Victor Miguel Torres Delgado

Expediente 987/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
987/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Victor Miguel Torres Delgado
  • Lic. Daniel Aguilar Patiño, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California En Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Efectos de la sentencia. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Víctor Miguel Torres Delgado, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realizara lo siguiente: Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que Jorge Antonio Aguayo Domínguez y Denisse Manríquez Gómez, personas que el imputado Víctor Miguel Torres Delgado designó como sus defensores en la audiencia de vinculación a proceso emitida el treinta de julio de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1684/2018, son profesionistas del derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como podría ser requerirlos para que exhiban su cédula profesional o copia certificada de ésta, que los acredite como licenciados en derecho, o bien, cualquier otra medida que resulte idónea para tal efecto. En caso de acreditarse lo anterior, el juez responsable dejará subsistente la audiencia de vinculación, incluyendo la resolución del plazo constitucional; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Por el contrario, de no acreditarse la calidad del defensor, el juez de origen deberá dejar insubsistente la referida audiencia de vinculación; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán observarse los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Para lo cual, deberá de requerir al imputado para que designe defensor y, en caso de no hacerlo, el Juez realice la designación, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. De existir imposibilidad para exhibir la cédula profesional original o en copia certificada, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. Hecho lo anterior, prosiga con el trámite respectivo. Antecedentes y requerimiento. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia, y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Valoración de cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió constancias y disco compacto, de las que se advierte que realizó lo siguiente: Primero. En audiencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 1684/2018, el Juez de Control, en el minuto dos con veintiséis segundos, procedió a individualizar a las partes, estando presentes en la sala de audiencia el licenciado Antonio Uribe Torres, Agente del Ministerio Público (tercero interesado); Jorge Antonio Aguayo Domínguez, defensor particular del imputado y Víctor Miguel Torres Delgado, imputado (hoy quejoso) e hizo referencia al cumplimiento de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Segundo. En cumplimiento a la sentencia, en el minuto tres con doce segundos, el Juez de Control, solicitó al licenciado Jorge Antonio Aguayo Domínguez, defensor particular del imputado que acreditara la representación legal con la que comparecía en defensa del imputado; este le hizo entrega de su cédula profesional, procedió a verificar el número (8291472), expedida a nombre del interesado por la Dirección General de Profesiones, ordenó su fotocopia para ser remitida a este órgano jurisdiccional; lo cual el Juez de Control realizó mediante oficio NSJP/TJ/02106/2019 recibido el veinticuatro de octubre pasado. Tercero. En el minuto cuatro con quince segundos, el imputado Víctor Miguel Torres Delgado, hoy quejoso, en uso de la voz manifestó desistir de la defensa que tenía por parte de la licenciada Denisse Manríquez Gómez, por lo que el Juez de Control lo tuvo por desistido de la misma. Cuarto. A las diez horas con veintitrés minutos, el Juez de Control da por concluida la audiencia. Mediante proveído de doce de noviembre del presente año, no se tuvo por no cumplido el fallo protector, ya que el Juez responsable, solo se avocó a verificar la cédula profesional del defensor particular del imputado, hoy quejoso, omitiendo pronunciarse respecto a la subsistencia de la audiencia de vinculación, incluyendo la resolución del plazo constitucional; motivo por el cual se le requirió para que cumpliera al fallo protector, respecto a dichas circunstancias. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió constancias y disco compacto, de las que se advierte que realizó lo siguiente: Primero. En audiencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 1684/2018, el Juez de Control, en el minuto cuatro con nueve segundos, procedió a dejar subsistente el auto de vinculación a proceso decretado al imputado Víctor Miguel Torres Delgado, (hoy quejoso). Segundo. En el minuto cuatro con treinta y tres segundos, dejó subsistente el plazo de investigación que se había otorgado de un mes. Tercero. A las diez horas con veintitrés minutos, el Juez de Control da por concluida la audiencia. Las constancias relatadas tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones emitidas por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Declaración de cumplimiento. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable acató los efectos de la concesion del fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida, sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del índice de este juzgado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y a los terceros interesados la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. Cuaderno incidental original. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiéndose conservar únicamente las determinaciones de veintidós y veintinueve de agosto dos mil diecinueve, por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se le elabora para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de discos compactos. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, los discos compactos que remitió en vía de justificación y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Oficio y anexo. El Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente asunto. Se toma conocimiento. De lo anterior, se toma conocimiento para ser considerado en el momento procesal oportuno y con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a los autos. Asimismo, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente asunto, y para tal efecto remite un disco compacto debidamente certificado. Disco compacto. Téngase al oficiante remitiendo el registro de audio y video, contenido en un disco compacto debidamente certificado que contiene la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 1684/2018. Por tanto, a fin de evitar el daño del disco compacto que se anexa, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Vista cumplimiento. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, con el contenido del oficio y anexo de cuenta para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior, sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción del contenido del disco compacto, en virtud de que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de su contenido, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Asimismo, una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente al quejoso y tercero interesado.

  3. Principal

    Feneció término legal. Vistas las certificaciones que anteceden se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada por este órgano de amparo, fue para los efectos siguientes: Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que Jorge Antonio Aguayo Domínguez y Denisse Manríquez Gómez, personas que el imputado Víctor Miguel Torres Delgado designó como sus defensores en la audiencia de vinculación a proceso emitida el treinta de julio de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1684/2018, son profesionistas del derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como podría ser requerirlos para que exhiban su cédula profesional o copia certificada de ésta, que los acredite como licenciados en derecho, o bien, cualquier otra medida que resulte idónea para tal efecto. En caso de acreditarse lo anterior, el juez responsable dejará subsistente la audiencia de vinculación, incluyendo la resolución del plazo constitucional; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Por el contrario, de no acreditarse la calidad del defensor, el juez de origen deberá dejar insubsistente la referida audiencia de vinculación; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán observarse los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Para lo cual, deberá de requerir al imputado para que designe defensor y, en caso de no hacerlo, el Juez realice la designación, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. De existir imposibilidad para exhibir la cédula profesional original o en copia certificada, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. Hecho lo anterior, prosiga con el trámite respectivo. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remita la totalidad de constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no acatar lo antes mandado, se le impondrá una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En el presente asunto, no ha lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable ordenadora, en virtud de que no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." En consecuencia, una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad precisada, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Tercero interesado reitera domicilio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por César Favio Soto Ponce, apoderado legal de la moral tercero interesada; en atención a su contenido, se le tiene reiterando el domicilio que señaló anteriormente para oír y recibir notificaciones. Señala autorizado. Por otra parte, como lo solicita se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, misma que se glosa a este cuaderno. Solicitud de copias de todo lo actuado y del audio y video. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, la circunstancia de que el promovente solicita copias simples; sin embargo, no existe precepto legal que faculte su expedición de esa forma; de ahí que se ordene expedírsele copias certificadas. Asimismo, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, respecto a la copia del archivo digital remitido en su informe justificado la autoridad responsable, en virtud de que este Juzgado de Distrito no cuenta con los elementos técnicos ni materiales para proporcionar la copia del contenido del disco compacto que solicita. No obstante, en el citado acuerdo de seis de septiembre pasado, se comunicó a las partes que el referido disco compacto quedaba a su disposición en las instalaciones del juzgado para la consulta de su contenido. Notifíquese en términos de ley.

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