Víctor Manuel Sosa Aguirre
Expediente 1423/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Víctor Manuel Sosa Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Por otro lado, de autos se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por VÍCTOR MANUEL SOSA AGUIRRE; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1423/2022-4, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis posterior, Víctor Manuel Sosa Aguirre solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de las autoridades responsables de acordar lo conducente respecto a los escritos presentados por el quejoso fechados el veinticuatro de mayo, once de agosto, seis de octubre, diecinueve de noviembre, diez de diciembre, todos de dos mil veintiuno, cuatro y treinta y uno de marzo, veintinueve de abril y treinta y uno de mayo, todos de dos mil veintidós, relativos al expediente RS-001/2011 de su índice. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. 2 PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. 3 SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1423/2022-4, y se mandó a prevenir a fin de que la parte promovente dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído aclarara la demanda de amparo la promovía por propio derecho o en su carácter de Secretario General del C.E.S. (SITEM); y en caso de promover en términos del último supuesto, acreditara su personalidad, con documento original o certificado idóneo; debiendo además exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término legal concedido para tal efecto, se admitiría la demanda de amparo únicamente por propio derecho. Siendo notificada personalmente la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que el término de cinco días transcurrió del dos al ocho de septiembre del año actual. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DESECHAMIENTO PARCIAL RESPECTO A UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo al promovente el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad, en virtud de que no dio cumplimiento al requerimiento que se les hizo en el citado acuerdo; y en consecuencia, se admitió la demanda de que se trata, únicamente por propio derecho; asimismo, se desechó la demanda respecto a la autoridad denominada Secretaría de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se pidió informe con justificación a las restantes autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, previo diferimiento la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar los escritos presentados por Víctor Manuel Sosa Aguirre, quien se ostenta como Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) [aquí quejoso] de fechas siguientes: AÑO 2021 2022 Veinticuatro de mayo Cuatro de marzo Once de agosto Treinta y uno de marzo Seis de octubre Veintinueve de abril Diecinueve de noviembre Treinta y uno de mayo Diez de diciembre TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, consistente en la omisión de la junta responsable de acordar los escritos signados por el quejoso el veinticuatro de mayo y diecinueve de noviembre ambos de dos mil veintiuno, relacionados al expediente RS-001-2011, de su índice, lo cual se corrobora con las constancias que anexó a su referido informe consistente en copias certificada de diversas constancias relativas al citado expediente, dentro de los cuales destaca dos autos de cuatro de marzo de dos mil veintidós, los cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo VI - Parte SJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En efecto, de las copias certificadas de las referidas constancias obran los proveídos de cuatro de marzo de dos mil veintidós (fojas 33 a 36 y 41 a 44), dictados dentro del juicio laboral de origen RS-001-2011, de los cuáles se desprenden que la junta responsable acordó los escritos presentados por la parte quejosa el veinticuatro de mayo y diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, en los cuales se tuvo al actor del juicio -aquí quejoso-¬ solicitando se notificara a las organizaciones sindicales denominadas Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Tabasco (SITET) y haga conocimiento de las treinta y veintiocho renuncias signadas, respectivamente, por diversos trabajadores afiliados, lo que hace denotar que el acto reclamado, a la fecha de presentación de la presente demanda de garantías no existía; puesto que la demanda de amparo interpuesta fue el [veinticinco de agosto de dos mil veintidós], y la Junta responsable, acordó dichos escritos que se refiere el impetrante de amparo el cuatro de marzo deñ año actual. Lo anterior es así, ya que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión por parte del Tribunal responsable, de dar contestación a los escritos presentados el veinticuatro de mayo y diecinueve de noviembre ambos del año dos mil veintiuno; y de los anexos que remitió responsable con su informe justificado se advierte que éstos fue acordados en proveídos de cuatro de marzo de dos mil veintidós; esto es, antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; luego, es de colegirse, que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia de los referidos actos reclamados. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer respectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos de veinticuatro de mayo y diecinueve de noviembre ambos de dos mil veintiuno en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, negó los actos que se le reclaman, consistentes en la omisión de acordar los escritos signados por el quejoso el once de agosto, seis de octubre y diez de diciembre, todos del año dos mil veintiuno, así como los escritos de cuatro de marzo, treinta y uno de marzo, veintinueve de abril y treinta y uno de mayo, de dos mil veintidós; respectivamente, relacionados al expediente RS-001-2011, de su índice, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian la certeza de los actos que se le reclaman; lo cual se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo, entre las cuales obra copia certificada de diversos acuerdos dictados en el expediente antes referido; con lo cual se advierte su existencia. Constancias a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese tenor, este juzgador estima que en relación al acto reclamado precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del ordinal 61 del aludido ordenamiento jurídico y, con ello, el sobreseimiento del juicio en que se actúa, mismo que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De conformidad con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del mismo; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, el acto reclamado en el presente juicio es la omisión del tribunal responsable de acordar los escritos del quejoso de fechas once de agosto, seis de octubre y diez de diciembre, todos del año dos mil veintiuno, así como los escritos de cuatro de marzo, treinta y uno de marzo, veintinueve de abril y treinta y uno de mayo, de dos mil veintidós, relativos al expediente laboral número RS-018-2012, de su índice. Al respecto, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en apoyo a su informe justificado, anexó copia certificada de diversos acuerdos emitidos en autos del expediente laboral RS-001/2011, de su índice, consistentes en: Dos acuerdos emitidos el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 47 a 50), en los cuales la autoridad responsable proveyó los escritos del quejoso de once de agosto y seis de octubre ambos de dos mil veintiuno. Tres acuerdos emitidos el veintidós de septiembre de dos mil veintidós (fojas 37, 38, 45, 46, 51 y 52), en los cuales la autoridad responsable proveyó los escritos del quejoso de diez de diciembre de dos mil veintiuno, veintinueve de abril y treinta y uno de mayo ambos de dos mil veintidós. Dos acuerdos emitidos el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (fojas 39, 40, 53 y 54), en los cuales la autoridad responsable proveyó los escritos del quejoso de diez de cuatro y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad señalada responsable pues no se había acordado los escritos del quejoso de fechas once de agosto, seis de octubre y diez de diciembre, todos del año dos mil veintiuno, así como los escritos de cuatro de marzo, treinta y uno de marzo, veintinueve de abril y treinta y uno de mayo, de dos mil veintidós, relativos al expediente laboral número RS-018-2012, de su índice; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación el acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente RS-018-2012, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de nueve de septiembre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en el informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de mediante oficio 31971/2022 y 31972/2022 librado en proveído de nueve de septiembre del año en curso, se solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, señalada como responsables, para que rindieran su respectivo informe justificado acorde al numeral 117 de la Ley de la Materia. Asimismo, se tiene que término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo transcurre para las responsables del diecinueve de septiembre al siete de octubre del año actual, toda vez que fueron notificadas en trece de septiembre del año en curso, tal y como se aprecia mediante la minuta agregada a autos. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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