Víctor Manuel Sotelo Escobar

Expediente 304/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Sotelo Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que deberán conservarse la demanda de amparo, auto admisorio de la misma, la sentencia definitiva, así como el presente proveído, y dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, el anexo que remitió como complemento de su informe justificado, toda vez que el mismo ya no es de utilidad para este juzgado. Notifíquese Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el nueve de marzo siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Víctor Manuel Sotelo Escobar solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado. "..La resolución interlocutoria de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en cumplimiento de sentencia de amparo, en el incidente de competencia, planteado dentro del juicio laboral 1383/2018, del índice de la Junta Especial número (31) Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, incoado por el suscrito en contra de los terceros interesados. Dicha resolución interlocutoria me fue notificada por el Juzgado Tercero de Distrito en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 351/2020, mediante lista fijada en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en que se me da vista y corre traslado con el oficio y anexos por el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje informa haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo". SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número 304/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Representante Social adscrito en materia de amparo; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en el incidente de competencia dentro del juicio laboral 1383/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual constituye una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2° de esta última. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el juicio de origen 1383/2018, a las que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2°de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; aunado que adquieren el carácter de documentales públicas, de conformidad con los artículos 197 y 202 de la codificación federal invocada. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, son infundados, en razón a las consideraciones que se emitirán en líneas ulteriores. Previo al estudio de los conceptos de violación, es oportuno hacer relación de los antecedentes más relevantes, que se desprenden del juicio natural 1383/2018, de donde emana el acto reclamado: 1.- En el expediente laboral 1383/2018, promovido por Gerardo González Pedraza, en su calidad de apoderado legal del actor Víctor Manuel Sotelo Escobar, ahora quejoso, demandó en forma conjunta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al Organismo Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota del Estado de Morelos, y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSEGEM), las siguientes prestaciones: "1.- Del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo siguiente: a).- Se demanda a dicho Instituto llevar a cabo la incorporación del hoy actor en su régimen de seguro obligatorio por el periodo del 16 de enero de 2008 al 15 de octubre de 2012, como trabajador activo a servicio del Organismo Operador de Carreteras de Cuota, codemandado en esta demanda; y además por el periodo posterior, es decir, a partir del trece de agosto de 2013, fecha en que surtió efectos el Decreto que le concede pensión por jubilación a mi mandante con el monto percibido como pensionado a cargo de ese organismo, con los incrementos que se generen, hasta que el IMSS le conceda la pensión por vejez y otra de las establecidas en la ley. b).- En consecuencia, el otorgamiento de asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria; subrogándose en sus derechos conforme a lo establecido por los artículos 18, 84, 88, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social vigente; por lo tanto el cobro y aportaciones correspondientes, así como el cobro de los capitales que cubran la omisión del patrón demandado y la entrega de las constancias respectivas. c).- La cuantificación y cobro de las aportaciones obrero patronales establecidas en la legislación del IMSS; entre otras el SAR e INFONAVIT, prestaciones que los patrones demandados omitieron y siguen omitiendo cubrir a dicho Instituto durante la vigencia de la relación laboral y actualmente desde la fecha en que el actor fue jubilado;. d).- La rectificación del número de semanas de cotización, ya que únicamente se reconoce 1302 semanas de cotización con diversos patrones y con Luz y Fuerza del Centro solo le reconoce a partir del 30 de abril de 1983 al 7 de julio de 2004, con este patrón. Las semanas no reconocidas va del 4 de julio de 1977 al 29 de abril de 1983, que hacen cinco años, 9 meses, 3 semanas, cuatro días, en total 2125 días, que en promedio arrojan un total de 299 semanas cotizadas y no reconocidas,. 2.- De los codemandados; Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Organismo Descentralizado denominado Operador de Carreteras de Cuota, del Estado de Morelos, en forma conjunta y solidaria, lo siguiente: a).- La inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la entrega de las constancias de inscripción, pago de aportaciones y cuotas a dicho Instituto por el tiempo que mi representado laboró para el Operador de Carreteras de Cuota, conforme al salario integrado. b).- La inscripción retroactiva y pago de las aportaciones correspondientes al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, por el tiempo que mi representado laboró para el Operador., conforme al salario integrado. c).- Otorgamiento de la póliza de un seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario mínimo general vigente en el Estado. d).- Le entrega de las constancias correspondientes al cumplimiento de las aportaciones correspondientes al sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); por el tiempo que mi representado laboró para el Operador de Carreteras de Cuota,.". 2.- Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó auto de admisión, quedando registrada la demanda bajo el número de expediente 1383/2018; entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3.- Al contestar la demanda los codemandados Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos e Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de su apoderado legal, interpusieron Incidente de Competencia, argumentando en esencia que ésta se surte a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 4.- En relación al Incidente de Competencia, mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se señaló hora y fecha para la audiencia incidental, misma que, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por celebrada; y, mediante resolución interlocutoria del once de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió la citada incidencia declarándola improcedente, sosteniendo competencia a favor de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 5.- Inconforme con tal determinación, el codemandado Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo indirecto, quedando radicado ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el número de expediente 351/2020, el cual, se resolvió el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Dejar insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar, dictar uno nuevo, en el cual, de manera fundada y motivada, señale los motivos y fundamentos que dan sustento o no, a su competencia para seguir conociendo del juicio laboral 1383/2018 de su índice, dando respuesta a los planteamientos hechos por la quejosa en su escrito de incidencia". 6.- Resolución de amparo, que fue impugnada por Víctor Manuel Sotelo Escobar, actor en el juicio laboral y tercero interesado en el citado juicio de amparo, a través del recurso revisión; en consecuencia, en ejecutoria pronunciada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 50/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, se determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión. 7.- Así las cosas, en proveído del treinta de agosto de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en cumplimiento a dicha ejecutoria, por interlocutoria del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, resuelve de nueva cuenta el Incidente de Competencia, declarándolo procedente y ordena enviar los autos del expediente laboral al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; sin embargo, este órgano jurisdiccional mediante acuerdo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 351/2020, al pronunciarse sobre el cumplimiento de ejecutoria, determinó que ésta no estaba cumplida bajo los siguientes argumentos: ".la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio laboral 1383/2018 con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si bien dejó sin efectos la determinación de once de octubre de dos mil diecinueve y procedió a dictar una nueva determinación respecto de la incidencia de competencia planteada, sin embargo ello no es suficiente ya que no se advierte que la responsable al emitir su nueva determinación atienda todas las consideraciones que fueron analizadas en la ejecutoria de amparo así como de la valoración que debía realizar, lo cual no realizó; por lo anterior, la responsable debe emitir una interlocutoria fundada y motivada, tal como se indicó en la ejecutoria protectora, siendo por ello que se debe ceñir a sus lineamiento.". 8.- En consecuencia, procedió en la misma fecha a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 9.- La referida interlocutoria del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, también fue impugnada en amparo indirecto por el quejoso Víctor Manuel Sotelo Escobar, quedando radicado en este Juzgado con el número 1578/2021, mismo que se resolvió el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, sobreseyendo el juicio de amparo, en virtud de haber cesado los efectos de tal resolución con la emisión de la nueva interlocutoria dictada en el precitado incidente de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós (acto reclamado en el juicio en que se actúa). 10.- En efecto, en acatamiento a la ejecutoria de amparo del referido órgano colegiado que confirmó la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo 351/2020, se dictó una nueva interlocutoria que resuelve el Incidente de Competencia con fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, la cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa (304/2022), en la que se determinó declarar procedente la referida incidencia y declina competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, respecto a tal interlocutoria, este Juzgado Federal en el juicio de amparo 351/2020, hizo pronunciamiento en acuerdo del siete de marzo de dos mil veintidós, declarando cumplida la ejecutoria. 11.- Destacando en relación con dicha interlocutoria del cuatro de febrero de dos mil veintidós, en específico, contra el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó que con la emisión de dicha interlocutoria se daba cumplimiento a la ejecutoria de mérito emitida en el juicio de amparo 351/2020, en diverso proveído del treinta de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al tercero interesado Víctor Manuel Sotelo Escobar, quejoso en el juicio en que se actúa, interponiendo recurso de inconformidad, y en diverso auto del cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, informando sobre la admisión del citado medio de defensa; y, mediante testimonio dictado en el recurso de inconformidad 13/2022, en sesión de diecinueve de agosto del año en curso, se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el tercero interesado Víctor Manuel Sotelo Escobar, contra el auto de siete de marzo del año que transcurre, por el que declaró cumplida la ejecutoria en el citado asunto, en consecuencia, en diverso proveído del veintinueve de agosto del dos mil veintidós, se ordenó la remisión del citado juicio al archivo como asunto concluido. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, se estima necesario precisar las consideraciones que emitió la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado del cuatro de febrero de dos mil veintidós, las cuales en la parte que interesa dice: ".V.- En estricto cumplimiento a la sentencia de amparo 351/2020, y advirtiéndose delas constancias procesales que integran del expediente laboral 1383/2018, del índice de esta Junta, el accionante demanda al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, al ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO OPERADOR DE CARRETERA DE CUOTA DEL ESTADO DE MORELOS y al INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. Si bien es cierto reclama y demanda del Instituto Asegurador de 2008 al 15 de octubre de 2012, como trabajador en activo, al servicio del Organismo, prestaciones de seguridad social así como la incorporación al régimen de seguro obligatorio por el periodo comprendido del 16 de enero.OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA, codemandado en esta demanda; y, además por el periodo posterior, es decir, a partir del trece de agosto de 2013, fecha en que surtió efectos el Decreto que le concede pensión por jubilación a mi mandante con el monto percibido como pensionado a cargo de ese organismo, con los incrementos que se genere, hasta que el IMSS le conceda la pensión por vejez u otras establecidas por la Ley; b).- En consecuencia, el otorgamiento de asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, y hospitalaria que sea necesaria; subrogándose en sus derechos conforme a lo establecido por los artículos, 18, 84, 88, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social vigente; por lo tanto el cobro de cuotas y aportaciones, así como el cobro de los capitales que cubran la omisión del patrón demandado y la entrega de las constancias respectivas; también lo es que a los codemandados PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA DEL ESTADO DE MORELOS, les reclama y demanda la inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la entrega de las constancias de la inscripción pago de aportaciones y cuotas de dicho instituto; la inscripción retroactiva y pago de las prestaciones correspondientes al INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIENO DEL ESTADO DE MORELOS; otorgamiento de la póliza de un seguro de vida; la entrega de las constancias correspondientes a las Aportaciones de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), lo anterior por todo el tiempo que laboró para el operador de carretera de cuota. Así mismo demanda del INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, la incorporación en su régimen obligatorio de aportaciones para la vivienda y de crédito en general por el periodo comprendido del 16 de enero de 2008 al 15 de octubre de 2012, mismo que elaboró al servicio del ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO OPERADOR DE CARRETERA DE CUOTA, la cuantificación de las obligaciones patronales omitidas y establecidas en la legislación en la materia. En tales circunstancias en primer término y atendiendo a las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, las mismas no encuadran en ninguna de las fracciones que integran el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo y normativo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien, son prestaciones de seguridad social, estas resultan ser accesorias a saber, la incorporación del régimen al seguro obligatorio; la inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la entrega de las constancias de la inscripción pago de aportaciones y cuotas de dicho instituto; la incorporación en su régimen obligatorio de aportaciones para la vivienda y de crédito en general. Y de la interpretación sistemática del artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 527 fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo; 1º, párrafo tercero y 3o, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 275 de la Ley del Seguro Social derogada; 5 y 295 de la vigente; se advierte que la aplicación de las normas de trabajo corresponden a las autoridades federales cuando se trate de organismos que sean administrados en forma directa o descentralizada por el gobierno federal; sin embargo, y en virtud que en el caso concreto se encuentra demandado el Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario atender al tipo de prestaciones que se le reclaman y siendo esta accesoria o derivada de la relación de trabajo esta Junta es incompetente para conocer y resolver el presente asunto. En segundo lugar y atendiendo a los argumentos planteados por el actor incidentista, y a lo establecido en el artículo 116 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. refiere que el poder público de los Estados se dividirá en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ello no es suficiente para considerar que los conceptos jurídicos "Estados" y "trabajadores", previstos en la referida fracción VI, abarquen únicamente los trabajadores que forman parte en estricto sentido del Ejecutivo, Legislativo o Judicial; también es cierto que el concepto de " trabajador" del Estado usado en esa fracción constitucional, debe entenderse en oposición a un "empleado" que realiza funciones de naturaleza privada o tipo de funcionario público que ya haya sido exceptuado por el propio texto constitucional; es decir, es trabajador del Estado una persona que presta sus servicios a órganos jurídicos de interés general de un Estado federativo y que, por ende ejerce una función pública. En ese orden de ideas, cuando se afirma que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus Trabajadores", se regirán por leyes que expidan las Legislaturas Locales, se usa el concepto "Estado", como sinónimo de Estados federados como orden jurídico y consecuentemente, la multiplicidad de Organismos y de funciones es precisamente la razón por la que se le otorgó la facultad expresa al legislador local, para que atendiendo a las particularidades de las entidades que forman el orden jurídico local, emitiera la normatividad que regula las relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Estado, por lo que no podría considerarse que únicamente por tratarse de organismo descentralizado, las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 116, fracción IV, constitucional; por lo que las legislaturas locales están facultadas para emitir la normatividad correspondiente que atiende a las características y particularidades de cada localidad. Ahora bien, y atendiendo a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 1°, 2° y 114 establecen lo siguientes: 'Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. 'Artículo *2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios'. Asimismo, el artículo 4° de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos establece: 'Artículo 4. Se crea el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos'. Conforme a lo antes relatado resulta que la competencia para dirimir conflictos laborales en los que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, es parte, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por lo que esta Junta se declara incompetente para conocer y resolver el fondo del juicio laboral, y declina su competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; consecuentemente, es de declararse y se declara procedente el incidente de competencia planteado por PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS e INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, son aplicables a lo anterior la tesis de jurisprudencia que por rubro y datos de localización lleva: .ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES, EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRAJADORES DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECIFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2 a. /J 180/2012 (10 a). .COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS". Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO.- Se declara PROCEDENTE EL INCIDENTE DE COMPETENCIA PROMOVIDO POR EL TERCERO LLAMADO A JUICIO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS e INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando Quinto de la presente resolución. SEGUNDO.- Se declina competencia a favor del Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer y resolver el presente juicio laboral, promovido por VICTOR MANUEL SOTELO ESCOBAR, contra el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y otros.". Ahora bien, quien ahora resuelve, considera que la resolución interlocutoria emitida el cuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 1383/2018, misma que declara procedente el incidente de competencia, promovido por el tercero llamado al juicio laboral Poder Ejecutivo del Estado de Morelos e Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, resulta legal y ajustada en derecho, y por ende, no se vulneran derechos humanos del impetrante de amparo, en razón a las siguientes consideraciones: Como introducción al presente asunto, cabe puntualizar que toda demanda debe presentarse al tribunal y/o autoridad competente, asimismo, es de precisarse que por competencia se entiende el límite de juzgamiento que a cada uno de los órganos jurisdiccionales les corresponde de acuerdo con los mandatos de la ley, la cual se determinará por materia, por cuantía, el grado y territorio, podrá fijarse atendiendo al interés jurídico preponderante del negocio de que se traté, lo que se traduce en la naturaleza jurídica del asunto litigioso, resultando que la competencia en el asunto en cuestión, debe establecerse como bien lo señala la Junta responsable, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 116 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que dicho precepto establece que el poder público de los Estados se dividirá en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo, esto no es suficiente para considerar que los conceptos jurídicos de "Estados" y "trabajadores", que menciona la fracción VI, abarquen sólo a los trabajadores de los mencionados poderes, aunado que el concepto de "trabajador", debe entenderse en oposición a un "empleado" que realiza funciones de naturaleza privada o de funcionario público exceptuado de dicho precepto constitucional, por tanto, es trabajador del Estado una persona que presta sus servicios a órganos jurídicos de interés general de un estado federativo que ejerce una función pública. Aunado a lo anterior, del propio precepto constitucional se advierte que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base a lo dispuesto por el ordinal 123 de la Ley Suprema. El invocado precepto 116, fracción VI, disponen: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: . Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.". En atención a la referida disposición constitucional, se desprende la voluntad del constituyente en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y municipios, aunado que, su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus Trabajadores", se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado", como sinónimo del Estado federado como orden jurídico, lo que incluye los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, por tanto, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores. Según sea el caso, de acuerdo con los apartados A y B del artículo 123 constitucional. En ese contexto, de las actuaciones que conforman el juicio natural 1383/2018, a las que se les otorga valor probatorio, en términos del numeral 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; aunado que adquieren valor de documentales públicas, de conformidad con los artículos 197 y 202 de la codificación federal invocada; se desprende que el quejoso se desempeñó como servidor púbico al servicio del Estado, al haber laborado para el organismo público descentralizado local denominado Operador de Carreteras de Cuota del Estado de Morelos, el cual forma parte de la Administración Pública del Estado de Morelos, con la categoría de "Asesor de Asuntos Jurídicos", por el periodo del dieciséis de enero del dos mil ocho al quince de octubre del dos mil doce. En relación a lo anterior, habiéndose establecido la calidad del quejoso como servidor público al servicio del Estado, al haber sido trabajador del organismo público descentralizado local denominado Operador de Carreteras de Cuota del Gobierno del Estado de Morelos, y a su vez, al tener como codemandado al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, resulta inconcuso que su calidad de trabajador se rige por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual es de creación de la Legislatura Local, y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 1°, 2 y 114, de dicha Ley, también queda de manifiesto la calidad que reviste como trabajador al Servicio del Estado, en virtud del nombramiento que tuvo con el organismo Operador de Carreteras de Cuota del Estado de Morelos, en su carácter de Asesor de Asuntos Jurídicos, por el periodo comprendido del dieciséis de enero del dos mil ocho al quince de octubre de dos mil doce, por el que alude percibía un salario diario integrado por la cantidad de $1,217.39 (un mil doscientos diecisiete pesos 39/100 moneda nacional), entre otras prestaciones; de ahí, que al haber sido trabajador al servicio del Estado, es dable establecer que es donde surge el derecho para estar registrado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos y en consecuencia, el derecho a percibir los beneficios que dicho Instituto proporciona a los trabajadores, de lo cual, se advierta el motivo por el que le demanda las constancias de inscripción, pago de aportaciones y cuotas a dicho instituto, siendo también una entidad del Estado; cabe puntualizar que el surgimiento de dicho instituto, tiene sustento jurídico en el numeral 4° de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, el cual establece su creación como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. Precisado lo anterior, acorde a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo contenido quedó precisado en líneas precedentes, es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el competente para conocer y resolver todos aquellos asuntos donde se susciten conflictos individuales entre el poder Estatal con sus trabajadores, como al respecto lo consideró en forma acertada la Junta responsable. Tiene aplicación el criterio que invocó la autoridad responsable, sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en la Tesis: PC.XVIII.L. J/6 L (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2515, Décima Época, Materias(s): Laboral, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].", estableció que los servidores públicos de un organismo descentralizado local se catalogan como trabajadores de un Estado de la República -como orden jurídico- y, por ello, sus relaciones no se asemejan necesariamente a las de los contratos de trabajo reglamentados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, sino que se incluyen de manera expresa en el ámbito de aplicación de la facultad prevista en el artículo 116, fracción VI, de dicho Ordenamiento Supremo. Ahora bien, la interpretación lógica, sistemática y teleológica de los artículos 1, 2, 8 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos revela que la voluntad del legislador local, expresada en uso de la citada facultad, fue incluir dentro del ámbito de aplicación de la mencionada legislación burocrática a las relaciones entabladas entre los organismos descentralizados (como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos) y sus trabajadores y, por ende, que la autoridad jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre ellos es, por regla general, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; al margen de lo anterior, es necesario verificar si la Legislatura Estatal, en uso de la referida facultad configurativa, previó un tratamiento específico distinto al de la regla general aludida, ya que tiene la potestad constitucional para regular las relaciones entre los distintos órganos locales y sus trabajadores, según cada caso, de acuerdo con los apartados A o B del multicitado artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin obligación de sujetarse a alguno de ellos. Cabe precisar que la regla competencial indicada no significa que las prerrogativas de los trabajadores del Estado, como derechos de índole sustantivo, se restrinjan indefectiblemente al marco de regulación de la legislación burocrática, ya que como derechos mínimos pueden ser ampliados de común acuerdo por las partes contratantes (por ejemplo, a través de un contrato colectivo), remitiéndose, incluso, a ordenamientos distintos a la referida ley burocrática; empero, ello no conlleva a que un tribunal diferente al burocrático sea el que conozca de las controversias correspondientes, si así no lo señala expresamente una ley expedida por el Congreso Local de igual jerarquía a la Ley del Servicio Civil del Estado, ya que los ordenamientos con los que se amplían las prestaciones laborales pueden ser aplicados por el tribunal estatal, además de que en materia laboral no existe disposición legal alguna que permita la prórroga de la competencia por voluntad de las partes". En consecuencia de lo anterior, es correcto el proceder de la Junta responsable, en el sentido de que las prestaciones que reclama el aquí quejoso ante esa autoridad laboral, tales como la incorporación del régimen al seguro obligatorio; la inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la entrega de las constancias de la inscripción pago de aportaciones y cuotas de dicho instituto; la incorporación en su régimen obligatorio de aportaciones para la vivienda y de crédito en general, resultan accesorias o derivadas de la relación de trabajo, por lo tanto, al haber quedado establecido que ésta fue en su calidad de servidor Público ante un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, y al estar demandando al Instituto Mexicano del Seguro Social, será a través de tal organismo de quien obtenga dichas prestaciones, derivado del laudo que en su momento procesal se emita. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la autoridad responsable no hubiere establecido en la resolución reclamada, las prestaciones que el quejoso reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, como se estableció, dichas prestaciones son accesorias de la relación laboral que tenía con su empleador; aunado a que en el juicio laboral de origen, lo que se demanda del mencionado instituto es la omisión de incorporar al trabajador en el régimen obligatorio. De ahí que no se surta la competencia de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para conocer de ese juicio. Refuerza las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 2a./J. 46/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. CUANDO EL DEMANDADO ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES DE ORDEN FEDERAL SI SE LE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UNA PRESTACION PRINCIPAL, PERO ES LOCAL SI SOLO SE LE DEMANDA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR. Si bien es verdad que conforme a lo dispuesto en los artículos 123, Apartado "A", fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución General de la República y 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo, la aplicación de las disposiciones de trabajo corresponde a las autoridades federales cuando se demanda laboralmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que es una empresa administrada en forma descentralizada por el gobierno federal, también es verdad que dicho supuesto únicamente se surte en aquellas hipótesis en que se le demanda el cumplimiento de alguna acción principal, entendiendo por ésta la que pueda consistir en una afectación a su patrimonio, como cuando se le reclama el pago de indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias médicas, quirúrgicas o farmacéuticas, subsidios, ayudas y en fin, todas aquellas prestaciones susceptibles de disminuir su patrimonio, pero si sólo se le demanda la inscripción al régimen del seguro social, al mismo tiempo que se demandan otras prestaciones de un patrón y en este aspecto no se está en ninguna de las situaciones excepcionales de los preceptos mencionados, serán competentes las autoridades jurisdiccionales locales". En las narradas circunstancias, es dable concluir como acertadamente lo hizo la Junta responsable en la resolución reclamada, que resulta procedente la incidencia de competencia que le fue plateada y por lo tanto, esa Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no es competente para conocer y resolver el asunto laboral de que se trata, siendo correcto declinar la competencia a favor del Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer y resolver el juicio laboral, promovido por VICTOR MANUEL SOTELO ESCOBAR, contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros. Ante tal conclusión, es de puntualizarse que no se vulneran en perjuicio del quejoso derechos humanos, sino por el contrario, con la resolución reclamada se hizo procurando el respeto a los derechos humanos, toda vez que se está estableciendo en su beneficio que el asunto se lleve a cabo y se resuelva por una autoridad que resulte competente pues como ha quedado mencionado en esta resolución, la competencia se entiende el límite de juzgamiento que a cada uno de los órganos jurisdiccionales les corresponde de acuerdo con los mandatos de la ley, la cual se determinará por materia, por cuantía, el grado y territorio, podrá fijarse atendiendo al interés jurídico preponderante del negocio de que se traté, lo que se traduce en la naturaleza jurídica del asunto litigioso; de ahí, que se considere trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto, por lo que debe resolverse antes de que concluya éste, es por ello, que al momento que se plantee como excepción al contestar la demanda, tal planteamiento debe quedar resuelto, siendo un acto procesal preponderante para establecer que Tribunal Conocerá del asunto, procurando de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una administración de Justicia pronta y expedita ante los tribunales legalmente establecidos. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Al respecto, el numeral 703 de la Ley Federal del Trabajo dispone el momento procesal para oponerse la competencia por declinatoria, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 703.- Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria. La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, la Junta después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución". En ese sentido, al no vulnerarse los derechos humanos del quejoso, y resultar legal y ajusta en derecho la resolución reclamada, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Víctor Manuel Sotelo Escobar. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal, en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Sotelo Escobar, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa María Del Rosario García Jiménez, hasta hoy cinco de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, donde se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las diez horas con diecisiete minutos del diez de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el Estado, por medio del cual transcribe el proveído de tres de mayo del año en curso, en el que entre otras cosas informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Francisco Javier Rojas Catalán, en contra de la resolución dictada en la presente contienda constitucional, el cual quedó radicado bajo el amparo en revisión número 206/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, se advierte que el Tribunal oficiante dirige el oficio de cuenta al Juicio de Amparo 91/2021cuando lo correcto debió ser 91/2020, por lo tanto, se agrega en este último expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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