Victor Manuel Zermeño Gonzalez
Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Victor Manuel Zermeño Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Víctor Manuel Zermeño González, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es para que la Jueza de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, realice las gestiones necesarias en la prosecución del procedimiento 2148/2018, y lleve a cabo el desahogo de la audiencia relativa a la solicitud de abono del quantum de la pena de la prisión preventiva, dentro del término que marca el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, lo cual deberá hacer del conocimiento del quejoso." II. Por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, quedó firme la concesión, y se requirió a la responsable para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. III. Luego, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio NSJP/UE/01284/2022, signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad, en el cual informó que en audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se resolvió el cómputo de la compurgación de la pena impuesta que peticionó el quejoso, por lo cual adjuntó audio y video de la aludida audiencia, así como copia del oficio 5598/2021 dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en el que le informaba el resultado de la audiencia; con lo cual se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Además, en relación con la valoración de la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Se determina cumplido el fallo protector. En esa medida, con base en el disco compacto y las documentales remitidas por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad, dio cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, con base en las siguientes consideraciones; ya que en audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la carpeta de ejecución 02148/2019, el Juez responsable resolvió sobre la solicitud de abono del quantum de la pena de prisión preventiva, estableciendo el cómputo de las penas de la siguiente forma: Que la compurgación de la pena en la causa penal 636/2009 instruida por el delito de robo con violencia, tuvo inicio el seis de mayo de dos mil dieciséis, esto es, al día siguiente de haber compurgado la pena impuesta en la causa penal 632/2009, la cual compurga el treinta de marzo de dos mil veintiuno, y respecto la cual la pena privativa de libertad contará con el abono de la prisión preventiva de un año, cuatro meses y seis días, que corresponde a la fecha del veintisiete de abril de dos mil diez, día en que quedo privado de la libertad a causa de los hechos en dicha causa penal, al dos de septiembre de dos mil once, fecha en que quedó firme la sentencia. Asimismo, por la causa penal 654/2009, instruida al quejoso por el delito de robo con violencia agravado por pandillerismo, tendrá inicio su cumplimiento a partir del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno (día después que compurgó la diversa causa penal 632/2009 y quedará compurgada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés de dos mil veintitrés, tomando en consideración a que a la pena privativa de la libertad se le abonará la prisión preventiva de dos años, cinco meses y siete días que corresponde a la fecha del nueve de diciembre de dos mil nueve, día en que quedó privado de la libertad el quejoso a causa de los hechos en esa causa penal, al veintisiete de diciembre de dos mil doce, en que causó ejecutoria dicha causa penal. Circunstancias con las que se acredita el acatamiento a los lineamientos indicados en la sentencia emitida en este asunto, puesto que la autoridad responsable en audiencia celebrada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 2148/2019 tuvo a bien resolver la solicitud del quejoso en relación al cómputo de la prisión preventiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad, el disco compacto que acompañó a su informe. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Solicitud de copias. Vista la constancia de notificación actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso solicitó copias certificadas del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias solicitadas, las cuales le serán entregadas por conducto del actuario adscrito, asentando la razón de su recibo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
Único. La justicia de la unión ampara y protege al quejoso para los efectos precisados en el último considerando.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual informa se suspendió la audiencia pública señalada para el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 2148/2019, la cual se difirió de nueva cuenta, por lo que a la fecha se encuentran señaladas las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Prueba documental. Ahora, en relación al disco compacto y anexos que acompaña, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, y en términos de los arábigos 119, 123 y 124 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis aislada I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Sin que haya necesidad de llevar a cabo una diligencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de ésta, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objetos. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su defensor.
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