Victor Moro Ramirez
Expediente 220/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victor Moro Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Finalmente, se ordena desglosar el original del disco óptico en formato DVD de la audiencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve que remitió la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Puebla, previa certificación que obre dentro del presente sumario constitucional y remitir el mismo a la autoridad en cita.
- Principal
Visto el escrito de cuenta así como el estado que guardan los presentes autos, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, del oficio que remitió la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro en catorce de marzo de dos mil diecinueve y registrado con número de control interno 4109 y del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado la audiencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva dictada dentro de la causa penal número 34/2017/PUEBLA. Así mismo, del oficio que remitió la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, de la demanda de amparo y del escrito de cuenta se advierte que la audiencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve de referencia, le fue notificada al impetrante Víctor Moro Ramírez en esa misma data, por así señalarlo, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo , de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. "Así las cosas y toda vez que se tiene certeza (que no presunción) de que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Desde luego, no pasa inadvertido para este tribunal que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado o sentenciado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor.
- Principal
Visto el escrito de cuenta así como el estado que guardan los presentes autos, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, del oficio que remitió la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro en catorce de marzo de dos mil diecinueve y registrado con número de control interno 4109 y del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado la audiencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva dictada dentro de la causa penal número 34/2017/PUEBLA. Así mismo, del oficio que remitió la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, de la demanda de amparo y del escrito de cuenta se advierte que la audiencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve de referencia, le fue notificada al impetrante Víctor Moro Ramírez en esa misma data, por así señalarlo, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo , de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. "Así las cosas y toda vez que se tiene certeza (que no presunción) de que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Desde luego, no pasa inadvertido para este tribunal que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado o sentenciado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento al proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, así como el oficio de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial, mismo que fue registrado con número de control interno 4109, de los que se advierte que la situación jurídica relativa a la prisión preventiva a que se encuentra sujeto el impetrante, se hace depender de la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva, en la que se resolvió que debía prevalecer la medida cautelar antes mencionada, por todo el tiempo que dure el procedimiento. Por lo que con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo se previene al quejoso para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, mediante escrito aclaratorio y con las copias necesarias del mismo, cumpla con lo que dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, si señala como acto reclamado: 1.- La audiencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo de once de marzo de dos mil diecinueve. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la citada ley, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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