Víctor Manuel Segura López

Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
868/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Segura López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Segura López; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la constancia de cuenta suscrita por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Víctor Manuel Segura López, la sentencia de engrose veintinueve de julio de dos mil veintidós, y el auto de dos de agosto del presente año, dictado en el presente asunto, en virtud de que el domicilio señalado en autos se encuentra cerrado y deshabitado. En razón de lo asentado por el Fedatario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de la aludida sentencia y el aludido autos, así como las subsecuentes que deban hacerse de forma personal en este asunto a la parte quejosa, por la lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado. Apoya a la anterior determinación por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles" Notifíquese. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, fue engrosada el veintinueve de julio del presente año, lo que se corrobora con la publicación electrónica de su autorización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realizada en la fecha antes mencionada; sin que en la parte final de la referida sentencia obre la fecha del engrose correspondiente. Por lo tanto, hágasele saber a las partes, para los efectos legales conducentes, que la fecha de engrose de la sentencia, que se emitió en el presente juicio de amparo es veintinueve de julio de dos mil veintidós. Por lo anterior, se instruye al actuario adscrito proceda a realizar la notificación de la sentencia a las partes en los términos ordenados en la misma, atendiendo a lo antes precisado. Sin que sea necesario dar vista, toda vez que lo aquí aclarado no altera el fondo ni el sentido de la sentencia de amparo de referencia. Como sustento jurídico, se cita la tesis aislada con registro 174451, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 261, Tomo XXIV, de Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "INCONFORMIDAD. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA ACLARAR UNA SENTENCIA. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo se refiere sólo a las consideraciones del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito para estimar cumplida o incumplida la sentencia concesoria del amparo. En ese tenor, es evidente que cuando se impugnan imprecisiones que no alteran el sentido de una sentencia -como un error en la cita de una fecha o el uso incorrecto de una palabra- la inconformidad no es la vía idónea para lograr la aclaración pretendida, por ser ésta una cuestión ajena a su naturaleza y objeto". Notifíquese. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 868/2022-7, promovido por *********, contra actos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dos de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el tres del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el seis posterior, *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. 2 La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida 2 de 12 el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Delegado Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2 Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 3 Jefe del Departamento de Pensiones, seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Sala Regional tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En auto de siete de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 868/2022-7, se admitió a trámite la misma, se requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo 3 de 12 dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado.. 4 de 12 Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a) La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. b) La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01- 2, de su índice. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 5 de 12 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; y el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que respectivamente anexaron a sus referidos informes, consistentes en copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y cedula de notificación por comparecencia de ocho de junio del presente año, relativas al acto reclamado y original del expediente 486/20-26-01-2. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 6 de 12 Asimismo, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que con relación a los actos reclamados en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus 7 de 12 efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto es ilustrativa, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, número de registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso en estudio, la parte quejosa reclamó los actos precisados en los incisos a) y b) que anteceden. Sin embargo, las autoridades responsables Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y 8 de 12 Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; anexaron a su informe justificado anexaron copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual en cumplimiento a la sentencia dictada por la sala responsable el treinta de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio de nulidad 486/20-26-01-2, emitió resolución administrativa en la que determinó la devolución de las diferencias que resultan del ajuste del incremento de pensión por la cantidad de $16,093.56 (dieciséis mil noventa y tres pesos 56/100 moneda nacional), el cual refirió que le será cubierta a la actora vía nómina, misma que se verá reflejada en el mes de agosto de dos mil veintidós, lo cual podrá ser consultado en la dirección electrónica https://issstenet2.issste.gob.mx/; y cedula de notificación de la citada determinación realizada el ocho de junio del presente año, a la autorizada del quejosa. Asimismo, el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; anexó a su informe justificado el expediente original 486/20-26-01-2, en el cual obra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual tuvo al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, en representación de la autoridad demandada, remitiendo copia simple del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de la presente anualidad; con el cual ordenó dar vista por el término de tres días hábiles a la parte actora aquí quejosa con el cumplimiento parcial dado a la sentencia de queja en relación a la sentencia definitiva emitida por esa sala, para que manifieste lo que a su interés 9 de 12 legal convenga, lo cual fue notificado por lista el treinta de junio de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. 10 de 12 Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, fue engrosada el veintinueve de julio del presente año, lo que se corrobora con la publicación electrónica de su autorización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realizada en la fecha antes mencionada; sin que en la parte final de la referida sentencia obre la fecha del engrose correspondiente. Por lo tanto, hágasele saber a las partes, para los efectos legales conducentes, que la fecha de engrose de la sentencia, que se emitió en el presente juicio de amparo es veintinueve de julio de dos mil veintidós. Por lo anterior, se instruye al actuario adscrito proceda a realizar la notificación de la sentencia a las partes en los términos ordenados en la misma, atendiendo a lo antes precisado. Sin que sea necesario dar vista, toda vez que lo aquí aclarado no altera el fondo ni el sentido de la sentencia de amparo de referencia. Como sustento jurídico, se cita la tesis aislada con registro 174451, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 261, Tomo XXIV, de Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "INCONFORMIDAD. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA ACLARAR UNA SENTENCIA. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo se refiere sólo a las consideraciones del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito para estimar cumplida o incumplida la sentencia concesoria del amparo. En ese tenor, es evidente que cuando se impugnan imprecisiones que no alteran el sentido de una sentencia -como un error en la cita de una fecha o el uso incorrecto de una palabra- la inconformidad no es la vía idónea para lograr la aclaración pretendida, por ser ésta una cuestión ajena a su naturaleza y objeto". Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 868/2022-7, promovido por ********, contra actos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dos de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el tres del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el seis posterior, Víctor Manuel Segura López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. 2 La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Delegado Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2 Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 3 Jefe del Departamento de Pensiones, seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Sala Regional tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En auto de siete de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 868/2022-7, se admitió a trámite la misma, se requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; y el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que respectivamente anexaron a sus referidos informes, consistentes en copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y cedula de notificación por comparecencia de ocho de junio del presente año, relativas al acto reclamado y original del expediente 486/20-26-01-2. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que con relación a los actos reclamados en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; " (.) Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto es ilustrativa, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, número de registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa reclamó los actos precisados en los incisos a) y b) que anteceden. Sin embargo, las autoridades responsables Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; anexaron a su informe justificado anexaron copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual en cumplimiento a la sentencia dictada por la sala responsable el treinta de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio de nulidad 486/20-26-01-2, emitió resolución administrativa en la que determinó la devolución de las diferencias que resultan del ajuste del incremento de pensión por la cantidad de $16,093.56 (dieciséis mil noventa y tres pesos 56/100 moneda nacional), el cual refirió que le será cubierta a la actora vía nómina, misma que se verá reflejada en el mes de agosto de dos mil veintidós, lo cual podrá ser consultado en la dirección electrónica https://issstenet2.issste.gob.mx/; y cedula de notificación de la citada determinación realizada el ocho de junio del presente año, a la autorizada del quejosa. Asimismo, el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; anexó a su informe justificado el expediente original 486/20-26-01-2, en el cual obra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual tuvo al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, en representación de la autoridad demandada, remitiendo copia simple del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de la presente anualidad; con el cual ordenó dar vista por el término de tres días hábiles a la parte actora aquí quejosa con el cumplimiento parcial dado a la sentencia de queja en relación a la sentencia definitiva emitida por esa sala, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, lo cual fue notificado por lista el treinta de junio de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Segura López, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 868/2022-7, promovido por Víctor Manuel Segura López, contra actos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dos de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el tres del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el seis posterior, Víctor Manuel Segura López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. 2 La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Delegado Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2 Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 3 Jefe del Departamento de Pensiones, seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Sala Regional tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En auto de siete de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 868/2022-7, se admitió a trámite la misma, se requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de las autoridades responsables (demandadas en el juicio natural) de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. La omisión de la sala regional responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria emitida el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 486/20-26-01-2, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; y el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que respectivamente anexaron a sus referidos informes, consistentes en copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y cedula de notificación por comparecencia de ocho de junio del presente año, relativas al acto reclamado y original del expediente 486/20-26-01-2. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que con relación a los actos reclamados en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; " (.) Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto es ilustrativa, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, número de registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa reclamó los actos precisados en los incisos a) y b) que anteceden. Sin embargo, las autoridades responsables Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tabasco, en representación del Titular de dicho Instituto, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, y del Departamento de Pensiones e Higiene en el Trabajo del referido instituto; anexaron a su informe justificado anexaron copia certificada del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual en cumplimiento a la sentencia dictada por la sala responsable el treinta de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio de nulidad 486/20-26-01-2, emitió resolución administrativa en la que determinó la devolución de las diferencias que resultan del ajuste del incremento de pensión por la cantidad de $16,093.56 (dieciséis mil noventa y tres pesos 56/100 moneda nacional), el cual refirió que le será cubierta a la actora vía nómina, misma que se verá reflejada en el mes de agosto de dos mil veintidós, lo cual podrá ser consultado en la dirección electrónica https://issstenet2.issste.gob.mx/; y cedula de notificación de la citada determinación realizada el ocho de junio del presente año, a la autorizada del quejosa. Asimismo, el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; anexó a su informe justificado el expediente original 486/20-26-01-2, en el cual obra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual tuvo al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco, en representación de la autoridad demandada, remitiendo copia simple del oficio SP/0691/2022 de veintisiete de mayo de la presente anualidad; con el cual ordenó dar vista por el término de tres días hábiles a la parte actora aquí quejosa con el cumplimiento parcial dado a la sentencia de queja en relación a la sentencia definitiva emitida por esa sala, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, lo cual fue notificado por lista el treinta de junio de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano