casos de violencia sexual que se les presenten con perspectiva de género. En tal sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que a partir de la obligación del Estado mexicano de investigar la violación de derechos humanos, dentro de ellos, los casos de violencia contra la mujer, es necesario que se adopten medidas específicas en su investigación, con la finalidad de que los actos realizados sean eficaces, al ser carga del estado. De igual forma, los testimonios de las víctimas en los delitos que impliquen actos de violencia sexual deben ser valorados con perspectiva de género, a partir de ciertos elementos mínimos, dentro de los cuales se comprende que la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, se debe entender que el recuento de los hechos pudieran tener inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que declare, además de tomar en consideración elementos subjetivos de la víctima y analizarlo conjuntamente con otros elementos, recordando que el testimonio de la víctima es elemento fundamental. Ante ello, es adecuada la valoración de la declaración de la víctima, porque las inconsistencias a las que aludió la defensa en la audiencia se refieren a aspectos que no inciden en la esencia del hecho, sino aspectos secundarios, como se observa a continuación: a) La ingesta de cerveza: 1. Doce vasos; y, 2. Una caguama, para cada uno. b) El lugar en que ocurrieron los hechos, el panteón o en una construcción en obra negra. c) Circunstancias ejecución: 1. El chaparro la empujó y se cayó; y, 2. La toma del cuello y la mete a la construcción. d) Circunstancias ejecución: 1. No recuerda cómo la metió; y, 2. La metió, adentro la golpeó y se cayó al suelo. e) Día: 1. Veintidós de septiembre de dos mil dieciocho; y, 2. Veintitrés de ese mes y año. Por ende, las inconsistencias señaladas no trascienden al hecho concreto, porque la diferencia de días, se debe considerar un error al asentarlo en la segunda entrevista o, precisamente, un aspecto relacionado con la experiencia, porque, al relacionarlo con los demás datos de prueba se conoce que la conducta se ejecutó el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho. Por su parte, los aspectos relacionados a que, si fueron doce vasos o una caguama, no constituye inconsistencias, sino simplemente las precisiones o imprecisiones que realizó en cada una de las entrevistas. Por su parte, respecto a las circunstancias y lugar de ejecución, se debe analizar el contenido de los testimonios atendiendo a las reglas de valoración antes indicadas, es decir, a la naturaleza del delito y en concordancia con los demás elementos de prueba. Por tanto, de su testimonio se debe considerar que refiere haber ingerido cerveza y por lo cual se encontraba mareada; al momento de que el imputado pretende llevarla al interior del inmueble que señala estaba en obra negra, hay resistencia, la que debe entenderse de acuerdo a su estado y a su condición de mujer, lo cual implicó que la tomara del cuello, lo que corresponde a una de las lesiones descritas; luego, que le toca los pechos, pero existía resistencia, otra de las lesiones descritas; también refiere que después de forcejear logra bajar su ropa inferior y se coloca encima de ella; advirtiéndose también lesiones en los glúteos. Por su parte, respecto a la descripción realizada por el médico de los genitales, la circunstancia de que el desgarro del himen no fuera reciente, es insuficiente para considerar que la conducta es inexistente, porque la cópula se actualiza con independencia del tipo de penetración, si existe o no desfloración, porque la descripción típica protege la libertad sexual. Aunado, a que atendiendo al relato de la pasivo, al no estar en condiciones de resistir y señalar que se desvaneció, no es necesaria la existencia de una lesión en los genitales, al ser innecesario ejercer demasiada fuerza para consumar la conducta, al no estar en condiciones de resistir. En relación con la pericial en psicología, la circunstancia que el experto concluyera que no advirtió indicadores de afectación por los hechos, es intrascendente para desvirtuar los indicios señalados por la juez de control. Ello, porque como lo sostuvo la juez penal, en el caso, se ha incumplido con las obligaciones mínimas al investigar un hecho que involucra violencia contra la mujer, lo cual incide en la forma en que se han realizado las periciales antes indicadas. Sin embargo, pese a tales deficiencias que pudieran trascender a los derechos de la víctima, resulta acertado que la juez de control estimara que los datos de prueba son indicios razonables para establecer el hecho y la probabilidad que el impetrante lo cometió. Además, porque la víctima al llegar a su casa le informó a su hermano que había sido violada por el aquí quejoso y al tratarse de un delito sexual, la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, es la prueba fundamental. Ello, aunado a que como lo adujo la juez, por el tipo de lesiones que presentó el cuerpo de la víctima se puede determinar que posiblemente ocurrió una agresión sexual en su persona. Lo anterior, porque en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente el hecho y la probabilidad de que la persona lo cometió, lo cual se encuentra satisfecho, ya que se trata de una investigación inacabada. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Nicolás Francisco y/o Víctor Nicoals Francisco, contra el acto reclamado a la Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, decretado en su contra en la causa penal 116/2018/SAN MARTÍN. QUINTO. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL QUEJOSO PRIVADO DE LIBERTAD. Tomando en consideración el impetrante Víctor Nicolás Francisco y/o Víctor Nicoals Francisco se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, con copia autorizada de la presente resolución, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior de ese centro penitenciario y, una vez teniendo a la vista al impetrante Juan Carlos González Silva, notifique de manera personal el contenido de este fallo, quien es representante común. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial en el plazo de tres días. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e. PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ++ y/o ++, contra el acto reclamado a la Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, decretado en su contra en la causa penal 116/2018/SAN MARTÍN, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual devuelve el despacho 445/2020 (orden 570/2020) del índice de este juzgado federal, mediante el cual se ordenó notificar al inconforme Víctor Nicolás Francisco, el proveído de diecisiete de septiembre de este año. En tales condiciones, acúsese recibo a la autoridad oficiante, dése de baja en la estadística de este juzgado la comunicación de mérito y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

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