Víctor Manuel Sotelo Escobar

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Sotelo Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia de notificación personal realizada por el actuario judicial al quejoso Víctor Manuel Sotelo Escobar, mediante el cual ratifica su escrito por el que desiste del juicio de amparo presentado el veintidós de noviembre del año en curso; de lo anterior, emerge la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en la que se dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.]" El desistimiento que contempla la fracción I, del artículo 63 transcrito, constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Es así, porque la figura del desistimiento ha sido considerada en la doctrina procesal como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 constitucional, de los artículos 5º, fracción I, y 6º de su ley reglamentaria, que establecen que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto. Lo anterior, fue reconocido por el legislador, al establecer como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de amparo, el desistimiento de la demanda, como señala el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, en el caso particular, la parte quejosa reclama ante esta instancia constitucional, la retención del pago de la pensión por jubilación a partir del mes de julio de dos mil veintitrés; sin embargo, de la comparecencia de cuenta, el quejoso manifiesta desistirse de la demanda de amparo que dio origen al asunto, es decir, expresa su voluntad de no continuar con el juicio de amparo. Así, la manifestación de voluntad de la parte quejosa externada de modo fehaciente ante el juez constitucional, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control constitucional despliegue su actividad para proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, produciendo la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, en razón del sobreseimiento en el juicio, los efectos que se producen es que se ponga fin al procedimiento, sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad del acto reclamado, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Esto, porque el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada que tutela el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, es evidente que atendiendo a ese principio, si aquel a quien perjudica el acto reclamado desiste en su perjuicio del amparo interpuesto, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL QUEJOSO, al actualizarse la causal de sobreseimiento del juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1 a. CCXLIII/2017 (10 a), consultable en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 414, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario". También, encuentra apoyo lo anterior, en la Tesis Jurisprudencial, visible en la página 387, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima del Época del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACION DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO". Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Por otra parte, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, esta determinación. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no se cuenta con la totalidad de los informes justificados ni los acuses de recibo con los cuales fueron requeridos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a los autos el escrito del quejoso por medio del cual solicita acceso al expediente electrónico y desiste del juicio de Amparo. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se tiene como medio extraordinario de comunicación el correo electrónico que proporciona. A fin de proveer respecto a su desistimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la ley de amparo, requiérase al promovente para que ratifique el ocurso aludido, por lo tanto, se ordena al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado en autos del quejoso y en el acto de la notificación de este proveído de entenderla con el impetrante de amparo, lo requiera, para que manifieste si ratifica su escrito de desistimiento presentando ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintidós de noviembre del año en curso, para lo cual entréguese copia al fedatario del escrito de desistimiento; o dentro de los tres días siguientes a su notificación acuda a las instalaciones de este juzgado federal a ratificar el escrito de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito suscrito por la Directora de Administración y el encargado del despacho de la Dirección General de Operador de Carreteras, por medio el cual, hacen del conocimiento que ya fueron cubiertas la totalidad del adeudo respecto del pago de pensión jubilatoria en favor de Víctor Manuel Sotelo Escobar. Con las constancias remitidas en cumplimiento a la suspensión definitiva, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1197/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. VÍCTOR MANUEL SOTELO ESCOBAR, reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, del Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, Junta de Gobierno del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos, Director General del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos Director Administrativo del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos la retención del pago de la pensión por jubilación del quejoso, a partir del mes de julio de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Las autoridades responsables Director General del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos; Director Administrativo del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos, aceptaron el acto reclamado. Por su parte la autoridad responsable Junta de Gobierno del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota" del Gobierno del Estado de Morelos, fue omisa en rendir su informe previo solicitado a pesar de encontrarse debidamente notificado como consta de autos, en ese tenor, para el único efecto de resolver la presente incidencia se le tiene por cierto el acto reclamado. En principio, se precisa que la suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado, porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. Igualmente debe decirse, que el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Ahora, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran estos requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que éste no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Luego, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". El artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgado la facultad para negar la suspensión del acto reclamado cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; así, tenemos que el juez de Distrito indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. En el caso concreto, el suscrito estima que otorgar la suspensión no afectaría el interés social ni contravendría disposiciones de orden público, pues sólo tendría por efecto preservar una situación jurídica existente, es decir, un derecho social obtenido por el promovente de amparo, derivado de la relación laboral que prevaleció entre este y las autoridades, que se traduce en la pensión por jubilación aprobada mediante decreto número mil quinientos sesenta y cinco, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 6ª. Época, número 5211; de ahí que la suspensión no constituye derecho alguno pues éste fue obtenido mediante el multicitado decreto, ni reporta una desventaja o trastorno para la sociedad, sino que es atendiendo además a la subsistencia de la pensionada -aquí quejosa-. Así, atendiendo a la naturaleza de la suspensión como medida conservativa de una situación existente, con fundamento en los artículos 128, 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para efecto de que una vez que se encuentre debidamente notificadas las responsables del presente auto, se reactive el pago al quejoso Víctor Manuel Sotelo Escobar, de la pensión por jubilación al que tenga derecho en los términos fijados mediante el decreto número mil quinientos sesenta y cinco, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 6ª. Época, número 5211, por el que se le otorgo su pensión por jubilación. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada I.12o.C.6 K (10a.), del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE." Comuníquese a las autoridades responsables que conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 238 de la Ley de Amparo, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Garantía. Sin que en el caso se establezca garantía alguna, toda vez que con la concesión de la presente medida cautelar no se ocasionan daños y perjuicios al patrimonio de terceros interesados Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por VÍCTOR MANUEL SOTELO ESCOBAR, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por VÍCTOR MANUEL SOTELO ESCOBAR, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano